60 años después del asesinato de Malcolm X, ahora se pretende descubrir la verdad

Por Tyler Walicek*

Destacados abogados defensores de los derechos civiles han presentado una importante demanda en nombre de las hijas de Malcolm X, con la que pretenden demostrar la complicidad del Estado en el asesinato del líder revolucionario negro en 1963.

La demanda se presenta tras una nueva investigación que condujo a la exoneración de dos de los presuntos asesinos en 2021. El resultado dependerá de que se demuestre el papel desempeñado por el gobierno estadounidense al permitir el asesinato hasta el punto, según sugieren las nuevas pruebas, de facilitarlo activamente.

La demanda de las Shabazz corre a cargo de un prestigioso equipo jurídico, encabezado por los abogados Benjamin Crump y G. Flint Taylor. En la demanda de 100 millones de dólares, conocida como Malcolm X Shabazz y otros vs. EEUU, los demandados son los Estados Unidos de América, la ciudad de Nueva York y nada menos que J. Edgar Hoover, entre otros muchos agentes de la policía de Nueva York, el FBI y la CIA o sus familias. Se acusa a estas organizaciones de ocultar e influir, por diversos medios, en las circunstancias que rodearon la muerte de Malcolm X.

Como podría sugerir un conjunto tan imponente de acusados, la demanda es un gesto jurídico de proporciones históricas. Ganar esta querella exigirá desafiar un edificio de complicidad, corrupción y secretismo, y esclarecer la verdad frente tanto a la ocultación intencionada por parte de agentes estatales como a la difuminación de la objetividad que acompaña a tramos tan largos de tiempo. No obstante, los equipos jurídicos siguen adelante con el caso con vigor, por la familia viva de Malcolm X y por la posteridad, la rendición de cuentas y la justicia histórica.

Cuando Malcolm X fue asesinado a tiros hace 59 años, el 21 de febrero de 1965, se encontraba en el escenario para hablar ante una multitud en el Audubon Ballroom de Nueva York. Su esposa, Betty Shabazz, y sus hijas, entre ellas Ilyasah Shabazz, que entonces tenía 2 años, estaban presentes en aquella horrible escena.

Sin embargo, según investigaciones recientes, entre el público de aquel día también se encontraban varios informadores del gobierno, agentes federales y policías. Su incapacidad para impedir la matanza, así como los evidentes indicios de la influencia del Estado en las circunstancias, han puesto en duda los relatos oficiales durante mucho tiempo.

Sea cual sea el resultado final -si la complicidad del Estado puede demostrarse en un juicio público, si estas renovadas esperanzas de justicia pueden resistir las imposiciones del tiempo y de un poder que no rinde cuentas-, las consecuencias de esta demanda no se limitarán a la posteridad; sus preocupaciones siguen resonando en la política contemporánea. Después de todo, a pesar de las afirmaciones falsamente tranquilizadoras en sentido contrario, la vigilancia y la subversión coordinadas del Estado, en particular de los líderes en materia de derechos civiles y justicia racial, están lejos de ser cosa del pasado.

Tomar el relevo

Benjamin Crump, abogado principal en el caso Shabazz, es uno de los abogados de derechos civiles más destacados y dotados del país. Crump se ha encargado anteriormente de los casos de George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown, Trayvon Martin, los residentes de Flint, Michigan, perjudicados por la crisis del agua, y muchos más.

«Cada vez que luchas por la justicia para la gente de color, hay un obstáculo», comentó Crump a Truthout por teléfono. «Y si piensas en el hecho de que estamos llevando un caso 59 años después, entonces añades todo tipo de obstáculos e impedimentos a la justicia. Pero estamos preparados para el trabajo».

El equipo de Crump trabaja en colaboración con el veterano abogado G. Flint Taylor, de People’s Law Office, junto con miembros del Proyecto Inocencia y otros colaboradores del bufete Beldock Levine & Hoffman. Taylor es conocido por haber ganado con éxito litigios contra la policía de Chicago y el FBI en nombre del líder asesinado de las Panteras Negras, Fred Hampton, así como reparaciones para las víctimas de los casos de tortura de la policía de Chicago.

