145 años: Enseñanzas de la dimisión de Pi y Margall

Arturo del Villar*. LQS. Julio 2018

He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre leal, he encontrado diez traidores; por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriota, ciento que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos

El 18 de julio de 1873 presentó la dimisión Francisco Pi y Margall como presidente del Poder Ejecutivo de la República Española. Había demostrado ser el político más capaz para dirigir el régimen instaurado a las 12 de la noche del 11 de febrero anterior, pero los que se decían republicanos torpedearon sus decisiones y boicotearon sus proyectos, hasta causarle tantos disgustos que le obligaron a dimitir, lo que iba a convertirse en el preludio del fin de la República.

Ahora es el momento oportuno para recordar los motivos que le indujeron a tomar esa decisión, cuando España ha despertado y reclama la celebración urgente de un referéndum sobre la forma de Estado preferida por los todavía vasallos de su majestad católica, que con toda seguridad conducirá a la deseada proclamación de la III República. Aprendamos de los errores cometidos por nuestros predecesores, para evitar repetirlos.

Partidos en descomposición

A las 13.30 horas del 11 de febrero de 1873 el rey constitucional Amadeo de Saboya presentó su renuncia al trono, y sumió al reino en la perplejidad. Constituidos Congreso y Senado en Asamblea Nacional, se pasaron la tarde discutiendo cómo solucionar el inesperado vacío de poder, y por fin a las 24 horas se acordó proclamar la República, único medio viable, por 256 votos a favor y 32 en contra. Los republicanos, como era constante en ellos, estaban divididos en grupos enfrentados, pero en esa votación se unieron.
Ya el Partido Republicano Federal, que iba a ser protagonista en el nuevo régimen, había salido de una escisión del Partido Demócrata liderado por Nicolás María Rivero, al publicar un manifiesto contrario a cualquier tipo de monarquía el 5 de enero de 1869. En las sucesivas asambleas federales el partido se fue disgregando en grupúsculos enfrentados. La celebrada en noviembre de 1872 terminó con la dimisión del Directorio el día 21, y la convocatoria de otra asamblea para el 15 de febrero de 1873. Por lo tanto, la proclamación de la República presumiblemente deseada por todos encontró al Partido Republicano Federal descabezado y desunido.
Quedaron convocadas las Cortes Constituyentes, presididas por Cristino Martos, tránsfuga de los partidos Progresista y Demócrata, entonces militante en el Radical mayoritario. Este Partido Radical salió en 1871 de una escisión del Partido Progresista. Así de indecisos eran los políticos al proclamarse la República, dispuestos a cambiar de partido por cualquier motivo, y en consecuencia carentes de confianza en unos ideales firmes. No era posible confiar en su criterio tambaleante según conviniera.

El Poder Ejecutivo

Al no contar con una Constitución republicana no pudo elegirse presidente de la República. Se constituyó un Poder Ejecutivo, es decir, un Gobierno, integrado por cinco radicales y cuatro republicanos, bajo la presidencia de Estanislao Figueras, que no era el político adecuado para asumir ese cargo. Lo demostró al dimitir sorprendentemente el 7 de junio, seis días después de la apertura de las Cortes Constituyentes, sin motivo claro, y el 10 se marchó a París en una huida precipitada.
Se encargó interinamente la Presidencia del Ejecutivo el ministro de la Gobernación, Pi y Margall, que había demostrado la firmeza de su carácter al vencer una revuelta cívico—militar el 23 de abril, encabezada por el golpista contumaz general Serrano, el que desvirgó a la reina Isabel II cuando presumía de monárquico, y después participó en la Gloriosa Revolución que la expulsó de España. Aquella noche huyó disfrazado de Madrid. Desde el 20 de abril presidía Pi el Ejecutivo provisionalmente, por la muerte de la esposa de Figueras.
Aquel día Pi pudo asumir todos los poderes de la República, y así se lo pedían, mejor dicho, se lo exigían sus compañeros del Ejecutivo y muchos diputados, pero no quiso porque le parecía que se iba a convertir en un dictador, palabra que le horrorizaba. No obstante, al pasar revista a su actividad al frente del Ejecutivo en su ensayo histórico La República de 1873. Apuntes para escribir su historia (Madrid, Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cía, 1874, página 31), se preguntó y respondió:

¿Hice bien? Lo dudo si atiendo al interés político; lo afirmo sin vacilar, si consulto mi conciencia.

Este dilema puede que sea culpable de la desgracia española, porque si Pi hubiera atendido al interés político muy probablemente la historia de España sería muy distinta de la que conocemos. Es la disyuntiva que abisma a los grandes políticos honrados, en la que también se vio obligado a decidir Manuel Azaña, y también eligió seguir a su conciencia. Por eso admiramos a estos seres incorruptos que supieron vencer las tentaciones del poder, aunque legítimamente debemos preguntarnos si el bien público no debe ponerse por delante de la conciencia individual.

