Somos lo que hacemos – Entrevista a Beltrán Gambier
Arturo Seeber*. LQSomos. Marzo 2015
Beltrán Gambier nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, donde se graduó en Derecho. Se incorporó al bufete “Cassagne & Asociados”, espcializándose en derecho administrativo. Actualmente reside en Madrid, donde sigue ejerciendo su especialidad. Es un tenaz defensor de los valores cívicos y culturales, y creador de las micro biografías, recogidas en su revista Intramuros (1).
¿Cómo ha sido tu particular relación con el expresidente Menem?
No tuve con él ninguna relación personal, pero sí podría decirse que “particular” en términos cívicos. Fue el presidente de los argentinos y mi relación con él tuvo que ver con mi condición de ciudadano. Me limité a defender el principio de legalidad ejerciendo mi “legitimación” en carácter de “afectado” por el uso irregular de fondos públicos para la campaña publicitaria conocida como “Menem lo hizo”. Con ella, que era una propaganda personal, se estaban usando fondos que debían destinarse a campañas de “interés público”. La justicia contencioso-administrativa federal de Buenos Aires me dio la razón y el caso es hoy de manual. El profesor Agustín Gordillo le llama en su libro caso “Gambier II”. Yo mismo acudí a la Casa Rosada a presentar el oficio judicial con la orden judicial y la publicidad fue retirada de inmediato. La prensa se hizo eco en las portadas de los principales diarios. Algún jurista llegó a decir que era un caso de “censura judicial”. Increíble postura. La publicidad bien pudo pagarla el señor Menem o el Partido Justicialista. De censura, nada.
Más tarde trabajé con otros ciudadanos en contra de un tercer gobierno de Menem. Mi aporte fue sólo jurídico. Tuvimos éxito. Hubo una gran difusión mediática de la explicación de que era inconstitucional esa pretensión.
¿Por qué esa reacción vinculada con el cese de la publicidad de Menem?
Porque con esa decisión judicial quedaron afectados muchos canales de televisión que tenían multas millonarias (en su conjunto alrededor de 100 millones de pesos/dólares) del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) que pretendían compensar, en el marco de un régimen especial, dando espacios televisivos para publicidad de interés público. Con la adhesión al régimen, Menem les condonaba el 85% de lo adeudado.
¿Cuál fue el caso “Gambier I?
En ese caso que, naturalmente, fue anterior, defendí el cumplimiento de una ley cultural, la 14.800. Esta ley obliga a construir un teatro en el sitio en que hubiera habido otro que resultare demolido. Es el caso del Teatro Odeón. Se demolió en tiempos de Carlos Grosso y todavía hoy sigue sin haber allí un teatro. Pero parece que lo habrá. Susana Rinaldi hizo todo lo posible por evitar la demolición y yo, más tarde, desarrollé una larga y exitosa estrategia jurídica. El éxito, claro, en cuanto a que impedí que allí se construyera un edificio sólo comercial.
¿Por qué si hubo una sentencia favorable hace tantos años recién ahora se construiría allí un teatro?
Porque la ley 14.800 no establece plazos para cumplir esa obligación. Hay que reglamentarla. Lo pedí formalmente a todos los secretarios de Cultura que se fueron sucediendo, pero nunca se reglamentó. La organización Poder Ciudadano pidió, a través de una acción de amparo, la reglamentación. La justicia hizo lugar al planteo en primera instancia, pero la Cámara del fuero revocó el fallo tomando una decisión muy reprochable al no reconocerle “legitimación” a Poder Ciudadano. Un fallo lamentable.
¿Quiere decir eso que unos jueces le reconocieron a Ud. legitimación activa como ciudadano y otros no se la reconocieron a una organización cívica?
Sí, lamentablemente así es.
Ganada la demanda por el derribo del Teatro Odeón de Buenos Aires, iniciaste en Madrid la defensa del cerrado Teatro Albéniz.
Sí. Un día me enteré del riesgo de cierre y me uní a Eva Aladro, Berta Delgado, David Aladro y muchos más para resistir desde la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz. Se nos sumaron los actores y demás hombres y mujeres del teatro, grandes personalidades culturales y miles de ciudadanos. Pese a haber ganado un juicio espectacular en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligó a iniciar el trámite de Bien de Interés Cultural, el teatro está hoy desprotegido.
¿Cómo puede estar desprotegido si hubo una sentencia favorable?
La sentencia obligó a tramitar el expediente BIC, pero la Comunidad de Madrid, soslayando los informes favorables de dos academias (Historia y Bellas Artes de San Fernando) y del Consejo Regional de Patrimonio, decidió su desprotección. Es mérito de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Hemos recurrido esa decisión. Pese a todo, somos optimistas. Hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional vinculada con la ley de patrimonio cultural que se considera que favorece a la admisión del recurso que hemos presentado (2).
En Buenos Aires creaste la revista Intramuros, dedicada a la “autobiografía mínima” ¿Qué es eso?
Una vida se puede contar en 1000 palabras. Esa es la esencia de la idea. Y como prueba de ello, contamos con más de 100 “autobiografías mínimas”. Ernesto Schoo, Clorindo Testa, Sergio Renán, Tato Pavlovsky, Manuel Antín, Enrique Pinti, y muchos otros la escribieron.
¿En qué otras actividades culturales te encuentras?
En la actualidad estoy implicado en la creación de un club de escritura autobiográfica que tendrá sede en Aranjuez. Lo hacemos desde la revista Intramuros con la empresa Barceló y con el taller literario de Gervasio y Carmen Posadas que se llama yoquieroescribir.com
Con la revista acabamos de sacar, en 2014, dos números especiales: uno dedicado a Guatemala y otro a Hungría. Para este segundo ya tenemos fecha de presentación, será el lunes 16 de marzo en la sede de la Unión Europea en Madrid (Paseo de la Castellana, 46, Madrid).
Y en el plano cívico, ¿en qué más andas en la actualidad?
Trabajando intensamente en el Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España. Desde su fundación, hasta nuestros días, no hemos parado de crecer. Entre las labores que allí desarrollo me interesa en especial la relación institucional que tenemos con la abogacía española. Hemos celebrado convenios con el Colegio de Abogados de Madrid y con el Consejo General de la Abogacía Española para que los ciudadanos puedan contar con abogados pro bono para ejercer su derecho a la información. Incluso ahora, con la nueva Ley de Transparencia.
Notas:
1.- Revista Intramuros
2.- Pasado y futuro del Teatro Albéniz de Madrid
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* Arturo Seeber es miembro de la Asamblea de redacción de LQSomos.