Señales ominosas

En las semanas previas a su muerte, Malcolm X sabía -y así lo había manifestado a los medios de comunicación y a todos los que le rodeaban– que los atentados contra su vida eran inminentes. De hecho, durante ese periodo se produjeron amenazas e intentos de atentado, hasta que el 21 de febrero se produjo el peor de los desenlaces, tal y como muchos habían temido y Malcolm X había predicho.

La versión más extendida, basada en las conclusiones de la acusación original, era que el asesinato había sido obra de los antiguos compañeros de Malcolm X en la separatista Nación del Islam (NOI) negra, enfurecidos por las condenas de su antigua organización y los fallos de su líder, Elijah Muhammad. Sin embargo, aunque la amenaza superficial procedía de la NOI, y fueron sus asociados quienes finalmente dispararon contra él y acabaron con su vida, el propio Malcolm X ya había advertido a su círculo íntimo y a la opinión pública de que habría algo más en la historia de su inminente muerte.

En un principio se implicó a tres asesinos. Pero después de seis décadas, durante las cuales surgieron importantes dudas sobre la culpabilidad de dos de los tres hombres condenados por los asesinatos, salieron a la luz nuevas y sorprendentes pruebas. A pesar de sus coartadas y de las sólidas pruebas de su inocencia, pocos días después del asesinato, Thomas 15X Johnson (alias Khalil Islam) y Norman 3X Butler (alias Muhammad Aziz) fueron detenidos por la policía de Nueva York; ambos fueron condenados posteriormente. El tercer detenido, también condenado y nunca exonerado, fue Thomas Hagan (alias Talmadge X y Mujahid Abdul Halim), que fue capturado en el lugar de los hechos tras disparar contra el líder de los derechos civiles. En 1977, Hagan declaró la inocencia de los otros dos hombres y mantuvo durante mucho tiempo que no estaban implicados.

No obstante, hizo falta más de medio siglo y casi dos años de investigación por parte del fiscal de distrito del condado de Nueva York (NYPD), por sus siglas en inglés), Cyrus Vance Jr., junto con el Proyecto Inocencia y otros abogados, para demostrar la inocencia de Johnson y Butler, lo que produjo un notable revés: en 2021 se anularon las condenas de ambos. Johnson ya había muerto en prisión como inocente, pero Butler fue puesto en libertad y posteriormente recibió decenas de millones en un acuerdo. Su exoneración fue posible gracias a las nuevas pruebas presentadas, que indicaban que los fiscales, el FBI y la policía de Nueva York habían ocultado deliberadamente durante el juicio hechos cruciales que corroboraban su inocencia.

Según la demanda actual, revisada por Truthout, «Vance dio el paso sin precedentes de disculparse por ‘graves e inaceptables violaciones de la ley y de la confianza pública’, y reveló una serie de documentos cruciales de la policía de Nueva York y del FBI que habían sido ocultados fraudulentamente durante más de 56 años».

Más allá de la exoneración

Esta prueba, por fin, de los esfuerzos del Estado por inculpar a Johnson y Butler planteó, naturalmente, serias incertidumbres sobre los motivos del gobierno y las verdaderas fuerzas que estaban detrás del asesinato. La actual demanda emprendida por Crump, Taylor y su equipo legal se basa en nuevas pruebas que incluyen documentos desenterrados de COINTELPRO (el infame «Programa de Contrainteligencia» del FBI) y otras fuentes de la agencia y de la policía de Nueva York; el descubrimiento de estas pruebas ha facultado a los demandantes y a sus abogados para alegar con credibilidad que esas organizaciones tuvieron un papel directivo en el asesinato y en su posterior encubrimiento.

En la querella presentada por el equipo jurídico, dilucidan sus alegaciones contra el Estado con gran detalle. «Este caso trata de la relación corrupta, ilegal e inconstitucional entre las fuerzas del orden, incluidos los aquí demandados, y asesinos despiadados que no se controló durante muchos años y que fue activamente ocultada, condonada, protegida y facilitada por agentes gubernamentales», reza el texto introductorio de la demanda, con los autores “incluidos, entre otros, los demandados y sus agencias, lo que en última instancia condujo al asesinato orquestado de Malcolm X”.

