128 Concentració: Veritat, Justicia, Reparació
Mesa de Catalunya*. LQSomos.
Us esperem el dissabte a les 12 hores a la plaça Sant Jaume per denunciar la injustícia que pateixen les víctimes del franquisme i la transició en un acte de resistència antifeixista i de dignitat. Demostrem que som moltes més, que no estem vençudes i que els seus crits ens encoratgen a continuar amb més força
Concentración de la Mesa de Cataluña
De la justicia española nada pueden esperar las víctimas del franquismo y la transición, sus familiares y todas las personas que pidan verdad, justicia y reparación para todas ellas. La continuidad del estamento judicial en las mismas sillas adjudicadas por la dictadura, las viejas leyes y las nuevas, ya en nombre de un rey heredado del Régimen, vinieron a bendecir la impunidad del fascismo español. Nuestra indefensión ante la negación a dar respuesta a la vulneración de los derechos humanos sufrida en el estado español es una vergüenza no solo para el Reino de España, también lo es para una Europa que nos abandonó en su liberación del fascismo. Una Europa que, mientras se ejecutaban penas de muerte, se torturaba y se encarcelaba, enviaba a sus turistas a tomar el sol en las playas de Franco, un sol ardiente que nos cegaba y nos quemaba. Una Europa que ha normalizado la baja calidad democrática que sufrimos y la carencia de justicia que nos acompaña.
El último capítulo de afrentas ha sido el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del actual gobierno de España, que nos regala momentos para olvidar y otros de memorable cinismo. En el mismo nombre de los derechos constitucionales por los cuales los antifascistas sufren las puñetas judiciales se defiende el derecho de fundaciones que hacen apología del franquismo a su existencia. Dice el informe que el Tribunal Constitucional ha declarado que “la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones “acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población”, ya que en nuestro sistema “no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, en la Constitución”. Así el Tribunal Constitucional define la militancia en lo que es democrático como una práctica radical más bien no deseable y no dice verdad sobre el resto, tenemos suficientes condenas que avalan que aquí la libertad de expresión funciona si llevas los principios del Movimiento bajo un brazo y bajo el otro un ejemplar de la constitución monárquica, por si acaso.
Este informe está basado en lo que ya ha expresado el Tribunal Supremo en su blindaje de la impunidad, los clásicos de la no aplicación de la retroactividad de los convenios en materia de derechos humanos firmados por el estado español, lo cual les permite no contemplar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio y dar por prescritos todos los crímenes del franquismo y la transición. Además de la venerada e intocable Ley de Amnistía de 1977, que ya dejó negro sobre blanco que los verdugos de obra y pensamiento no serían nunca juzgados, punto y final. De hecho es la fecha de su aprobación la que les parece más adecuada como tope temporal de la futura ley de memoria, la impunidad limitando la ley.
El Consejo General del Poder Judicial ponee de manifiesto en su informe varios defectos de forma del Anteproyecto de Ley de Memoria, pero la prueba fehaciente del grave defecto de forma de la democracia del Reino de España son nuestras víctimas sin derechos, nosotros y la carencia de justicia que nos acompaña y que los juzgados nos impone
En varios puntos el informe reconviene el Anteproyecto por pasarse en sus atribuciones queriendo superar el marco establecido por la ley orgánica. Lo que nos da la razón sobre la urgente necesidad de cambio empezando por la supresión del Título II de la Constitución.
Se felicita El Consejo General del Poder Judicial por el concepto de víctima que el Anteproyecto contempla como un hecho administrativo, no jurídico. Nosotros no nos felicitamos nada por eso, puesto que saca la pelota del campo judicial para convertir a las víctimas en un hecho histórico sobre el cual escribir libros y esculpir piedras para poner flores.
Encuentran los redactores del informe que la expresión general “violaciones de los derechos humanos” es expansiva y que por lo tanto se tiene que acotar, no sea que entren más casuísticas de las justas según su criterio. La represión y las consecuencias sobre nuestras víctimas da para escribir una lista, que transcurridos más de 85 años de la primera sangre derramada por el golpe de estado fascista, no podemos finalizar. No lo podemos hacer entre otras cuestiones porque estamos lejos de tener un censo real de todas las víctimas del franquismo y la transición. Debe de ser porque no somos, no son una cuestión de estado, más bien un hecho familiar o asociativo, a veces ni político, jurídico nunca, sino emocional.
