Tribunal Constitucional: contra el derecho a la autodeterminación
Tomas F. Ruiz. LQSomos. Agosto 2017
El Tribunal Constitucional contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España
Creado con el loable objetivo de defender los derechos básicos frente a los abusos de poder del Estado, el Tribunal Constitucional ha sido en realidad el tentáculo represivo más utilizado para aplastar los derechos del ciudadano. Sus últimas resoluciones contra la potestad del pueblo catalán a decidir libremente su futuro han demostrado que este alto tribunal no fue creado para defender derechos sino, todo lo contrario, para negarlos.
La corta, aunque copiosa historia del Tribunal Constitucional, nos demuestra cuál ha sido en realidad el principal objetivo de esta alta corte española, creada como parte de la esperpéntica farsa de “transición democrática” y con el propósito de estafar todas las expectativas de cambios que brotaron entre la población española cuando murió Franco. Con el tiempo, ha quedado claro que el Tribunal Constitucional sólo otorga sus favores a aquellos clientes que acuden a él con sus bolsillos bien repletos de dinero.
Los Albertos
El caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, dos estafadores de alto standing que se enriquecieron ilegalmente con la construcción de las Torres Kio (también conocidas como la Puerta de Europa), es uno de los casos que mayor escándalo levantó en torno a la actuación del Tribunal Constitucional.
Ambos Albertos fueron condenados en 2003 por el Tribunal Supremo a una indemnización millonaria por haber estafado a sus socios de la constructora Urbanor. Dispuestos a conseguir a cualquier precio su absolución y contando con la enorme fortuna que habían amasado, los Albertos estuvieron recurriendo todas las sentencias condenatorias que los tribunales les imponían, de forma que nunca entraron en la cárcel. Cuando llegaron al Tribunal Constitucional, su última baza a jugar en el sistema judicial español, consiguieron por fin su propósito: los magistrados de la alta corte no se molestaron siquiera en cuestionar la existencia de los hechos constitutivos de delito y los dieron por probados. Estos altos dignatarios del Tribunal Constitucional se limitaron a declarar prescrita la sentencia que condenaba a los Albertos. Así de fácil y así de sencillo. Gracias a la mano redentora del Tribunal Constitucional, estos dos estafadores quedaron limpios de culpa. Incluso se obligó a devolver las indemnizaciones a quienes ya las habían recibido.
No contento con esa burla, el Tribunal Constitucional consideró que las sentencias de los Albertos eran “lesivas del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva” y por ser “insuficientemente respetuosas del derecho a la libertad personal” fueron anuladas. Esta asombrosa forma de indultar a dos delincuentes convictos caló hondo entre toda la población española. Sin embargo, no abrió ninguna grieta entre el deleznable entramado judicial que ya los había condenado: todos los jueces y magistrados de instancias inferiores aceptaron la sentencia absolutoria mansa y calladamente. De esta forma, quedó también en evidencia que la sentencia absolutoria estaba pactada desde el principio, entre el primero y el último de los todos los tribunales que los juzgaron. Todos ellos se repartieron funciones y responsabilidades para que los condenados en instancias inferiores fueran finalmente absueltos ante el Tribunal Constitucional.
No cabe duda de que la nada despreciable suma de dinero que los Albertos pagaron por su absolución, también se repartió, más o menos equitativamente, entre todos los que colaboraron en el trapicheo. Todo el retorcido y engañoso sistema judicial español ha sido diseñado para que estafadores como los Albertos se salgan siempre con la suya. La ciega justicia española otorga sus codiciadas prebendas de puta redomada, de ramera mayor del reino, a quien más dinero le ofrece.
La ley Mordaza
Otro ilustrativo ejemplo es el de la ley de seguridad ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”. Se la llama así porque convierte en delitos libertades democráticas irrefutables, como la libertad de expresión y la de información, y porque criminaliza la libertad de manifestación.
Esta ley fue dictada por el gobierno de Rajoy para promover el abuso de poder, violar la intimidad del ciudadano y devolver a la policía española buena parte de los privilegios que tenía bajo el franquismo. La ley viola manifiestamente muchos derechos constitucionales básicos del ciudadano. Sin embargo, por muchas que hayan sido las denuncias por inconstitucionalidad presentadas, el Tribunal Constitucional nunca ha fallado en contra de ella ni la ha declarado transgresora de los derechos de la Carta Magna.