El abogado Benjamin Crump profundizó en estas acusaciones durante su conversación con Truthout. Por ejemplo, la falsa acusación y los arrestos de Johnson y Butler, alega el equipo legal, fueron «parte de la manipulación del FBI y COINTELPRO». No es sólo nuestra teoría, hay documentos muy sólidos de COINTELPRO que llevan a esa conclusión. Y esa es la razón por la que J. Edgar Hoover y muchos de sus agentes e importantes supervisores en Washington son nombrados como acusados en nuestra demanda, debido a COINTELPRO y porque estaba dirigido contra Malcolm y Elijah Mohammed de la Nación del Islam», dijo Crump.

Dado que Johnson y Butler fueron exonerados por la investigación separada de 2021, esta demanda entra en un nuevo terreno. Para empezar, la demanda acusa a la policía de Nueva York de ser consciente de la amenaza inminente contra la vida de Malcolm X, «pero no intervino en su favor». Ominosamente, el NYPD revocó el destacamento policial que se había concedido a Malcolm X a raíz de las amenazas de muerte. Además, según la demanda, «la policía de Nueva York, en coordinación con los demandados federales, retiró intencionadamente a sus agentes del interior del salón de baile donde Malcolm X fue asesinado».

Y lo que es aún más atroz, hay pruebas de que el Estado se coordinó para neutralizar al propio destacamento de seguridad no policial de Malcolm X. Como explicó Crump a Truthout, Raymond Wood, un informante e infiltrado de la policía, «implicó a los guardaespaldas de Malcolm. Dos de ellos se han presentado ahora y nos han dado declaraciones juradas. Se trata de hombres negros mayores, que nunca habían hablado públicamente de esto. Pero los implicó en un complot para volar la Estatua de la Libertad». Los guardias fueron detenidos como sospechosos de este complot caricaturesco.

Esta acusación no sólo era descabellada, sino que la policía reciclaría más tarde la absurda idea e intentaría culpar a otros. Crump dijo: «Es una locura. Utilizaron la misma acusación para perseguir a muchos líderes negros en Nueva York. No se les ocurre nada nuevo. Lo utilizaron con sus dos guardias de seguridad, una semana antes de que lo asesinaran; discutimos para que desparecieran de la escena. ¡Y luego lo utilizaron con los Panteras Negras en Nueva York!».

Wood, el informante, fue quien instó a los guardaespaldas a perpetrar el atentado. «Creemos que fue una trampa», añadió Crump. Una confesión de Wood en su lecho de muerte sobre las órdenes de sus superiores de la policía de Nueva York y del FBI es una prueba clave para demostrar esa afirmación y la amplia implicación de las agencias.

Resultó que el entorno de Malcolm X, sus guardaespaldas, la Nación del Islam y muchas otras partes implicadas habían sido minuciosamente infiltrados por la policía y el FBI. (En general, COINTELPRO tenía archivos sobre todas las principales organizaciones de derechos y líderes negros de derechos civiles, e incluso figuras culturales, y había emprendido campañas contra ellos).

Como resultado, tanto informantes como agentes oficiales de la policía y del FBI estuvieron presentes en el asesinato. En la demanda se acusa de que «los acusados federales tenían personal, incluido personal encubierto, en el salón de baile durante el asesinato y no protegieron a Malcolm X de un daño conocido». En conjunto, y basándose en las pruebas de revelaciones irrefutables, la demanda afirma que las acciones del Estado apuntan a un motivo claro: «los acusados federales alentaron el asesinato de Malcolm X». Después, «se dedicaron durante décadas a encubrir su fechoría».

Mayores probabilidades en un largo camino

A pesar de las numerosas pruebas disponibles, acusar a las agencias federales más poderosas y secretas del país no será tarea fácil. Sin embargo, la importancia de tal esfuerzo, para la familia Shabazz y para la historia, justifica la desmesurada dificultad. Contactado por Truthout, G. Flint Taylor, del People’s Law Project, coasesor en el caso, dijo: «Estamos definitivamente preparados para la tarea. Una admisión, con algún tipo de compensación significativa para las hijas y la familia de Malcolm X, contribuiría en gran medida a corregir el grave error en materia de derechos humanos en el que todos estamos de acuerdo en este momento. Aquí hubo un grave error, el gobierno estuvo implicado, la policía de Nueva York estuvo implicada».

Taylor continuó: «El hecho de que hayan destruido algunas de las pruebas a lo largo de tantas décadas, y de que algunos de los testigos hayan muerto a lo largo de las décadas, no significa que en este momento los poderes fácticos no puedan considerar esto, en particular como una cuestión de reparación y de justicia final, más que como un simple caso legal».

