Sudán: la Junta Militar carece de legitimidad
Por Pavan Kulkarni*. LQSomos.
Haciendo caso omiso del sentimiento popular, enviados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega y la Unión Europea (UE) llegaron a Jartum el 7 de febrero para reunirse con los militares golpistas y los representantes de los partidos del FFC que firmaron el Acuerdo Marco
La izquierda sudanesa advierte de que las elecciones en virtud del acuerdo entre la junta militar y la derecha legitimaría el golpe de Estado
El Acuerdo Marco firmado en diciembre para alcanzar un acuerdo de reparto del poder entre la Junta Militar de Sudán y una coalición de partidos de derechas carece de legitimidad constitucional, advirtió Saleh Mahmoud, secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Sudanés (PCS).
Los partidos políticos de la coalición Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC) por sus siglas en inglés) no tienen el mandato popular para negociar con los golpistas, dijo al presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki, en una reunión celebrada en la capital, Jartum, el 13 de febrero.
Esta reunión entre delegados del PCS y del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) se convocó por invitación de Faki, en un contexto de creciente intervención internacional para concluir un acuerdo de reparto de poder entre el ejército y el FFC.
Sin embargo, en las manifestaciones masivas contra la junta, que no han cesado desde que el ejército se hizo con el poder mediante golpe de Estado el 25 de octubre de 2021, sigue resonando en las calles de Sudán el lema “No a las negociaciones, no al compromiso, no a la asociación” con los militares.
Enviados occidentales se reúnen con golpistas
Haciendo caso omiso de este sentimiento popular, enviados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega y la Unión Europea (UE) llegaron a Jartum el 7 de febrero para reunirse con los militares golpistas y los representantes de los partidos del FFC que firmaron el Acuerdo Marco. La Representante Especial de la Unión Europea para el Cuerno de África, Annette Weber, declaró: “Hemos venido a Sudán con un mensaje de esperanza y apoyo al acuerdo marco”.
Las protestas que coincidieron con la visita fueron convocadas por los Comités de Resistencia (CR). Una red de más de 5.000 de estos comités repartidos por barrios de todo el país ha liderado las protestas prodemocráticas contra la junta militar desde el golpe.
El Comité Central de Médicos Sudaneses (CCSD) informó de varios heridos, inclusive por armas de fuego, en la represión de estas protestas el 7 de febrero. El 9 de febrero, cuando los manifestantes marchaban hacia el Palacio Presidencial -sede del líder golpista y jefe del ejército, Abdel Fattah al Burhan, donde se reunieron con él los enviados internacionales-, las fuerzas de seguridad mataron a un muchacho de 15 años con una lata de gas lacrimógeno disparada directamente a la cabeza. Hasta 124 personas han muerto en la represión a partir del golpe.
Osama Saeed, miembro del PCS que protestaba en Omdurman, ciudad gemela de Jartum, donde fue asesinado el muchacho, declaró a Peoples Dispatch: “A Estados Unidos y sus aliados les importa un bledo las atrocidades cometidas por la junta. Su única preocupación es que los militares no son capaces de administrar el país debido a la resistencia de las masas”.
Insistió en que, por tanto, los gobiernos occidentales “quieren incorporar a algunos tecnócratas civiles para dirigir la administración mientras los militares mantienen su poder político. Sólo quieren crear un entorno económico adecuado en Sudán para que inviertan sus empresas y agroindustrias. Los derechos humanos y la democracia no les preocupan”.
No obstante, el Secretario de Estado estadounidense en funciones, Peter Lord, describió el Acuerdo Marco como “la base ideal para establecer acuerdos constitucionales que conduzcan a un periodo de transición que finalice con la celebración de elecciones”.
La declaración conjunta de los enviados del 9 de febrero también afirmaba: “El proceso del Acuerdo Político Marco sigue siendo, en nuestra opinión, la mejor base sobre la que formar un gobierno de transición dirigido por civiles y establecer disposiciones constitucionales para un periodo transitorio que culmine con la celebración de elecciones”.
Cualquier elección que se celebre sobre la base del Acuerdo Marco bajo un acuerdo en el que los militares conserven el poder político no puede ser libre y justa, argumenta Mahmoud. “La junta manipulará inevitablemente el proceso para asegurar su poder. Sus marionetas ganarán unas elecciones amañadas”, declaró a Peoples Dispatch. “Es obvio” que el propósito de unas elecciones de este tipo es “sólo legitimar el régimen militar” con una fachada de democracia, añadió.
