Uruguay: Nuevo oligopolio mediático para proteger a Lacalle
Por Nicolás Centurión*
Año electoral en Uruguay: la cascada de casos de corrupción, de clientelismo, de nepotismo y de renuncias que luego terminan con funcionarios que vuelven como en puertas giratorias, no ha cesado. Por eso el gobierno intenta blindarse, resguardarse en los grandes medios de comunicación. Medios que abonaron también al triunfo de Luis Lacalle en su momento y hoy se verán beneficiados.
Un oligopolio mediático está en ciernes y ya cuenta con la firma del primer mandatario.
Tres (no) tristes empresas comen a otra para progresar
El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra de Antel. Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado, pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo.
Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace. El presidente Lacalle Pou autorizó a los tres canales cables de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra óptica de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel).
Dichos canales son propiedad de los canales 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalece aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado. Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra ANTEL utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal.
La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley de Servicios de Comunicación de Audiovisual, 19.307, que está vigente y que establecen la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.
El presidente Luis Lacalle autorizó a los tres canales de cable de Montevideo a conformar un consorcio para apropiarse de la fibra óptica de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel). Estos canales de cable son propiedad de los canales (de aire) 4, 10 y 12, y fueron autorizados a crear un consorcio que fortalecerá aún más su posición dominante en el mercado capitalino de la televisión por abonado.
Pero, además, como los autoriza a vender internet, les permite competir contra Antel utilizando la fibra óptica de la empresa pública para hacerlo. Es decir, una maniobra para torpedear a la empresa estatal. No configura la típica maniobra privatizadora de los 90 en pleno auge del neoliberalismo, pero sí viene a confirmar una vez más el espíritu de este gobierno para con los entes públicos: el desmantelamiento y desguace.
La decisión concentra la riqueza y el poder, atenta contra el derecho a la información y la libertad de expresión y es ilegal, porque va en contra de al menos tres artículos de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación de Audiovisual, que está vigente y establece la obligación del Estado de impedir la conformación de oligopolios y monopolios e incluso de hacer uso de posiciones dominantes en el mercado.
El argumento de dichas empresas para asociarse es que han perdido clientes y por ende ganancias. Efectivamente, eso es cierto. Desde el año 2018 las empresas de TV para abonados han pasado de cerca de 733.000 clientes a poco más de 496.000, lo que representa una caída de cerca de más del 32%. Las razones son varias, pero muchas a la vista. Los contenidos por streaming, las plataformas de series y cine brindan una oferta mucho más variada, barata e interactiva que lo que ofrecen los canales de cable.
Es interesante cómo funciona cierta lógica de los liberales. En sus manuales, estas empresas debieran fenecer de “muerte natural”. El mercado no demanda sus servicios, consigue otros servicios que le son más rentables al consumidor y listo. Pero pasó lo contrario, aparece “papá Estado” a intervenir, a salvaguardar dichas empresas que incluso atentan contra el propio Estado.
Nunca pasaría al revés. Nunca una empresa privada va a ayudar a asociarse a otras para que le hagan competencia. Y allí va la segunda paradoja, la famosa y ficcional libre competencia. Otro postulado de los liberales que se ve contradicho por el propio accionar de Lacalle y su gobierno. No permite que las empresas compitan entre sí libremente y da paso a un oligopolio que está más cerca de un monopolio que de la libre competencia.
Lo que nos queda por concluir es que este gobierno apenas se asoma a algo parecido a uno liberal y que de liberal original no tiene nada. Es un capitalismo primarizado y para los amigos.
Hecha la ley…
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 19.307, que regula a los servicios de comunicación audiovisual, entre los que se encuentran los de TV para abonados, contiene algunos artículos que también nos muestran el atropello de esta asociación.
El artículo 11 establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual, en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios.
El artículo 51 afirma que los monopolios u oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y diversidad, por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control.
El literal U del artículo 68 señala que el Estado debe prevenir y desalentar las prácticas monopólicas u oligopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias o de abuso de posición dominante
“Lo que nosotros entendemos -y esto lo hemos manifestado en esta misma Comisión en otra oportunidad en la que participamos- es que estamos en una época en la que las competencias, en muchos casos, son de cooperación. Y nosotros entendemos que ofrecer la infraestructura de Antel a los cableoperadores es bueno para Antel porque está, de alguna manera, siendo un negocio”, expresó Elisa Facio, Directora General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
“De lo contrario, se queda fuera del negocio, y los cableoperadores de alguna manera igual van a hacer sus tendidos o a contratar con terceras personas, porque no es solo el tendido, también después tienen que tener una salida a internet, y la salida internacional a internet, que es ese tramo 3, la van a contratar con Antel o con Claro o con Movistar o con Dedicado o con el que sea, pero con alguien lo van a contratar”, añadió la funcionaria.
Desde 2008, ha invertido alrededor de 800 millones de dólares para mejorar la conectividad. Sin embargo, esta administración no solo favorece a los canales privados sino a grandes tiburones de las telecomunicaciones como Claro, Dedicado o Movistar.
El analista y consultor uruguayo Gustavo Gómez se preguntaba en su red social X: “ ¿Qué pasará con los 300 a 350 trabajadores de los cables de Montevideo cuando pasen a ser una sola empresa en lugar de tres? ¿La unificación autorizada por el gobierno de Lacalle Pou traerá despidos para abaratar costos?”
Como un dejavú, amplía: “Hace 30 años los tres canales de TV abierta de Montevideo ‘compitieron’ para que Lacalle Herrera (el padre del actual mandatario) les diera las tres únicas licencias de TV cable. Comprometieron inversiones y redes independientes. Pero armaron Equital SA (tres dueños, un único cableado) y ofrecieron mismo precio y misma programación. Cero competencias. Más poder.”
En agosto se viene la votación sobre la Ley de Medios que está en discusión en el Parlamento, que concita menos participación ciudadana, eliminación de audiencias públicas, mayor concentración de medios, posibilidad de extranjerización, limitación a la Libertad de Expresión y riesgo de censura previa.
Y en octubre son las elecciones presidenciales. ¡Qué casualidad!
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Asociado al CLAE
Comparte este artículo, tus amig@s lo leerán gratis…
Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Telegram: LoQueSomosWeb
Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos
