8 de Caixabank: la jueza mantiene la decisión de realizar la vista a puerta cerrada

8 de Caixabank: la jueza mantiene la decisión de realizar la vista a puerta cerrada

Por Cecilia Remis. LQSomos.

La magistrada confirma, su decisión, en un auto que el juicio se celebrará a puerta cerrada, aunque de momento ha suspendido la vista señalada para el 5 de abril, a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial, desestimando así el recurso de las defensas, compartido por la Fiscalía, para que el juicio se celebrara como ‘vista pública’

Una preocupante decisión que vulnera el derecho a una audiencia pública para los y las activistas acusadas

El juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara, con su jueza al frente: María del Carmen Molina, ha desestimado el recurso contra la celebración a puerta cerrada del juicio a las ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ocuparon la oficina de Caixabank en Cabanillas del Campo, un “perverso delito” por la protesta pacífica dentro de una sucursal bancaria de las activistas de la PAH, a las que si se las puede acusar de algo es de conseguir negociar hipotecas, evitar desahucios, dar apoyo y solidaridad, y que no haya ni personas ni familias sin casa.

Señala en el auto que “el derecho a un juicio público puede ser limitado, entre otras, por razones de orden público, moralidad… protección de menores, etc.”. Y la jueza, María del Carmen Molina, considera en ese caso es “oportuno y prudente que la Vista se desarrolle a puerta cerrada para evitar circunstancias adversas que podrían poner en peligro la seguridad personal de los intervinientes”. Confirmando así su decisión de celebrarlo a puerta cerrada “por razones de moralidad, orden público y salubridad”, señala la resolución.

Esta decisión, que se adopta contra el criterio de la Fiscalía, es contraria a los estándares internacionales sobre juicio justo, que consideran la audiencia pública como una garantía esencial de la imparcialidad e independencia del proceso judicial

La Fiscalía no veía motivos para que fuera ‘a puerta cerrada’, por eso el Fiscal, Bernardino Díaz, había pedido también la celebración del juicio como vista pública adhiriéndose a la petición de las defensas y señalaba que “las partes tienen el derecho a que el juicio sea público, no constando motivo alguno para que el acto de la vista del juicio oral se tenga que celebrar a puerta cerrada […] Todo ello, sin perjuicio de que se limite el acceso a la sala, teniendo en cuenta el aforo de la misma y que si se prevé la posibilidad de algún altercado, se ponga en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.

Para la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara las manifestaciones de la magistrada en este auto son gravísimas. Dicen que no solo prejuzga a sus compañeras, sino que “atribuye el papel de alborotadores tanto a las personas que nos quieran acompañar como a los observadores de los organismos de Derechos Humanos […] falta de imparcialidad objetiva, ya que las premisas que utiliza para suprimir la garantía de la audiencia pública están basadas, por un lado, en un prejuicio ideológico, y por otro, en una mentira. En este escenario, ¿va a ser un juicio justo?, ¿alguien en su sano juicio se pondría en manos de esta jueza?”. Desde la Plataforma no entienden que el juicio vaya a estar vedado al público que quiera acompañar a los encausados y a la prensa.

El derecho a una audiencia pública supone que al igual que las partes implicadas, la sociedad en general y los medios de comunicación tienen derecho a asistir. Al igual que los observadores independientes, tienen derecho a estar presentes, para formarse una opinión sobre el cumplimiento de garantías. Cerrar las puertas a un juicio de interés público afecta al derecho a recibir información y es una grave restricción contra las defensoras de los Derechos Humanos.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara considera que la celebración a puerta cerrada cercena los derechos de los encausados, y mantiene la concentración convocada para el 5 de abril a las 9 de la mañana frente a la sede de Caixabank en la calle Mayor de Guadalajara.

¡Basta de juicios políticos por defender los derechos!

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