Peruanxs en España se pronuncian en defensa de la democracia y los derechos humanos

Por Colectivos de Peruanxs en España

El Colectivo contra el Indulto y la Impunidad de Barcelona, Peruanxs en Euskalherria, Peruanxs en Madrid, Peruanxs en Murcia y Comunidades peruanas: Artes y Ciencias por justicia social en Barcelona han expresado su “solidaridad y apoyo a las familias de las personas asesinadas y heridas por el régimen de Dina Boluarte, así como a los diferentes colectivos, movimientos y organizaciones sociales que participaron en la Marcha Nacional del 27, 28 y 29 de julio en Lima y distintas ciudades del Perú”.

Ante un aniversario más de las fiestas nacionales, en un pronunciamiento colectivo hecho público por las peruanxs residentes en el territorio del estado español, señalan que a “Un año y siete meses después de la vacancia de Pedro Castillo, el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte y el Congreso de la República, encabezado por la organización criminal fujimorista y sus cómplices, siguen secuestrando las instituciones del Estado, con el fin de mantenerse en el poder, garantizar la impunidad y generar condiciones para un fraude electoral en las próximas elecciones generales”.
Como prueba de ello destacan “La modificación de 53 artículos de la Constitución que permiten, entre otras cosas, la reelección congresal y el retorno a la bicameralidad que la población rechazó en el Referéndum del año 2020”.
También denuncian “El blindaje congresal a Dina Boluarte por su responsabilidad directa con las masacres durante las protestas ciudadanas de Andahuaylas, Huamanga y Juliaca, en las que más de 60 peruanas y peruanos fueron asesinados y cientos de personas resultaron heridas”.

DINA BOLUARTE GARANTIZA LA IMPUNIDAD DE GENOCIDAS

En su escrito -dirigido al embajador de Perú en el reino de España, Luis Carlos Antonio Iberico Núñez y a la Ministra Consejera de la embajada en Madrid, Elfy Nancy Rojas Valdez- denuncian “La aprobación de la ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad que impedirá juzgar violaciones de derechos humanos cometidas antes del año 2002, desacatando obligaciones adquiridas en Convenios y con Organismos Internacionales. Esta ley encubre una amnistía, obstaculiza la justicia y vulnera el derecho a la verdad y reparación para las víctimas del periodo más cruento de la historia republicana del Perú, como fue el Conflicto Armado Interno”. Carta pronunciamiento
Asimismo, los colectivos de peruanas y peruanos residentes en el Estado español denuncian “La infame excarcelación del genocida y corrupto Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad”.
Acusan al ilegítimo gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de modificar la ley contra el crimen organizado, favoreciendo de esta manera a las redes delincuenciales y a la corrupción, una maniobra legislativa que agrava la inseguridad ciudadana y posibilita la entrada de grupos criminales a espacios de poder político.
Al mismo tiempo, y a un año y siete meses de la vacancia de Pedro Castillo, se criminaliza a las organizaciones sociales y la protesta, además del control y censura del cine peruano.

AUMENTA LA POBREZA EN UN 30 POR CIENTO
“Todo ello ha ocurrido mientras la pobreza se incrementó hasta el 30%, alcanzando niveles comparables a los de la pandemia, y los asesinatos de defensores de la tierra siguen aumentando como resultado de su permanente y legítima resistencia al extractivismo, al tráfico de tierras, al narcotráfico y la complicidad del Estado”.
En su pronunciamiento las organizaciones: Colectivo contra el Indulto y la Impunidad de Barcelona, Peruanxs en Euskalherria, Peruanxs en Madrid, Peruanxs en Murcia y Comunidades peruanas: Artes y Ciencias por justicia social en Barcelona demandan lo siguiente:
“El cierre del Congreso golpista y corrupto y la renuncia de Dina Boluarte. Nuevas elecciones y un espacio para el diálogo nacional encaminado hacia un proceso constituyente. Verdad, justicia y reparación para las víctimas del régimen de Dina Boluarte. Dejar sin efecto la ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. El regreso a la cárcel del asesino y delincuente Alberto Fujimori y que nunca pueda presentarse como candidato presidencial o cualquier otro cargo político. Liberación de las personas detenidas y judicializadas por ejercer su derecho a la manifestación. El respeto al derecho a la protesta, el fin del “terruqueo” y del intento de control de las organizaciones sociales, sobre todo aquellas que defienden los derechos humanos y de los pueblos originarios de nuestro país. Apoyamos y acompañamos las movilizaciones de nuestros hermanos”.
Finalmente, las residentes en el Estado español expresan su apoyo y acompañamiento a las movilizaciones de “nuestros hermanos y hermanas que están poniendo el cuerpo para construir escenarios de esperanza, confianza y justicia para todas las personas y pueblos del Perú”.
¡Por una democracia y un Perú de todas las sangres!