Sobre la próxima Ley de Memoria

Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQS. Septiembre 2020

La nueva ley de la Memoria Democrática abre la puerta a la restitución de la legalidad republicana, que nunca debió destruirse

Es una gran noticia, que se acabe de presentar en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre del 2020 una ambiciosa Ley de memoria democrática, que entre otras importantes temas, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica. (1)

Esta esperada Ley, que se viene reclamando por las asociaciones de memoria histórica, desde el año 2003, tuvo su antecedente la aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007 y en los 13 años que han transcurrido, han sido numerosos los intentos por mejorarla y ampliarla, sobre todo en lo referente a la ilegitimidad de los Consejos de Guerra, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Tribunal de Orden Público.

Hubo que esperar a que se conformara un gobierno de coalición de Unidas Podemos con el Psoe, para que se pudiera incluir la anulación de las sentencias franquistas, y en Enero del 2020 ya tenían preparado el anteproyecto de Ley, pero con la crisis del coronavirus, se fue retrasando, hasta el 15 de septiembre.

Se declara ¡por fin¡ “ilegitimas y nulas, por vicios de forma y fondo las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa durante la dictadura, contra los que defendieron la legalidad institucional anterior…”

La declaración de nulidad darán lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal “sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, ni indemnización”.

Lo fundamental, es que con ello se condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior Dictadura, plasmado en el BOE(que fue creado por el franquismo en contraposición a la Gaceta de la Republica)

Los golpistas siempre se fundamentaron en que la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la gran institución cultural, pedagógica y científica (JAE) fue la causante de todos los males de la patria siendo la desencadenante de la guerra, como se dice en dos libros: Los intelectuales y la tragedia española, de 1937 escrito por el catedrático de pediatra Enrique Suñer, que sería luego Presidente del aberrante Tribunal de Responsabilidades Políticas, y Presidente del Consejo general de los colegios de médicos.
El segundo libro, Una poderosa fuerza secreta, la ILE , auspiciado por la Confederación Nacional Católica, fue publicado en 1940, con el mismo enfoque.
También la secta del Opus Dei, estuvo detrás de la implacable persecución a los de la ILE, y luego, nada más terminar la guerra, el nuevo organismo, Consejo Superior de investigaciones Científicas, CSIC, se apropió del patrimonio de la Junta Para Ampliación de Estudios, hasta hoy en día.
Pero en cambio destruyo un patrimonio arqueológico republicano, el refugio antiaéreo, que se encontraba debajo de la Residencia de Estudiantes, construido por la II República, para proteger a los milicianos que se curaban de una epidemia de malaria, en el Hospital de Carabineros pues en el lugar caían muchas bombas nazifascistas.
Y eso que dicho lugar tenía la máxima protección como Bien de Interés Cultural (BIC), borraron toda huella de dicho Hospital, de su director el doctor Calandre y de la exitosa lucha contra la epidemia de malaria.
Cuando estudie el expediente sancionador que el Colegio de médicos de Madrid hizo a mi abuelo, el eminente cardiólogo Luis Calandre Ibáñez, me llamo la atención que en su declaración jurada, con fecha de diciembre de 1939, en el apartado f) Filiación Política y sindical, pusiera dentro del punto 3: “Agrupaciones especiales y cotización a Amigos de Rusia, Socorro Rojo, Institución Libre de Enseñanza y entidades análogas” a lo que Calandre contesta que “contribuía a la obra de las colonias escolares de la ILE” (2). La verdad es que, además fue uno de los médicos de esas colonias en Santander.

