Sobrepoblación penitenciaria
Guillermo Córdoba Santos*. LQSomos. Junio 2016
España es uno de los países de la Europa occidental (UE-15) donde se cometen menos delitos, pero sin embargo es el tercer país con mayor proporción de población penitenciaria, según la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).
Desde 2008 se está produciendo un descenso progresivo en el número de delitos en España. En 2015 la tasa se situó en el 44,7 % por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea está en un 61,3 %. Pero si examinamos la tasa de población penitenciaria, vemos que nuestro país cuenta con la tercera tasa más alta de Europa, con 133 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es un 32 % más baja.
Si analizamos los tiempos de condena en España, la duración de las penas de prisión es más del doble que la media europea. Mientras que en España el promedio es de 18 meses, en países como Alemania o Francia está por debajo de los nueve, y la media europea se sitúa en los siete meses. Respecto al porcentaje de mujeres en la población penitenciaria española nos encontramos con los mismos resultados. En España la tasa es de un 7,66 %, mientras que la media europea está en el 5 %. Es más, nuestro país es el país europeo con mayor proporción de mujeres en su población penitenciaria.
Si realizamos una proyección de las personas encarceladas según la tasa penitenciaria y de criminalidad europea, vemos que en España nos correspondería tener un 50 % menos de la población penitenciaria actual, sin que esto supusiera un aumento de la delincuencia. La mejor manera de mejorar nuestro sistema penitenciario es reducir el número de personas encarceladas hasta niveles acordes con nuestra tasa de delincuencia.
“En España se encarcela a demasiada gente, durante demasiado tiempo, por delitos no demasiado graves. El uso de alternativas a la prisión, de carácter terapéutico, restaurativo y comunitario, puede contribuir al restablecimiento de la paz social con menos costes humanos y económicos. Es necesario ampliar el abanico de penas alternativas disponibles y establecer mecanismos legislativos que potencien su concesión, con normas específicas que señalen la preferencia de las medidas no privativas de libertad frente a la prisión”, concluye el informe de ROSEP.
* Periodista. Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
