Mikel Itulain*. LQSomos. Octubre 2017

En la política, como en cualquier otro aspecto de la naturaleza humana y de la naturaleza en general, si las cosas no se fuerzan y obstruyen, éstas siguen un proceso acorde a como realmente son.

Que los catalanes quieran decidir su futuro, a través de los representantes elegidos en su país y de su país, en su Parlamento, el Parlament, es algo tan lógico que no debiera de enojar y sorprender a ninguna persona normal.

Las iras desatadas tras la convocatoria y puesta en práctica del referéndum celebrado el domingo 1 de octubre y en el que los votantes respondieron con un mayoritario sí -90,2 % frente a un 7,8%- (1) a la pregunta que se les hizo en catalán, castellano y aranés, si: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?, estamos viendo unos comportamientos preocupantes y definitorios tanto del gobierno central como de sectores que se autotitulan de izquierda en la política española.

Que alguien nos diga que la participación fue baja, del 43 %, en ese estado de coacción, miedo y tremendo castigo, con más de 900 heridos a cargo de las organizaciones militares y policiales españolas, denota como mínimo su cinismo. No hay más que ver cómo ya antes de que esto tuviese lugar, la Fiscalía Superior de Cataluña, el brazo acusatorio del Estado en la región, se dirigía a la representación judicial estatal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, interponiendo querella contra el Consejo Ejecutivo de la Generalitat e instaba a que el Tribunal
se dirigiese de oficio a los directores de todos los medios de comunicación, escritos o audiovisuales, públicos o privados, con sede en Cataluña, requiriéndoles con los apercibimientos legales correspondientes para que impartan las instrucciones pertinentes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum, requiriéndoles con los apercibimientos legales correspondientes para que impartan las instrucciones pertinentes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum (2).

Como ustedes ya bien saben, se desató una enorme ola de censura y persecución hacia todo movimiento, acción o persona que sustentase y apoyase a nivel práctico y legal (ilegal según la administración y la judicatura española) este proceso de naturaleza política y democrática. De las que he recogido algunas de sus acciones en el post scriptum de este artículo sobre el nacionalismo español. La violencia brutal, descarnada y desproporcionada ejercida por las Fuerzas de Seguridad contra votantes pacíficos de toda condición y edad, y el encarcelamiento de los miembros de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium fueron dos de los puntos culminantes de tal sinrazón, hasta que ahora se ha aplicado el famoso Artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o “en cuanto se recupere la normalidad”; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. (3)

Además de quitar al gobierno democráticamente elegido por Cataluña y de someter a su Parlament, los funcionarios catalanes que no acaten órdenes desde Madrid serán sancionados, incluidos los Mossos, cuyos mandos podrán ser relevados. Y para llevar esta imposición con mayor facilidad, impondrán el control y la censura sobre TV3.

Si esto no les suena a lo que hace un Estado cuando invade o coloniza a otro, ya me contarán.
Algún “espabilado” dirá que los catalanes aprobaron también en un referéndum la Constitución que ahora caprichosamente se les aplica. Bueno, fue en el año 1978, hace ya prácticamente cuarenta años, casi nada, y en un momento o qué era eso, con las mejoras que suponía, pese a los problemas como el comentado que traía, o la férrea dictadura que ya se conocía. A los españoles cabría aplicarles la misma regla de tres, ya que a través de esa Ley de leyes que ellos del mismo modo votaron, dieron validez a un Rey impuesto por Franco o la misma pena de muerte, que aparecía en su artículo 15 y que fue abolida de momento mediante una Ley Orgánica de 1995 (4), pero que sigue figurando en la ley principal que es la Constitución. Por supuesto, la mayoría de españoles no aprueban tales injusticias tan poco democráticas y arbitrarias, pero eran tiempos de lentejas, las tomas o las dejas, y el texto aprobado era sin duda una mejora frente al horror y arbitrariedad que se sufría.

La llegada de la democracia a España distó mucho de ser ejemplar, pues no siguió ni los más elementales principios y procesos que deben exigírsele.

En marcado contraste con la legitimación fundada en todos los mecanismos de la representación democrática, las ‘Constituciones monárquicas’ de 1876 y de 1978 fueron el producto de fórmulas urdidas por personas designadas digitalmente desde Gobiernos continuistas derivados de ‘golpes militares’ -uno próximo en el tiempo, otro sufrido cuarenta años antes-. Ningún tratadista serio discute el hecho de que en 1976-1978 ‘no existió proceso constituyente democrático’ (5).

También dirán algunos que “nacionalistas” catalanes participaron, aunque sea de apoyo colateral, en tal hecho; como lo hicieron, dominando, muchos más nacionalistas españoles. Aunque hoy los “nacionalistas” pactistas fueron apartados por Madrid al no serles ya más útiles, como es el caso de Pujol, o ayer se hizo lo mismo con los nacionalistas españoles catalanes que querían una mejora del estatus y reconocimiento de su país, como ocurrió con Maragall.

Sin embargo, ahora son tiempos y situaciones diferentes y ha hablado el pueblo catalán, no un político que se puede comprar o vender.

Si España, sus gobernantes y sus ciegos seguidores, fuesen algo más agradables, más tolerantes, menos represivos y más dialogantes, ¿creen que l@s catalanes se plantearían, como se plantean, tal salida? Decisión, que no olvidemos, corresponde finalmente a ell@s, pese a lo que diga el escrito de finales de los años setenta del que tanto se habla para lo que conviene. Y que cuando fue modificado se hizo a espaldas de los españoles, sin consultarles en referéndum, algo que como se ve no solo odian que lo ejerciten los catalanes.

Se sigue con la política de siempre para el “problema” catalán, cuando en verdad es un problema español y bien grande:

El problema catalán no se resuelve, por la libertad, sino con la restricción; no con paliativos y pactos, sino por el hierro y por el fuego. (6)

Referencias-Notas:
1.- Resultats del referèndum a Catalunya: amb dades per municipis, comarques i províncies. El Periódico, 6.10.2017.
2.- La Fiscalía atribuye al Govern delitos de cárcel y pide al tribunal que exija fianzas por el gasto del 1-O. El Mundo, 8.09.2017.
3.- El Gobierno aplica el artículo 155 para destituir a Puigdemont y sus consejeros. El País., 21.10.2017.
4.- Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.
5.- Gonzalo Puente Ojea. Elogio del ateísmo. Siglo Veintiuno Editores, S.A. 1995. pp. 330-392.
6.- Frase de La Correspondencia Militar del 13 de diciembre de 1907. Albert Sánchez Piñol. ¡Sí al museo militar! , 8.02.2015.

– Imagen de la serie “Catalonia Wars”
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