Redacción. LQS. Diciembre 2018

Para comprender bien el presente, es necesario conocer el contexto en el que se produjo la transición, y los límites que se impusieron a sangre y fuego. Porque esta transición, esta constitución, está teñida de sangre y no se fraguó en un clima de verdadera libertad

Esta nota es la continuación de una serie de publicaciones recopilatorias que recogemos en La transición ensangrentada, una introducción para el recuerdo de l@s asesinados y represaliados en esa época que nos han impuesto como ejemplo de democracia… a golpe de tortura, detenciones y 159 vidas segadas. Y es que en este 2018 se cumplen cuarenta años de Constitución (¿In?)

Ninguno de los crímenes aquí recordados han tenido su merecido castigo, ni siquiera han sido juzgados penal o políticamente como lo que son: asesinatos. Asesinatos de Estado o amparados por el Estado.

1977

23 DE ENERO. MADRID

Arturo Ruiz García. 19 años. Albañil y estudiante. Se había convocado una manifestación en la Plaza de España, en demanda de la amnistía de los presos políticos. El gobierno civil la había prohibido e hizo un extraordinario despliegue policial por la zona. Las cargas fueron violentísimas y los grupos de manifestantes se dispersaron. Algunos llegaron a las calles adyacentes a Callao. Un grupo de cuatro fascistas apareció dando gritos de “Viva Cristo Rey”. Un hombre de unos 50 años, con un abrigo Loden verde, empuñaba una pistola. Dio algún tiro al aire. Junto a él, otro individuo más joven, con un guantelete de hierro en la mano, cogió el arma y disparó directamente al grupo de jóvenes manifestantes que trataban de escapar. Una bala entró por la espalda de Arturo Ruiz y le atravesó el corazón. La policía retuvo a otro grupo de Guerrilleros de Cristo Rey para soltarlos en el acto; en realidad les protegió de los jóvenes que les gritaban “asesinos”.
Las declaraciones de los numerosos testigos permitieron identificar como asesino de Arturo a José Ignacio Fernández Guaza, un matón de 29 años, que hacía trabajos sucios para las fuerzas de seguridad, y huyó sin que hasta el día de hoy haya sido detenido. Su delito, además, ha prescrito. Su pareja de entonces y algunos otros familiares, en declaración ante el juez en 1977 afirmaron que trabajaba para la Guardia Civil o la Policía. “Realizaba funciones que la policía no podía hacer”, dijo su hermana, que añadió que iba con frecuencia al País Vasco” a ayudar a la Guardia Civil con los jaleos de ETA”.

24 DE ENERO. MADRID

María Luz Nájera Julián. 20 años. Estudiante universitaria. Se convocaron en Madrid numerosas manifestaciones y acciones de protesta, sobre todo universitarias, contra el asesinato, el día anterior, de Arturo Ruiz. Unas 115.000 personas participaron en ellas. El paro en las universidades madrileñas fue prácticamente total, más de 100.000 estudiantes la secundaron y más de 30.000 participaron en asambleas y concentraciones.
La Policía desalojó la facultad de Derecho con bombas de humo lanzadas al interior del centro. Los estudiantes se dirigieron en manifestación hacia Moncloa y la Plaza de España. Individuos de paisano, armados, agreden a los manifestantes. En la Gran Vía un bote de humo disparado por la Policía alcanzó directamente en la cabeza a Mari Luz y le provocó un traumatismo craneal en la región parieto-occipital derecha, con fractura múltiple de la bóveda craneal. Una herida mortal.

24 DE ENERO. MADRID

Luis Javier Benavides Orgaz (26 años), Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco (29 años), Serafín Holgado de Antonio (27 años), Enrique Valdelvira Ibáñez (34 años) y Ángel Rodríguez Leal (26 años). Calle Atocha 55. Despacho de abogados laboralistas de CC.OO. y militantes del PCE. Un comando ultraderechista, vinculado al sindicato vertical del Transporte y a Falange, entra en el despacho y dispara sobre todos cuantos se encontraban allí. Resultan muertos Luis Javier, Francisco Javier, Serafín, Enrique y Ángel, y quedan gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, esposa de Francisco Javier Sauquillo.