A pesar de lo que muchos comentaristas de la corriente dominante insistirían, el Estado no ha cambiado su forma de actuar de manera voluntaria y compasiva. Campañas como COINTELPRO no han cesado; sólo han mutado. La policía y los investigadores federales siguen siendo los instrumentos de un Estado opresor. Como comentó Crump: «Se habla de que atacan a estos grupos de identidad, estos grupos de identidad racial, y con Malcolm X, la Nación del Islam, y Martin Luther King y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur hace 50 años. Pero hoy son Black Lives Matter y otros jóvenes líderes negros los que han sido atacados. Por eso es tan importante».

De hecho, hay abundantes pruebas de la continuación de tácticas similares contra los organizadores negros y la izquierda por parte de las fuerzas del orden federales y locales (por no hablar del incesante aluvión diario de asesinatos de negros a manos de la policía). Los cambios en las normas y la relajación de las protecciones han permitido todo tipo de tácticas, desde la vigilancia sin orden judicial, la infiltración mediante el uso de informantes y agentes provocadores, y un sinfín de otros planes conocidos y desconocidos.

Kamau Franklin es un organizador con décadas de experiencia y fundador de Community Movement Builders, además de escritor, exabogado y director de campaña, entre otras cosas. Como Franklin le comentó a Truthout por correo electrónico: «Desde la posición de alguien que se organiza hoy y ha estudiado un poco cómo funcionaba COINTELPRO, es obvio que la campaña para desbaratar y destruir la organización de los negros (así como la organización de la izquierda en general) nunca ha cesado. Seguimos viendo historias de informadores que intentan tender trampas a los organizadores y el etiquetado de la organización negra como ‘extremistas de la identidad negra’».

Franklin mencionó el caso de los Uhuru 3, organizadores socialistas negros detenidos a finales del año pasado en Florida acusados falsamente de espiar para Rusia; fueron condenados por un cargo de conspiración, pero, en una victoria de la libertad de expresión, sólo pasaron por libertad condicional. (Las redadas policiales de este tipo contra izquierdistas evocan inevitablemente los tiempos de A. Mitchell Palmer).

Franklin también citó las atroces acusaciones de «terrorismo doméstico» formuladas contra manifestantes de Cop City.

Tales prácticas son «una clara extensión de las tácticas y estrategias de COINTELPRO a la era moderna», dijo Franklin. Programas parecidos a COINTELPRO «se despliegan hoy contra nuestros movimientos».

El caso Shabazz pone de manifiesto estas antiguas tensiones. Como concluyó Benjamin Crump, «los negros de Estados Unidos tienen que rendir cuentas por la violencia intencionada, la discriminación y la opresión que sufren». El hecho de que Betty Shabazz se fuera a la tumba sin haber recibido nunca una medida real de justicia… Nada reemplazará lo que les fue arrebatado y lo que han tenido que experimentar durante todas estas décadas. Pero creo que conseguir justicia les daría una pequeña medida de reivindicación».

Gracias a los esfuerzos de Betty Shabazz, el mismo salón de baile Audubon donde tuvo lugar el acto se ha transformado parcialmente en el Centro Shabazz, un museo y un monumento a Malcolm X. Allí, de pie junto a Benjamin Crump, en una rueda de prensa celebrada en noviembre para anunciar la demanda, Ilyasah Shabazz habló de su madre Betty, que «convirtió este lugar, que representaba el trauma y la tragedia… en un lugar de triunfo, no para ella, sino para otros, para que fueran los beneficiarios de la obra de mi padre. Para que esta joven generación lleve adelante su trabajo, para que podamos conseguir una apariencia de verdad y justicia para todos aquellos que han sido injustamente asesinados».

Continuó: «Estoy agradecida de estar aquí con mis hermanas, y con un competente grupo de expertos legales, mientras buscamos justicia por el asesinato de nuestro padre. La verdad quedará registrada en la historia».

*Nota original: 60 Years After Assassination of Malcolm X, a Lawsuit Aims to Uncover the Truth.
Traducido por Sinfo Fernández en Voces del Mundo.
Tyler Walicek es un escritor y periodista independiente que es redactor jefe de Protean Magazine y está afincado en Portland, Oregon.

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