Un mes en huelga de hambre del preso político saharaui Hussein Bachir
Por Alfonso Lafarga*.
El estudiante universitario que España entregó a Marruecos
Hussein Bachir Amadour es un estudiante universitario saharaui que lleva un mes en huelga de hambre en la cárcel marroquí de Ait Melloul 1, donde cumple una condena de 12 años de reclusión que le fue impuesta después de ser entregado por el Ministerio del Interior a Marruecos, a pesar de que pidió asilo en España.
Hussein inició la huelga el 20 de febrero pasado junto con otros dos reclusos, que ya la finalizaron, como muestra de rechazo a la política de discriminación racial de la administración penitenciaria marroquí y la privación de sus derechos más básicos: hacinamiento, incomunicación, lejanía de sus familias, sufrir negligencias médicas y no disponer de las mínimas condiciones para realizar sus estudios.
La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, ONG de las Zonas Ocupadas del Sáhara Occidental, afirma que Hussein Bachir se encuentra en una situación crítica por falta de asistencia médica, sin que las autoridades penitenciarias respondan a su demanda de ser trasladado a una cárcel cercana a la residencia de su familia, recibir visitas y gozar de los derechos garantizados por las convenciones y principios del Derecho Internacional Humanitario.
El 16 de marzo, en su 25 día de huelga de hambre, permitieron a Bachir hacer una llamada de dos minutos a su familia, a la que dijo que continúa sin ingerir alimentos y con la salud deteriorada. La familia ha denunciado la situación de Hussein a organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Además de Bachir, se pusieron en huelga los reclusos Mohamed Dadda, que la suspendió el 1 de marzo al ser trasladado a la de Tan Tan, cercana al Sáhara Occidental, y Abdelmoula El Hafidi, que finalizó el 7 de marzo al recibir la promesa de un cambio de prisión.
Estos tres reclusos forman parte del grupo conocido en las universidades de Agadir y Marrakech como “Compañeros de El Luali”, militantes por la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Los integrantes del grupo fueron acusados de un asesinato; once fueron condenados en enero de 2016 a 3 años cada uno, y otros cuatro a 10, que siguen en la cárcel: Elbar El Kantaoui, El Hafidi Abdelmoula, Aziz El Ouahidi y Mohamed Dada.
Después le tocó a Hussein Bachir Amadour. El 11 de enero de 2019 llegó en patera a la isla de Lanzarote, huyendo de la policía marroquí por su activismo en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, y tres días después compareció en el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife.
En el acta judicial se dice que “pide asilo porque es estudiante universitario y activista de derechos humanos, que defiende la autodeterminación del Sáhara y su grupo llamado compañeros de El Luali ha sido perseguido por las autoridades y dos de los integrantes de su grupo han sido asesinados”. A esto, se añade: “Si regresa tiene miedo que vaya a ser detenido o asesinado como otros integrantes de su grupo”.
El juez de Arrecife ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría (Tenerife) y a los tres días, el 17 de enero, fue entregado a Marruecos por funcionarios del Ministerio del Interior y el 21 ingresó en la cárcel de Luidadya, en Marrakech. Fuentes próximas al caso aseguraron entonces a Contramutis que en lugar de ser llevado al CIE fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria y desde allí a Marruecos.
Un año después, en noviembre de 2019, Hussein Bachir fue condenado a doce años de cárcel, acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis «El Luali» y participar en el asesinato de un joven marroquí.
Juicio sin pruebas ni garantías
En la vista oral, la defensa del estudiante saharaui planteó que la única prueba era un atestado policial sin firma con declaraciones auto inculpatorias, que el estudiante saharaui negó haber hecho. Los abogados Pablo Gutiérrez Vega y Ana Sebastián Gascón, observadores del Consejo General de la Abogacía Española, dijeron que la Fiscalía no presentó ni una sola prueba o indicio de la participación de Hussein Bachir en los delitos de que le acusaban.
En la concentración que todos los lunes realiza el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza de la Provincia, de Madrid, han llamado la atención sobre el caso Hussein Bachir y han reclamado al ministro José Manuel Albares la defensa de los Derechos Humanos de los reclusos saharauis.
En relación con la huelga de hambre, la abogada Cristina Martínez Benítez de Lugo ha escrito una carta al titular de Exteriores en la que recuerda que el juez de Arrecife mandó a Hussein a un Centro de Internamiento de Extranjeros, desde donde se iniciarían los trámites para el asilo, “pero por el camino la policía lo desvió a un avión rumbo a Marruecos, el 16 de enero de 2019” y “ahora está en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años”.
Sobre estos hechos, afirma que el Gobierno “no ha investigado esta desobediencia al juez, una entrega ilegal de un solicitante de asilo, que ha conllevado tan terribles consecuencias”, y que “no se han derivado responsabilidades”.
Cuando se produjo la entrega del estudiante saharaui a Marruecos, Unidas Podemos y Compromís, con el apoyo del PNV y ERC, pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero fue impedida por el PSOE, PP y Ciudadanos.
En relación con el grupo El Luali, en noviembre de 2019, el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dictaminó que los estudiantes Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna y El Hafidi (los que presentaron la queja) fueron objeto de detenciones arbitrarias y que el Gobierno de Marruecos debía tomar las medidas necesarias para liberar a los que seguían en la cárcel e indemnizar a todos para ofrecerles una reparación, dictamen que no acató Marruecos.
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