32 años avanzando en la destrucción del sistema público de pensiones
Juan Montero y Adriana Beidenagl*. LQSomos. Marzo 2017
Cuando el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas provocaron tal indignación en la clase trabajadora? … pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.
En la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.
En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Esta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.
Aquí no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.
En 2007, PSOE, CCOO, UGT, CEOE y CEPIME suscriben una nueva reforma en base a las Recomendaciones del Pacto de Toledo. Acuerdan medidas como el aumento del tiempo cotizado para tener derecho a una pensión, nuevas rebajas de cotizaciones a la patronal, etc.
En 2011, la reforma establecida por el gobierno de Zapatero avanza en el mismo camino con la complicidad de CCOO y UGT.
La Reforma de 2011 en síntesis supone:
Cada año se aumenta la edad mínima para poder jubilarse, hasta llegar en el 2027 a los 67 años.
Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Y no sólo eso, sino que para la «cobertura de lagunas» [el tiempo sin haber cotizado durante este período] no se aplica ya el 100% de la base mínima de cotización sino el 50%, exceptuando 48 mensualidades. Para muchos pensionistas, esto puede llegar a representar hasta un 38,10% menos de pensión.
Se aumenta también de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, junto a otros requisitos.
Se recorta el complemento de mínimos de la pensiones a las personas que han padecido más precariedad en su vida laboral.
Por último, en 2011 al margen de la Reforma de pensiones, Zapatero congeló por primera vez las pensiones, abriendo la senda que después ha seguido Rajoy.
El gobierno de Rajoy, inicia su andadura, con la reforma laboral y la reforma del sistema de desempleo de 2012 -consecuencia de las presiones del BCE- y el decreto de marzo y la Ley de diciembre de 2013 del PP, son los últimos broches a la situación actual. La última reforma de Rajoy desvincula definitivamente la actualización de las pensiones del IPC, con una fórmula que le permite fijar una subida máxima anual del 0,25 %, e introduce el Factor de sostenibilidad que entrará en vigor en 2019, y tendrá en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de fijar su pensión inicial. En estos momentos hay en el Estado español más de 8,5 millones de pensionistas, la mitad cobrando por debajo del SMI. La precariedad es mayor en las mujeres, que cobran casi 500 euros menos. La pérdida del poder adquisitivo desde el 2011, ronda el 6 %…y subiendo…
Ahora, después del saqueo del fondo de reserva de las pensiones, los responsables del Pacto de Toledo vuelven a reunirse. «Reunión de pastores, oveja muerta» dice una expresión popular. ¡Un nuevo Pacto Social nos amenaza!
El objetivo del capital financiero es la privatización del sistema público de pensiones. No es un problema coyuntural por la crisis. Es estructural del modelo capitalista.
El verdadero problema es cómo distribuimos la riqueza social que creamos, de manera que sea la población la que se beneficie del incremento de la productividad y no el capital, a costa del empobrecimiento de la mayoría.
Desde los años 80 la privatización de los servicios públicos avanza de forma brutal. Mientras se acatan las órdenes de los amos de la UE, se protege la evasión de capitales y la corrupción, se subvenciona a la iglesia, se rescata a la banca, las autopistas, el Castor…., aumentan los beneficios de las empresas disminuyendo sus obligaciones, etc., continúa el ataque feroz a la clase trabajadora.
La única respuesta está en la lucha. En movilizaciones que no pueden quedar reducidas sólo a los/las pensionistas. Trabajadores/as y jóvenes tienen que hacer suya esta batalla porque son los más afectados por las reformas pasadas y por la que quieren implementar éste año, profundizando y acelerando las condiciones actuales.
CCOO y UGT no pueden mantener una careta de defensa de las pensiones mientras continúan enganchados en el Pacto de Toledo.
Los últimos años se han ido gestando organizaciones de pensionistas que ha dado como resultado la constitución en diciembre, de la Coordinadora estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, en la cual participan también sindicatos de izquierda. El 20 de diciembre, miles de personas, en diferentes ciudades, salieron a las calles y tienen un amplio calendario de movilizaciones para continuar luchando.
La Marea Pensionista, con presencia en diferentes comunidades del estado, reivindica entre otras medidas, la derogación de todas las reformas laborales y de pensiones desde el 2010. Se manifiesta en contra de la privatización de los servicios públicos y en la defensa de un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 euros. Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales -eliminar las tarifas planas, etc.-, exige que la financiación debe estar garantizada por el estado y con revalorización automática de las pensiones en relación al IPC. Pide la incorporación al RGSS a los/las trabajadores/as del hogar y la eliminación de todo tipo de copago o re-pago.
En su última asamblea, en las Cocheras de Sants, reunió a casi un millar de asistentes. Su consigna es «Si luchamos aseguraremos las pensiones de hoy y de mañana». La lucha por las pensiones públicas también es la lucha por la creación de empleo, por la reducción de la jornada laboral, y por las condiciones dignas de trabajo.
* Juan Montero es miembro de la Marea Pensionista de Catalunya y Adriana Beidenagl es militante de Lucha Internacionalista y miembro de la Marea Pensionista de Catalunya.