Leyendo la lista que sale al final del libro, en el Apéndice, pagina 221, del gran pedagogo de la ILE , Lorenzo Luzuriaga “La ILE y la educación en España”, publicado en Buenos Aires, en 1957, donde pone a los profesores y colaboradores, saco algunas conclusiones:
Los fundadores, tuvieron la suerte de morir antes de la guerra civil española, como su fundador Don Francisco Giner de los Rios (1915), Don Manuel B Cossio (1934) , Don Ramón y Cajal (1934), Presidente de la Junta para Ampliación de Estudios.
Muchos de los que si estuvieron, se exiliaron, al principio de la GCE, como José Castillejo , el secretario de la Junta para ampliación de Estudios, JAE, Alberto Jimenez Fraud, Director de la Residencia de Estudiantes, Juan Ramón Jiménez, el poeta, Francisco Barnes (ministro de Instrucción Pública ), José Ortega y Gasset , Ramón Menéndez Pidal, Presidente de la Real Academia Española.
Otros muchos se quedaron a defender la legalidad republicana, que ellos mismos ayudaron a traer, como Fernando de los Ríos (Ministro de exteriores ), Pablo de Azcarate (embajador en Londres), Julian Besteiro, que fue Presidente de Las Cortes de 1931 y acabo muriendo en la cárcel franquista, Ricardo de Orueta, historiador del arte, Antonio y Juan Madinaveitia, Enrique Moles, todo ellos grandes científicos, el gran poeta Antonio Machado, (vocal de la JAE en Barcelona 1938) Ángel Llorca, el gran pedagogo, (que falleció en casa del Dr. Calandre ) , Bernardo Giner de los Ríos, Ministro de Comunicaciones, Ignacio Bolívar, Presidente de la JAE, Rubén Landa, Secretario de la JAE en Valencia en 1938, el doctor Luis Calandre Ibáñez, eminente cardiólogo, subdelegado en Madrid de la JAE (1938-39) y director del Hospital de Carabineros situado en la Residencia de Estudiantes, durante la GCE.
La represión franquista, a través de esos tribunales ilegítimos y sus sentencias, acabaron con ellos, la mayoría se exiliaron, tras la guerra civil, algunos sufrieron exilio interior., y unos pocos se hicieron franquistas, como Ramón Menéndez Pidal, que había sido muy republicano y asesor de Azaña, y José Ortega y Gasset.
La mayoría tuvieron que padecer las cuantiosas multas del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que en el caso de Calandre, fue “solo” de 10.000 pts., que casi le arruino.

Ahora, con esta nueva ley, que anula toda esa justicia franquista represiva, podrán las víctimas y sus familiares acudir a una Fiscalía de Sala, que se crea para “investigación de los hechos producidos con ocasión de la GCE y la Dictadura… antes de la entrada en vigor de la Constitucion …” Yo intentare recuperar algo de lo que le robaron a mi abuelo, por ejemplo la perdida económica de los 5 años que el Colegio le quito el carnet de médico, para que no pudiera ejercer la medicina, o esas 10.000 pts., y la restitución en su puesto, conseguido por oposición, como jefe del servicio de cardiología del Hospital de la Cruz Roja, claro que soy consciente de que ya queda muy claro en la Ley que se “incluirá en una auditoria del expolio las sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”, pero que el Estado no tendrá responsabilidad patrimonial, ni de indemnización.
Veremos que dice la norma que se puede hacer, tras la auditoria del expolio, para implementar las posibles vías de reconocimiento de los afectados. Quedan varios meses de trámite, pues tras pasar por el Consejo de Ministros, el 15 de Septiembre, se tiene que debatir en el Congreso de los Diputados, y según fuentes oficiales, estará aprobada a finales del año 2020.

La nueva Ley también provee un censo de victimas que sufrieron esa represión. como ya hiciera la Generalitat de Catalunya, en base a la ley 11/2017 sobre reparación jurídica de víctimas del franquismo, donde aparece publicado un listado de las víctimas de los consejos de guerra, que se va actualizando, con su condena , incluso cuando se ejecutó la pena de muerte, que fueron bastantes (3). Yo incluiré a mi abuelo y también a mi padre Luis Calandre Diaz de la Cebosa, que estuvo dos años entre el durísimo campo de concentración de San Marcos en León, el Seminario de Ávila y finalmente en la prisión de Torrijos en Madrid, en la enfermería.

Sera la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, relación con las Cortes y Memoria democrática, Carmen Calvo, la que presentara el anteproyecto de Ley, y que ya entrego en enero del 2019, los diplomas a los grandes científicos de la Junta para Ampliación de Estudios, entre ellos Ignacio Bolivar, Enrique Moles y Blas Cabrera ) con motivo de la restitución de las medallas de la Real Academia de Ciencias Exactas , Físicas y Naturales, que les fueron injustamente arrebatadas por los franquistas en 1941 (4).

Emotivo acto al que tuve el honor de asistir (ya que mi prima y nieta del Sr Moles, Beatriz Moles Calandre no pudo ir) y precursor de la restitución de la legalidad republicana, que ahora esta Ley de memoria democrática va a concretar jurídicamente.

Ya era hora, después de 80 años, de condenar y anular la justicia represiva franquista, cómplice del Holocausto., como las normas de depuración del Colegio de médicos contra los médicos judíos y republicanos y la norma de paso de fronteras , contra los judíos y republicanos, entre otros. La primera se aplicó a mi abuelo paterno por republicano y la segunda a mi abuela materna por judía.

Notas
1-https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2020/refc20200915.pdf
2- Ver documnto citado, clic aquí
3-http://anc.gencat.cat/web/.content/anc/noticies/Documents/20171101_actualitzacio_PC_llei_victimes.pdf
4-https://www.mpr.gob.es/prencom/notas/Paginas/2019/300119-memoria.aspx
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