El informe conviene con el Supremo aquello de que la verdad no la tiene que ofrecer la justicia porque esta es tarea de los académicos a través de los archivos de la administración, que según el Anteproyecto serán de libre consulta, no los judiciales. Eso sí, recuerda, siempre que hayan pasado 25 años de la muerte de la persona investigada o 50 años desde la fecha del documento, por aquellas cosas del honor de los represores con uniforme de todo tipo, siempre por encima del horror que provocaron. La calculadora del Consejo General del Poder Judicial debe de haber enloquecido porque las fechas que proporciona el informe no cuadran. Imponer estos tiempos para casos de crímenes de lesa humanidad es inadmisible. Recibir un documento tan censurado, disociado según la administración, donde incluso han llegado a tachar el nombre de la víctima es un hecho corriente que produce gran frustración a las víctimas, a sus familiares y a todas aquellas personas que buscan la verdad.
Capítulo aparte es el de la nulidad de los juicios, una serie de puntos con los cuales de manera poco clara quieren decirnos que ya la anterior ley de la memoria lo dejó cerrado declarando ilegítimas las sentencias, ajustándose al actual marco legal, no como este Anteproyecto. En referencia a esta reclamación de nuestra Mesa de Cataluña desde su creación, satisfecha en parte por la Generalitat de Cataluña cuando su Parlamento anuló todos los juicios perpetrados por el franquismo en Cataluña, muestra su preocupación este Consejo. Entre los ejemplos que usan está el caso del Presidente Companys recogiendo la letra del Decreto del Fiscal General del Estado de 5 de abril de 2010 negando la revisión de su juicio ya “que sería tanto como reconocer, implícitamente, la actual vigencia y efectividad de las mismas pese a la radical declaración de injusticia e ilegitimidad”. Para ellos ilegitimitad es igual a nulidad y expulsión del ordenamiento jurídico, argumento que resiste solo el papel. En conclusión, que no se puede revisar lo que dicen que no tiene vigencia, cosa que aquí desde el 2017, a pesar de la justicia española, es verdad.
Se muestra preocupado el Consejo General del Poder Judicial por todos los casos no políticos juzgados por el franquismo porque declarados ilegítimos los tribunales de la dictadura por su carencia de garantías quedan sus crímenes impunes. Daría risa si no fuera para llorar. También por los casos políticos que fueron juzgados y fueron declarados inocentes y que por lo tanto no fueron considerados rojos peligrosos por los golpistas y veladamente por los crímenes que dan por cometidos por parte de los defensores de la legalidad republicana. Todo por su seguridad jurídica que no nos ampara a nosotros. No le parece mal a este órgano que no se incluyan los juicios de la República en el Anteproyecto, imaginamos que no solo porque los consideren legítimos, más bien porque estos fueron anulados por el franquismo, dando legitimidad a la dictadura. Para ilustrarnos incluye este texto: “La naturaleza del movimiento nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos que revestidos de una falsa existencia legal mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la anti-patria.” Es vergonzoso y parece una mofa. Y sigue: “Es una realidad inconcusa, que desde la fecha del Glorioso Movimiento Nacional la jurisdicción ejercida en los territorios de dominación roja se convirtió en meramente de hecho y quedó privada de legitimidad. Todas las actuaciones tramitadas por los jueces extaños al Movimiento Nacional son, pues, absolutamente nulas”. Recoger las palabras textuales de los franquistas en este documento como argumentario es insultante.
Respecto a crear una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y el derecho a la investigación no lo ven factible, puesto que el Tribunal Supremo ya dejó claro la inviabilidad de juzgar “los hechos vinculados con la guerra y la posguerra”, y añadiríamos nosotros en honor a la verdad que también los que vinieron después.