Al entierro de los abogados asistieron más de 100.000 personas. La acumulación de 7 asesinados en 2 días hacía temer al gobierno una respuesta popular radical contra el fascismo. El PCE jugó su papel e hizo demostración de su capacidad de control de las movilizaciones, trabajando codo con codo con la Policía Nacional. Son muchos los que opinan que fue en ese momento y con ese comportamiento cuando el PCE “se ganó” su legalización, que tuvo lugar tres meses después.

La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. A los autores materiales, José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, se les condenó a 193 años cada uno, y a Francisco Albadalejo Corredera, a 63. Ninguno cumplió más de 15 años y alguno de ellos trabajó posteriormente para los servicios de seguridad del Estado. El juez Gómez Chaparro, del Tribunal de Orden Público, se negó a profundizar las investigaciones, de manera que según denunció la acusación particular: “Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Entre los acusados falta Fernando Lerdo de Tejada a quien este juez concedió un permiso, antes del juicio, que aprovechó para escaparse. No se ha sabido más de él. Era de una familia “influyente” del franquismo. Hizo labores de vigilancia.

Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos”. En 1990, el primer ministro italiano Giulio Andreotti declaró que en este atentado había participado Carlo Ciccuttini, miembro de la organización secreta anticomunista Gladio, dependiente de la CIA.

Nota: García Juliá es al que han localizado recientemente (dicen detenido pero no se ha vuelto a saber nada) en Brasil. Se escapó durante un permiso penitenciario sin haber cumplido la condena.

1978

4 DE ENERO. SEVILLA

Francisco Rodríguez Ledesma (54 años). Albañil en paro. El 9 de julio de 1977, se realizaba una asamblea ante el expediente de crisis de la fábrica textil de Hytasa, que amenazaba 2.000 puestos de trabajo. Llevaban varios meses de acciones y protesta. A cada asamblea o concentración acudía siempre el mismo Seat 1500, color crema, con agentes de la Brigada Político Social. Los trabajadores les conocían de sobra. Aquel día, “un tipo con gafas” bajó del coche policial y disparó 5 veces sobre un grupo de unos 100 trabajadores que les insultaban. Una bala alcanza a Francisco, le estalla el bazo y le perfora el colon… Tras seis meses de agonía, el 4 de enero moría. A nadie se identificó y juzgó como responsable de aquel crimen.

11 DE ENERO. PAMPLONA

Jokin Pérez de Viñaspre Txurruka y Ceferino Sarasola Arregi. Miembros de ETA. A las cuatro menos diez de la tarde un grupo de miembros del Cuerpo Nacional de Policía están apostados alrededor del número 77 de la avenida de San Jorge, de Pamplona. En el 1ºB de esa finca, han descubierto un piso franco de ETA. Dos jóvenes salen del portal y la policía emboscada dispara inmediatamente sobre ellos sin mediar aviso. Uno cae muerto en el acto, junto al portal. Otro se refugia tras una furgoneta y es tiroteado y muerto allí mismo. De un coche R-8 situado enfrente, sale un joven corriendo y disparando sobre la policía, abate a un inspector, José Manuel Baena, y consigue huir.

24 DE ENERO. ARRIGORRIAGA (VIZCAYA)

Efrén Torres Abrisketa. La Guardia Civil había dispuesto un control de carretera entre La Peña y Arrigorriaga. Un coche que circula con tres jóvenes se salta dicho control y los guardias civiles abren fuego contra ellos. Práctica habitual y de trágicas consecuencias en aquellos años. Efrén Torres aparece dentro del coche gravemente herido y muere horas después. Roberto Hernando Herrero y Pablo Ramírez Lizarri se presentaron después en el hospital con heridas de bala. Roberto declaró que acompañaba a Efrén en el coche tiroteado. Su pronóstico era muy grave. Pablo Ramírez tenía un pronóstico reservado.