“No tenemos las leyes básicas necesarias para salvaguardar el derecho a hacer campaña. Nuestras leyes impiden activamente el ejercicio de las libertades establecidas en declaraciones internacionales como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”, afirmó. Los derechos básicos, argumenta, deben garantizarse antes de las elecciones para que éstas sean libres y justas.
“Millones de ciudadanos desplazados no podrán votar”
Y lo que es más importante, “hay millones de ciudadanos que tienen derecho al proceso electoral, pero no pueden participar en él porque todavía no tenemos paz. Sólo en Darfur tenemos casi seis millones de desplazados”, añadió Mahmoud, que también es presidente del Colegio de Abogados de Darfur.
“La mayoría de ellos están confinados en campos de desplazados internos en Sudán o en campos de refugiados fuera del país. Otras comunidades, incluso de otros países de África occidental, han sido reasentadas por el régimen en las tierras de las que se vieron obligadas a huir durante la guerra civil.”
La guerra ha terminado sólo sobre el papel con el acuerdo de paz de Juba firmado en agosto de 2020. Pero la violencia armada ha continuado e incluso ha aumentado, según muchos observadores. La tristemente célebre milicia estatal denominada Fuerzas de Apoyo Rápido (FPR por sus siglas en inglés), dirigida por el vicepresidente de la junta militar, Mohamed Hamdan Dagalo, participa con frecuencia en ataques armados que han provocado el desplazamiento de millones de personas más en Darfur desde el acuerdo de paz.
Los desplazados internos siguen siendo las víctimas más frecuentes de estos ataques. Adam Rojal, portavoz de la Coordinación General de Desplazados y Refugiados, sostiene que el objetivo de atacar a los desplazados internos es eliminar a los testigos supervivientes del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, por los que el ex dictador Omar al Bashir está siendo juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI).
Bashir fue entregado a la CPI tras ser derrocado en abril de 2019 por la Revolución de diciembre. Sin embargo, los generales de su comité de seguridad se hicieron inmediatamente con el poder tras su derrocamiento. Tras la matanza de manifestantes frente al cuartel general del ejército el 3 de junio de ese año, el FFC entabló una negociación y firmó un acuerdo de reparto del poder sobre cuya base se formó un “gobierno de transición conjunto civil-militar”.
Bajo este gobierno, el ejército siguió controlando la mayor parte de la economía y la política exterior. El escaso poder que se cedió a los dirigentes civiles elegidos por el FFC también fue retomado por el ejército en el golpe del 25 de octubre de 2021. Los líderes de la mayoría de los grupos rebeldes armados, que recibieron una parte del poder estatal tras la firma del acuerdo de Juba, pasaron a apoyar el golpe. Desde entonces, la violencia en Darfur, Nilo Azul y las montañas Nuba ha aumentado considerablemente.
El acuerdo de paz de Juba debe ser abolido
El Acuerdo Marco reitera el compromiso con el acuerdo de Juba. Mahmoud, sin embargo, insiste en que el “acuerdo de Juba es sólo un acuerdo de reparto de poder entre los líderes de los grupos armados, los generales militares y sus aliados de la RSF. No refleja las necesidades de la población de estas regiones”.
El acuerdo no puede corregirse con enmiendas al mismo, añadió, insistiendo en que “debe ser abolido en su totalidad”. Un auténtico proceso de paz, en el que las principales víctimas de la guerra -los desplazados internos- tengan voz y voto, “sólo puede comenzar después de que esta junta militar sea derrocada”, sostiene Mahmoud.
“De los 67 años transcurridos desde la independencia de Sudán, los militares han gobernado el país por más de 57 años. Ésta es la raíz de toda la corrupción, el hambre, las guerras, la violación de los derechos humanos básicos, el desplazamiento de millones de personas en Darfur, el conflicto en el Nilo Azul y las montañas Nuba, la secesión del sur, la masacre del 3 de junio y la creciente violencia en la capital, Jartum”.
Ninguno de estos problemas podrá superarse hasta que la junta militar sea derrocada y sus generales sean juzgados por todos sus crímenes por un organismo internacional como la CPI, argumentó, reiterando el llamamiento del SCP a respaldar las protestas callejeras con una huelga general política y una desobediencia civil total.
* Sudanese left warns that election under military junta-right wing deal will legitimize coup
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