Uruguay: Caso Astesiano, capítulo persecución sindical

Uruguay: Caso Astesiano, capítulo persecución sindical

Por Nicolás Centurión*. LQSomos

Causa alarma en el pequeño Uruguay lo que surge de la investigación que dio a conocer la prensa montevideana a partir de intercambios de mensajes entre el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, autoridades policiales y el secretario del presidente Luis Lacalle, Nicolás Martínez, audios que dejan claro que se valió del aparato estatal para vigilar a Marcelo Abdala, presidente de la central unitaria de trabajadores PIT-CNT, y que Martínez tuvo conocimiento de ello.

Astesiano utilizó sistema de cámaras para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT en las horas previas a su accidente en Punta Carretas. El exjefe de seguridad compartió con Jorge Berriel –el tercero en el mando policial- el material gráfico con el recorrido del auto de Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado de Lacalle Pou: “Ahora, Nico, llegó el tiempo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este hijo de puta”.

Luis Acosta, el defensor del líder sindical entiende que Astesiano utilizó recursos del Ministerio del Interior con motivos “personales y políticos totalmente espurios”. De acuerdo con Acosta, “se buscaba generar un daño por la condición [de Abdala] con respecto a su actividad sindical”.

El presidente del centroizquierdista Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, calificó como un hecho “gravísimo desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista de la libertad que los luchadores sociales tienen que tener y que no se pueden utilizar mecanismos del Estado para perseguir senadores o dirigentes sindicales”, el seguimiento que hizo el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, al presidente del Pit-Cnt.

“Hay una conversación entre el secretario del presidente y el jefe de seguridad pública, y nadie le dijo que no haga algo ilegal. Lo que le estaba planteando que iba a hacer es ilegal, no puede tomar una decisión de ese tipo. La tomó y nadie le dijo ‘no lo hagas’. Como mínimo hay una omisión”, señaló.

Pereira sostuvo que es “imposible” no cuestionar el “proceder político del presidente”. “Cometió un error que a la postre nos lleva a tener todas estas dificultades institucionales: de seguimiento, de extorsión, documentos falsos para la elaboración de pasaportes y todavía no sabemos cuántas cosas más”, concluyó.

El director nacional de policía, Diego Fernández, le ordenó al jefe de policía de Montevideo, Mario D´Elía, que no respondiera preguntas sobre el caso Astesiano. Otra muestra de hermetismo por parte del gobierno.

Cada semana surge nueva información que profundiza el escándalo. Aunque Lacalle y el gobierno intentan despegarse y presentarlo como un caso aislado e individual, es evidente que se trata de un hecho que compromete al presidente y revela la podredumbre del régimen político y su estructura de privilegios, tráfico de influencias y corrupción.

Astesiano fue inculpado por varios delitos y cumple prisión mientras continúan las investigaciones respecto a la red de falsificación de partidas de nacimiento y venta de cédulas de identidad y pasaportes a ciudadanos extranjeros. Además, tenía numerosas anotaciones policiales e incluso cumplió cárcel en 2013 por estafa continuada. A pesar de ello fue investido en la responsabilidad de cuidar la vida del presidente.

Desde la cárcel de Punta de Rieles, Astesiano negó –en entrevista con el oficialista diario El País- varias de las acusaciones en su contra por el caso de falsificación de partidas de nacimientos para que rusos pudieran obtener pasaportes uruguayos.La fiscal Gabriela Fossati lo acusa de tres delitos: suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir,

Y tras la difusión de los chats en los que Astesiano asegura a un empresario argentino que tenía acceso a las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior o al sistema de escuchas El Guardián, negó que tenga “contraseñas”, y sostuvo que “decía cualquier cosa para que no me jodieran más”.

No se trata por cierto del primer caso sospechoso en el gobierno del neoliberal Lacalle: basta recordar el pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset o el nombramiento en la embajada argentina de una persona con antecedentes, por nombrar solo algunos casos que ya dejaban muy mal parados al gobierno.