La Ley Mordaza otorga atribuciones a la policía nacional para que pueda extralimitarse en sus funciones hasta límites insospechados. Así, sin un juicio y sin tener que aportar prueba alguna, los agentes pueden sancionar con multas de hasta 6.000 euros a ciudadanos que ellos consideren que les están “faltando al respeto”. Ha habido multas tan aberrantes como las impuestas a docentes por hablar en catalán en su propia tierra.
Por otra parte, el derecho de cualquier ciudadano a tomar testimonio de todo cuanto ocurre en la calle, como un espacio público que es, ha sido también prohibido en virtud de la ley de seguridad ciudadana. De esta forma, el Estado trata como delincuentes a todos aquellos que fotografíen o graben cualquiera de las brutales actuaciones de su “Gestapo” en las calles… ¿Ha hecho algo el Tribunal Constitucional para impedir que, en virtud de esta represora ley, el Estado esté violando sistemáticamente los derechos constitucionales del ciudadano?
Cuando se echa un vistazo a las cuentas todo queda claro: cerca de 300.000 denuncias por infracciones a la Ley Mordaza desde que ésta entró en funcionamiento, con más de 131 millones recaudados ilícitamente (casi a punta de pistola podríamos decir, ya que los agentes que las imponen llevan armas). Una nada despreciable cantidad de dinero de la que, presuntamente, el Tribunal Constitucional, compuesto por sus ilustrísimos magistrados, ha estado bien pagado por guardar ese cómplice silencio.
El caso catalán
El caso del referéndum por la independencia que ha convocado Catalunya es claramente ilustrativo de hacia dónde orienta su labor el Tribunal Constitucional. La alta corte ha invalidado todos los pasos dados por la Generalitat en su derecho a realizar un referéndum. El tribunal actúa de esta forma en contra del derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos que viven en el Estado español a decidir libremente la forma de gobierno bajo la que desean vivir. La sentencia se opone frontalmente al órgano de mayor representatividad democrática que existe en Catalunya, el Parlament, y le prohíbe expresamente que haga ninguna consulta entre la población.
Para rematar su función represora y dejar bien claro cuál es su auténtico cometido en el sistema judicial español, el Tribunal Constitucional ha encargado al fiscal general del Estado que dé buena cuenta del derecho catalán a decidir su futuro, que defina la responsabilidad penal en que han incurrido los representantes del proyecto independentista y que los califique abiertamente como delincuentes… En otras palabras, que los ponga mirando p´a Cuenca, para que se les pasen las ínfulas independentistas de convertirse en un pueblo libre. Desde el Tribunal Constitucional piden cabezas catalanas para ensartarlas en una pica y mostrarlas como ejemplar escarmiento.
En el caso catalán el Tribunal Constitucional ha centrado su atención en aniquilar, con todas las armas que le proporciona el Estado, cualquier asomo de libertad que pueda brotar en su suelo. El reciente documental sobre la corrupción y el juego sucio en que se mueve la clase política en España “Las cloacas de Interior”, muestra hasta qué punto han llegado los complots tramados contra el proyecto de referéndum. El documental recoge todo tipo de testimonios sobre actuaciones delictivas y anticonstitucionales de cargos políticos y policiales que van desde comisarios de barrio a directores generales… ¿Ha hecho algo el Tribunal Constitucional para condenar este despreciable comportamiento de funcionarios e instituciones del Estado?
Recursos de amparo en la taza del váter
La Constitución española recoge en sus artículos preliminares que todo ciudadano español tiene derecho a un hogar digno, a una sanidad pública de calidad y a una educación de acuerdo con su rendimiento intelectual. De los miles de recursos de amparo que el Tribunal Constitucional recibe cada año, recursos de familias que han perdido su hogar víctimas del terrorismo bancario, de enfermos que están sufriendo las letales consecuencias de los cortes en sanidad, de estudiantes que no pueden acceder a una educación superior por las elevadas tasas académicas que les cobran, ninguno de estos recursos es tramitado por la corte constitucional, ninguno merece la más mínima atención para los magistrados que operan en este búnker. Todos los recursos que les llegan solicitando su intervención en casos de abusos de poder o de manifiestas violaciones de los derechos de la Carta Magna, son automáticamente desestimados por los Ilustrísimos y Corruptísimos magistrados de la alta corte constitucional. Todos estos recursos de amparo van a parar a la taza del hediondo váter donde ahora se ahoga toda esperanza de reclamar justicia en España.
Referéndum = Voto para decidir
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