Un país absurdo

En las elecciones a las Cortes Constituyentes celebradas en mayo alcanzaron el 91 por ciento de los votos los republicanos federales, gracias precisamente a la gran gestión desarrollada por Pi como presidente interino del Ejecutivo y ministro de la Gobernación. Quedaron inauguradas el 1 de junio, y el 8 proclamaron la República Democrática Federal. La víspera había dimitido Figueras, como ya se dijo. Ese mismo día 7 fue elegido presidente de las Cortes el viejo republicano José María Orense, marqués de Albaida, que dimitió dos días después, y fue sustituido por Nicolás Salmerón.
El Poder Ejecutivo presidido por Pi tuvo que enfrentarse a estos vaivenes incomprensibles de los políticos elegidos para poner en marcha el nuevo régimen. Además su atención estaba volcada en sostener dos frentes de guerra, uno en Cuba, consecuencia del grito de independencia lanzado por Carlos Manuel Céspedes el 10 de octubre de 1868, y otro en territorios del Norte de España, en donde el autodenominado rey Carlos VII había levantado a sus partidarios fanáticos el 21 de abril de 1872, con el apoyo decidido de la Iglesia catolicorromana, por lo que muchos curas trabucaires se enrolaron en sus tropas, y eran los más criminales de aquella tropa salvaje.
Más problemas surgieron en el mes de julio: una huelga general convocada por los bakuninistas en Alcoy derivó en muertes violentas que obligaron a la intervención de la fuerza pública. Y después se sucedieron los levantamientos cantonales, iniciados en Sanlúcar de Barrameda el 30 de junio, por medio de juntas revolucionarias.
Pi había explicado en sus escritos y discursos el propósito de implantar la República Federal de arriba abajo, desde las Cortes Constituyentes, pero los cantonales prefirieron hacerlo de abajo arriba, declarando la independencia de los municipios. Se abrió así un tercer frente militar, que obligó a enviar tropas contra los cantones, desatendiendo la guerra contra los carlistas, envalentonados por la extraña situación de la República.
Mientras tanto, las Cortes Constituyentes dilataban ejecutar la función para la que existían, que era elaborar una Constitución, como reclamaba Pi.
Un proyecto leído el 17 de julio no pasó de ahí.

Economía arruinada de guerra

A este panorama desolador se unía el estado crítico de la economía. La insensatez de Isabel II había vaciado el Tesoro Público, por lo que poco pudieron hacer los ministros de Amadeo I para mejorar la situación. Fue preciso dejar de pagar los intereses de la Deuda Publica. La República Española solamente había sido reconocida por las repúblicas federales de Suiza y los Estados Unidos, por lo que resultaba imposible esperar que otros estados concedieran empréstitos al nuevo régimen español.
Las monarquías europeas lo rechazaban por principio, temerosas de que su ejemplo se extendiera a sus países. La República Francesa acababa de superar los sucesos revolucionarios de la Commune de París en 1871, y recelaba de la indecisa situación española. El Vaticano se opuso decididamente al nuevo sistema democrático español, porque veía peligrar los habituales privilegios de que gozaba con los monarcas, y ya en la disputa entre isabelinos y carlistas demostró claramente su inclinación hacia los integristas seguidores del pretendiente.
Con una economía de guerra era imposible alcanzar unos balances consolidados. El paro laboral era enorme, lo que creaba un lógico descontento de los trabajadores hacia la República, en la que confiaron para mejorar su situación. No era posible logarlo, porque los poseedores del dinero lo colocaron en bancos extranjeros, ante las dudas suscitadas por la política a seguir por los republicanos. Aquellos días los viajes a Francia de los llamados nobles, poseedores de los latifundios más extensos, de los banqueros y de los burgueses adinerados eran continuos. Se decían patriotas, y eran monárquicos, como también la mayor parte de los oficiales en el Ejército.

La dimisión

Por si esta perspectiva no resultaba bastante desconsoladora, el Partido Republicado Federal se hallaba más desunido que nunca, tanto que un grupo denominado de intransigentes abandonó las Cortes y se negó a participar en cualquier actividad política. Además Pi recibía a diario los ataques de los republicanos unitarios, sus más encarnizados enemigos, liderados por Eugenio García Ruiz, quien le demostró un odio enfermizo en todo aquel período. Pero Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, que eran sus correligionarios, se esforzaron en torpedear sus decisiones.
Es comprensible, por lo tanto, que el 18 de julio presentara Pi su dimisión. En su vindicación ya citada escribió en la página 4:

He perdido en el gobierno mi tranquilidad, mi reposo, mis ilusiones, mi confianza en los hombres, que constituía el fondo de mi carácter. Por cada hombre leal, he encontrado diez traidores; por cada hombre agradecido, cien ingratos; por cada hombre desinteresado y patriota, ciento que no buscaban en la política sino la satisfacción de sus apetitos.

Eliminado Pi, la República se hallaba empujada al desastre. Su sucesor, Nicolás Salmerón, resistió en el cargo hasta el 6 de setiembre, y el que le sustituyó, Emilio Castelar, hizo que el día 20 del mismo mes quedaran suspendidas las garantías cívicas contempladas en la prorrogada Constitución monárquica de 1869, declaró vigente la represiva Ley de Orden Público de 1870 con la censura de Prensa, y suspendió las sesiones de las Constituyentes hasta el 2 de enero de 1874, una fecha aciaga, porque a las cinco y media de la madrugada del día 3 unos militares golpistas asaltaron el palacio del Congreso y de hecho entonces murió la República Española, porque desde ese momento estuvo militarizada, hasta que otro militar traidor la asesinó definitivamente el 29 de diciembre.
Sin embargo, los que realmente asesinaron a la República Española fueron los propios republicanos divididos en bandos enemigos, los impacientes por alterar las bases del sistema social seguido hasta entonces, los intransigentes al no aceptar discutir las ideas de otros grupos, los deseosos de medrar en la nueva política, toda esa caterva de arribistas merecedora del mayor desprecio por parte de los republicanos.
Ahora que llega el momento de declarar superada la monarquía del 18 de julio instaurada en 1969 por el dictadorísimo, y proclamada a su muerte en 1975, debemos meditar en dónde estuvieron las causas motivadoras del fracaso padecido por la I República. Así evitaremos los peligros internos para la III, porque los exteriores siempre es fácil conjurarlos.
Y que vuelvan a escucharse los gritos lanzados por los patriotas en la Gloriosa Revolución de 1868: ¡Viva España con honra! ¡Abajo los borbones!

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
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