Y sin embargo, matar a un civil es un acto criminal

Y sin embargo, matar a un civil es un acto criminal

Por Pedro Carrillo Rubio*

Si entendemos, de manera abstracta y general, que matar a un civil es un acto criminal –siempre que no concurran los requisitos de la legítima defensa-, habremos de convenir que matar a un civil es un acto criminal en todos y cada uno de los casos.

Pero si subjetivamos los casos concretos, por ejemplo cuando se mata a un civil israelí o cuando se mata a un civil palestino, o bien a un ciudadano blanco o a uno negro, vemos que la condición objetiva anteriormente citada desaparece.

Al respecto, los medios no han dudado al calificar los recientes ataques y secuestros de ciudadanos civiles israelíes como actos terroristas; sin duda, lo son. Como testimonio de lo sucedido, en algunos casos, se ha ilustrado el horror causado entrevistando a quienes respondían con perfecto acento argentino; es decir, personas que durante generaciones y generaciones no han pertenecido a la tierra en la que se encuentran. Por su parte, la respuesta intemporal del Estado israelí, bombardeando sin rubor alguno hospitales y campos de refugiados, al tiempo que obligando a la población palestina a desplazarse, sin que por ello encontrara refugio seguro, ha supuesto hasta el momento la muerte de miles de civiles palestinos –de ellos, más de un tercio eran niños, esto no se puede olvidar-. Sin embargo, estos hechos no han tenido la misma consideración para los principales medios: esta masacre inacabada ha sido calificada, entre otros términos, como “crisis humanitaria”, “guerra en Gaza”, e incluso como “guerra de Israel en Gaza” (¡!), en la que, aseguran los periodistas in situ, se dan enfrentamientos cuerpo a cuerpo, dando a entender, de alguna manera, que las fuerzas están equilibradas.

Dado que nos encontramos ante una confrontación mortal entre dos partes, estoy seguro de que los estudiosos de este conflicto, ya secular, y demás centros de análisis de la política internacional, podrán presentarnos en detalle la fuerza militar de cada una de las partes – soldados en activo, carros de combate, aviones, capacidad destructiva de sus bombas, etc.-, lo que nos permitirá calificar con mayor precisión el tipo de conflicto que estamos presenciando.

Dicho esto, no se puede olvidar que desde 2007 la Franja de Gaza está sufriendo un bloqueo por tierra, mar y aire que impide la libre circulación de bienes, materiales y personas a y desde Gaza; hecho que pone en entredicho cómo ha podido iniciarse este nuevo episodio y si el gobierno israelí sabía de antemano, tal como indican algunas informaciones, que iba a producirse.

En este punto, al plantearse el porqué de estas diferencias en el momento de calificar los hechos, cabe preguntarse si es verdad que la libertad de información, entendida como forma de la libertad de expresión, es un derecho fundamental que se puede ejercer sin presiones, o bien los medios de comunicación responden a intereses que condicionan la información recibida y difundida. Conviene recordar que países occidentales que llevan por bandera, particularmente en sus intervenciones en el exterior, la democracia y la libertad como símbolos del progreso y la justicia, al tiempo atacan vehementemente toda información crítica con sus políticas, si no la censuran directamente, caso de las manifestaciones propalestinas en Francia, Gran Bretaña o Alemania –país este que causa verdadera tristeza, pretendiendo ocultar un genocidio del pasado defendiendo otro del presente-. No olvidemos tampoco que países en los que rige el estado de derecho, el parlamentarismo o la división de poderes, han cometido o han sido partícipes de algunos de los crímenes internacionales más graves de la historia reciente. En consecuencia, si tenemos en cuenta que el sector de la comunicación es un gran negocio que se concentra en muy pocas manos, pero con muchos intereses, habremos de poner en duda, cuando menos, que el ejercicio del periodismo sea totalmente libre.

Por otra parte, reafirmando lo dicho en primer lugar, no resulta admisible que exijamos un comportamiento moralmente correcto a quien está siendo colonizado, sometido, encarcelado –menores de edad que lanzaron piedras al ejército israelí, en no pocos casos-, expulsado de sus tierras o directamente eliminado, mientras que quien tiene el dominio casi absoluto de la situación y ejerce la fuerza sin medida actúa con total impunidad, refrendada por la vergonzosa tolerancia de la comunidad internacional. No imagino a George Floyd, si hubiera tenido la mínima oportunidad, ante el dilema de solicitar educadamente a su agresor que retirara de su cuello esa rodilla asesina o bien la posibilidad de causarle el daño suficiente para que lo hiciera forzosa e instantáneamente. Sin duda, toda muerte violenta, cualquiera que sea la forma que adopte, es un acto de terror, pero no por ello debemos confundir el simple asesinato, injusto casi siempre, con el derecho a la resistencia, tal como se puede interpretar de la Resolución 1514, de 1960, de la Asamblea General de la ONU, referida a los territorios colonizados en los que no se respetan los derechos humanos, y como en su día lo ejercieron, por ejemplo, españoles o argelinos contra franceses, los propios franceses contra alemanes, e incluso el ANC, el partido de Nelson Mandela, que utilizó la guerra de guerrillas para socavar al gobierno del apartheid .

Tampoco es de recibo que día a día nos presenten las consecuencias de esta masacre, calificándola de una manera u otra, sin que se tome medida alguna –debido a la obediencia debida de casi todos los países a USA, todopoderoso valedor del Estado israelí -, y sin que se hable jamás en los medios de masas de las causas del mismo, entre ellas la creación a finales del siglo XIX del sionismo, o movimiento político fundado por Theodor Herzl, cuyo propósito principal era la creación de un estado judío en tierras bíblicas; la creciente llegada a Palestina de inmigrantes judíos, propiciada por el Mandato británico, exhibiendo un libro religioso como si se tratara de un título de propiedad; o la división de Palestina decretada por la Asamblea General de la ONU en 1947, entregando la mayor parte del territorio, la que disponía de los mejores recursos hídricos, a una minoría de extranjeros .

Afortunadamente, no todos los medios son obedientes.

* Licenciado en Derecho
– Ilustraciones de Raúl Ibáñez Maya

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