1979

6 DE ENERO. GALDAMES (VIZCAYA)

Felipe Baz González (19 años). Militante de CC.OO. Día de Reyes. Felipe y cuatro amigos más circulan en un vehículo. Un control de carreteras de la Guardia Civil les para. Ellos obedecen. Les hacen bajar del coche y los separan, a punta de fusil y a gritos. Un agente amenaza con un culatazo, Felipe se tapa instintivamente la cara con las manos y, en respuesta, recibe dos disparos a bocajarro, uno en la cabeza y otro en el pecho. Muere en el acto. Ninguna consecuencia penal. Es sólo “un lamentable error”.

26 DE ENERO. BARCELONA

Martí Marcó Bardella (20 años). Independentista catalán, militante de Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, fundador de la Agrupació Unitària d’Esquerres (AUE), el Exèrcit d’Alliberament Català (EAC) y Terra Lliure. Fue herido por la Policía al intentar huir en un coche tras ser interceptado casualmente por un control policial en pleno centro del Ensanche. Murió en el hospital, dos días después.

1980

9 DE ENERO. LOIU (VIZCAYA)

Ana Teresa Berroeta Álvarez (19 años). Su cuerpo aparece semidesnudo, con decenas de puñaladas en cara, cuello y tórax, y signos evidentes de violación. La acción criminal es reivindicada una vez más por el Batallón Vasco Español, protagonista de la guerra sucia del Estado contra la izquierda abertzale.

15 DE ENERO. LEZO (GUIPÚZCOA)

Carlos Saldise Korta (33 años). Simpatizante de Herri Batasuna, miembro activo de las Gestoras Pro-Amnistía. Fue tiroteado en la puerta de su domicilio. El atentado fue reivindicado por una de las bandas parapoliciales que actuaban impunemente en Euskadi, denominada Grupos Armados Españoles (GAE).

20 DE ENERO. ALONSÓTEGI (VIZCAYA)

Liborio Arana Gómez (54 años), Manuel Santacoloma Velasco (57 años), María Paz Armiño (38 años) y Pacífico Fika Zuloaga (39 años). Todavía Alonsótegui formaba parte del municipio de Barakaldo, cuyo alcalde era miembro del PNV. Activa militante de ese partido era la dueña del bar Aldana. Allí habían quedado un grupo de amigos para celebrar el éxito en la organización de la Cabalgata de Reyes. Dentro del bar había unas 15 personas. En la puerta, alguien había dejado una caja de cartón. Al moverla Liborio Arana, se produjo una enorme explosión: 6 kilos de Goma-2, destinados a provocar una masacre. Liborio quedó completamente destrozado y sus restos esparcidos a varios metros; Manuel, María Paz y Pacífico murieron. El techo se derrumbó, el segundo piso entero se desplomó, los tanques de gas del bar explotaron, el edificio hubo de ser derribado por completo.
Al día siguiente, una llamada a Diario Vasco reivindicaba el criminal atentado en nombre de los GAE, señalando que luchaba por la unidad de España respondiendo a los «focos de violencia» en el País Vasco, y concluyendo con la amenaza de volver a atentar en «una población conflictiva de Guipúzcoa».
El oficial de policía al frente de la investigación fue precisamente el subcomisario José Amedo, jefe del Servicio de Información de la Policía en Euskadi. (No es necesario recordar su participación en crímenes de terrorismo de Estado en nombre del GAL.) El juzgado número 4 de Bilbao archivó rápidamente la causa por el atentado. Según el abogado Txema Montero se pusieron en conocimiento de las autoridades pistas fiables que señalaban a dos policías de la misma comisaría de Barakaldo como presuntos responsables. El hijo de Liborio Arana afirma, haciéndose eco de la opinión generalizada en el pueblo: “Yo estoy seguro de que fue la Policía. Lo tengo clarísimo. Sin ninguna duda”. Declaraciones más recientes del mismo Amedo lo ratifican: “Después de las primeras informaciones que yo había aportado, fue el entonces jefe superior de Policía, Santos Anechina, quien me ordenó que paralizase las investigaciones. Desde Madrid le habían sugerido que no se diese más publicidad a aquello”.

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– La transición ensangrentada

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