6 meses de prisión a un campesino por sembrar sus propias semillas

Rosa Molinero*. LQSomos. Agosto 2017

El capitalismo ha patentado la naturaleza

“Son la SGAE del campo”, condenan a un campesino a prisión por reutilizar sus semillas. La ley por la que un agricultor ha sido condenado a pena de prisión es valorada por los sindicatos agrícolas como “robo a mano armada”

Atención a la paradoja que se cosecha en los campos españoles: si un campesino compró trigo para sembrar el año pasado, lo plantó, cultivó y segó y se guardó algo de grano para plantar de nuevo este año, ¿qué delito está cometiendo?

“A ver, que paro el tractor”, dice Isidro del Campo, portavoz de la Unión de Campesinos de Castilla y León que me explica por qué el 2 de junio se sentenció a un agricultor a 6 meses de cárcel y a distintas sanciones económicas por haber reutilizado una semilla obtenida en su explotación.

“Resulta que unas multinacionales han hecho unas insignificantes y supuestamente mejoras genéticas a las semillas, por lo que el gobierno español les ha dotado de unas leyes por las que ahora un labrador, hortelano o frutero tendrán que pagar unos royalties por utilizarlas”.

Podría parecer que en el campo uno puede saltarse a la torera este tipo de legislación y aún así pasar desapercibido. Nada más lejos de la realidad. “ El SEPRONA [Servicio de Protección de la Naturaleza] puede entrar en nuestras parcelas, tomar muestras, analizarlas en 48 horas y automáticamente emitir una sanción por falsedad de documentos públicos si lo que declaramos no coincide con los resultados”.

Desde que la ley se aprobó hace dos años por el actual gobierno del Partido Popular y con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Podemos, que se abstuvo, los controles y las sanciones han aumentado, cuenta Isidro.

“Las multinacionales, que además son extranjeras, están amparadas por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de España (ANOVE) y su filial GESLIVE. Estas han sacado una lista de todas las variedades (que excluye limoneros y naranjos). Pero cuando un hortelano va a comprar esas semillas, ya tienen un recargo. Cerealistas y agricultores de forrajes, cuando compramos una semilla de calidad ya pagamos 650 euros por tonelada, y resulta que nosotros, por cultivar y cosechar, nos pagan el producto a sólo 140 euros la tonelada. Y además tenemos que pagar 12 euros por tonelada a ellos, porque el gobierno ha sacado una ley que los protege y no tenemos más remedio que cumplirla”.

Isidro habla de Monsanto, de KWS, de Agrar, Limagrain, Syngenta, Bayer -Nunhems y más, todas productoras de transgénicos, pero también hay otras empresas nacionales bajo el paraguas de ANOVE, como Semillas Batlle, Guadalsem o Semillas Fitó (el resto pueden consultarse aquí).

La mayoría de sindicatos agrícolas españoles, salvo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han calificado la ley de “robo a mano armada”, según cuenta Isidro, y se lamentan que esta incoativa de la Comunidad Europea, que dictaba unos mínimos muy flexibles, se haya aplicado con tanta contundencia en España y en el resto de Europa se haya ignorado. Tal vez no sea disparatado recordar que WikiLeaks filtró las conversaciones sobre OGM del entonces secretario de Estado, Josep Puxeu, con portavoces del gobierno de los Estados Unidos y Monsanto, de las que se extraía el especial interés para convertir a España su caballo de Troya: si el país, que es el que posee mayor superficie de cultivos de Europa, celebraba la entrada de transgénicos en sus tierras, Europa estaría vencida.

“La única explicación es que ANOVE quiere recaudar. Va a cobrar 12 euros por cada tonelada que se siembra en el Estado español. Yo calculo que se va a llevar entre 6-8 mil millones de euros este año, así, por la cara, que es casi el presupuesto de la Seguridad Social. Son la SGAE del campo. Y en los autores puede entenderse más o menos, porque producen por entero una canción, pero es que las semillas no las han producido estas empresas, solamente han hecho una pequeña mejora y la han bautizado. No es una patente, si no una ostentación que les da el estado para poder cobrar de ello durante 25 años”.

Por su lado, ANOVE utiliza el argumento del progreso y afirma que sus semillas son garantía de calidad, que son más sostenibles y que ahorran tiempo y dinero.

Pero esto queda en entredicho por la posible solución que contemplan agricultores como Isidro: plantar variedades consideradas antiguas sobre las que ANOVE no tiene ningún poder. “Es lo que yo hago: planto semillas que tienen 26 años. Tal vez saco algo menos de producción. Pero, por ejemplo, este año ha sido igual de desastroso tanto para mí como para mi vecino, que usa esas semillas modificadas”.

Por el momento, no se plantea ninguna otra alternativa que seguir cumpliendo con esta ley que los dos agricultores que han sido sancionados recientemente y no se atreven a recurrir por los gastos que conlleva.

* Nota publicada en PlayGround