En los puntos referentes a las sanciones a administraciones públicas o a personas por no dar cumplimiento a la Ley de la Memoria dicen que solo se pueden subscribir estas al ámbito de las subvenciones en materia de memoria, ya ves qué miedo pueden tener a estas sanciones los fascistas que nos menosprecian. Es humillante, tanto como el capítulo dedicado a monumentos franquistas en el espacio público en el cual reconoce este documento que pueden ser sacados de sus lugares siempre que alguien no considere su “valor histórico, cultural y artístico inherente al símbolo y elemento, y la eventual obligación legal de su conservación”. Esto si no te dice el juez de turno que las piedras no tienen ideología como a las compañeras y compañeros de Memoria de Mallorca, que tienen que ver como continúa de pie la monstruosidad de Sa Feixina. Esperamos que no pase lo mismo en Tortosa y que por fin la aberración instalada por el fascismo en medio del Ebro desaparezca este julio. A veces las mociones aprobadas en ayuntamientos o parlamentos sobre los cambios de nombres fascistas de calles o sobre la retirada de simbología franquista parecen entradas para jugar a la “ruleta de la justicia” donde la bola de la dignidad da vueltas y vueltas mientras cruzamos los dedos para que caiga en las pocas casillas que representan el cumplimiento de la voluntad popular.
El informe también habla en referencia al Anteproyecto del encuentro casual de restos. Tampoco nos tiene que extrañar que se de por hecho que en un reino que es una gran fosa común dando una patado al suelo te encuentres el hueso de una víctima del fascismo español. La recomendación es comunicar a las autoridades judiciales y que esta canalice para evitar injerencias distorsionadoras. Qué casualidad que la justicia no tenga obligación de informar al resto de administraciones de sus procesos y así el hallazgo puede llegar a final de trayecto sin sustos, o sea, al gran cajón cerrado con llave donde acaban todas nuestras causas.
La prensa de todo este informe ha destacado las reticencias a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Dice el Consejo General del Poder Judicial que tiene que ser un juez quien lo determine y que en España la apología del franquismo no es ningún delito, por desgracia ya lo sabemos. Se tendría que demostrar que en su funcionamiento esta fundación humilla o vilipendia, veja u ofende a nuestras víctimas, como si su sola existencia ya no lo hiciera. Dicen también que no se pueden considerar ilícitos los actos contrarios a la memoria histórica como dice la ley porque “la mera expresión de opiniones o juicios de valor sobre hechos de nuestra historia si tales expresiones no constituyen a su vez un ataque a un bien jurídico de relevancia constitucional” no pueden ser ilícitos. Queda claro que nosotros no constituimos un bien jurídico protegido por el Derecho y menos de relevancia constitucional.
El Consejo General del Poder Judicial ponee de manifiesto en su informe varios defectos de forma del Anteproyecto de Ley de Memoria, pero la prueba fehaciente del grave defecto de forma de la democracia del Reino de España son nuestras víctimas sin derechos, nosotros y la carencia de justicia que nos acompaña y que los juzgados nos impone.
Recoge el informe una gran verdad en el estado español, dice el Consejo General del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional marca que “al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al mismo sistema democrático. La Constitución –se ha dicho- protege también a quienes la niega”. Qué magnanimidad la de la Carta Magna con el fascismo y sus militantes y simpatizantes. Pero ya sabemos que su vara de medir sirve en unos casos para exonerar y en otros para golpear con contundencia.
El documento hace un recopilatorio de todo lo que ha hecho el estado español en materia de memoria, todas las indemnizaciones, todas las gracias otorgadas a las víctimas, incluso menciona la nacionalidad para los componentes de las Brigadas Internacionales, enumera todas las leyes desde la estatal a las autonómicas para recordar que ya se ha hecho mucho, para algunos imaginamos que demasiado, y que formamos parte de un maravilloso estado de derecho para que tomen nota los organismos internacionales como la ONU, a los cuales también cita con literalidad para quedar bien. Sabían que este texto tendría eco en prensa. Todas las conquistas, que todavía son insuficientes, no han caído del cielo, son fruto de la lucha de décadas de los activistas y defensores de las víctimas del franquismo y la transición, de todas y todos los que trabajan sin descanso por los derechos humanos. Estamos aquí y continuaremos hasta que esta lista no deje ninguna reivindicación, ni ninguna víctima excluida, ninguna, a pesar de informes uniformes. Por la verdad, por la justicia y por la reparación.
Dissabate 29 de maig de 2021, 12 hores, Plaça Sant jaume. Barcelona
* Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes
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