Desde Presidencia, asociación para delinquir

Si la idea de que una “asociación para delinquir” funcionaba en la propia sede de la presidencia del país ya era grave, las revelaciones que surgen de los chats que Astesiano borró, muestran los niveles de corrupción existentes en las fuerzas policiales, el acceso a material reservado solo para realizar favores o recibir coimas, el ofrecimiento de información y espionaje para extorsionar o chantajear senadores nacionales.

Destaca también el encare que ha tenido el presidente Lacalle frente a estos escandalosos hechos: insiste en hablar de honestidad y republicanismo pero es incapaz de explicar cómo personal de su entera confianza (que cuida a su propia familia) con antecedentes conocidos y documentados a su total alcance y conocimiento, puede estar acusado de maniobras de tal entidad, sin que él tenga nada que ver o no sepa nada..

Otras investigaciones divulgadas señalan que Astesiano ofreció a un empresario agropecuario los servicios de vigilancia de la Policía, que recibió solicitudes de la empresa Vertical Skies . de exmilitares asentados en EEUU- para recabar información perjudicial sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera –cabezas de las denuncias por irregularidades en la concesión del puerto de Montevideo– y que dirigió una operación de espionaje a la exesposa del presidente, Lorena Ponce de León.

Según ladiaria, esta nueva investigación lo muestra “en acción” por iniciativa propia. Astesiano utiliza contactos con efectivos e infraestructura policial para obtener información sobre una persona que acaba de tener un accidente y a la que percibe como un enemigo político, y le sugiere al secretario del presidente que utilice esa información.

Esto ocurrió hace un año, el 4 de febrero de 2022. Desde entonces, no sólo no parece haberse tomado ninguna medida al respecto por parte de Presidencia, sino que, más bien, se ha tratado de minimizar las responsabilidades del exjefe de seguridad de Lacalle, detenido el 25 de setiembre de 2022 para ser investigado por un delito que ahora parece algo muy menor.
El ministro del Interior Mario Heber en el Senado

Minimizaron las funciones de Astesiano, entre otros, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el director del Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, cuando concurrieron al Parlamento al ser convocados para dar explicaciones sobre la llegada de Astesiano a un puesto tan delicado.

Las revelaciones ameritaron y ameritan una profunda investigación de la justicia. Pero la propia fiscal Gabriela Fosatti, acepta y justifica que no se va acceder a los intercambios entre Astesiano y Lacalle, lo que deja ver que la justicia no es neutral ni objetiva y que puede ser cómplice para tapar hechos que pueden comprometer a los más encumbrados miembros del gobierno o permeable a presiones e intereses de poder.

El juez del caso dispuso la reserva de los chats de Lacalle con Astesiano, tras el pedido de Gabriela Fossati. La medida se dará por seis meses, plazo máximo que establece la ley. La fiscal argumentó que esto previene que se entorpezca la investigación. Más bien parece que se vuelve a entreverar la investigación.

Una fiscal que ha insinuado su deseo en abandonar el caso, teniendo en cuenta de que la policía, que supuestamente tendría que investigar lo sucedido, está tan comprometida en los “negocios” de Astesiano a través de importantes integrantes, y que evidentemente no es posible avanzar en conocer la verdad, ya que no hay ninguna voluntad para ello.

Los legisladores oficialistas se encuentran con dificultades para tratar de interpretar lo que surge de la nueva investigación: cuanto más cercanos al núcleo gobernante, más trabajosas parecen sus palabras. Queda claro que es Presidencia la que debe dar explicaciones. Pero en estos casos, Lacalle suele hacer mutis por el foro.

Todos los caminos conducen a Lacalle. La cuestión es poder conseguir las pruebas que lo incriminen ya sean por acción u omisión y no que blandas acusaciones sin sustento terminen siendo contraproducentes y el presidente surfista resurja fortalecido en un gobierno antipopular, ajustador, corrupto y también espía.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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