Por Andrés Ruggeri*

En este artículo intentaremos mostrar la problemática sin centrarnos en lo evidente (la discriminación, el racismo, el fascismo) de los dichos y acciones de Trump y sus seguidores, para indagar sobre los procesos y las dinámicas de explotación de la mano de obra migrante que subyace a estas políticas e intentar entender lo que está pasando y sus diferencias con etapas anteriores.

Los alcances y los límites de las políticas antinmigrantes de Donald Trump

¿Hasta dónde va a llegar Donald Trump con sus promesas de deportación masiva de migrantes, especialmente latinoamericanos? Es probable que no demasiado lejos. Las deportaciones espectaculares le sirvieron para presionar a gobiernos latinoamericanos como el de Petro o Sheinbaum y crear un clima de terror dentro de la población migrante, incluso la “legal”, fomentando un clima de autoritarismo cercano al fascismo que va más allá de la situación migrante.

Alardes contra los más vulnerables

El 2 de marzo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció pomposamente que “la invasión a nuestro país ha terminado”, y reforzó esa idea en su discurso frente al Congreso norteamericano, apenas dos días después. Se refería, por supuesto, a la masiva afluencia de inmigrantes que llegan, desde hace décadas, a la poderosa nación del norte para trabajar y buscar una vida mejor que la que viven en sus países de origen. La prueba, en palabras de Trump, eran las cifras de detenciones en la frontera, apenas 8.326 en un mes frente a las más de 140.000 ocurridas en febrero de 2024, durante la presidencia de Joe Biden. El alarde del magnate forma parte de la catarata de anuncios rimbombantes, medidas expeditivas e iniciativas efectistas que caracterizaron el mes y medio escaso que lleva su presidencia.

No es por casualidad que Trump empezara su segundo mandato con una serie de acciones contra los migrantes indocumentados, el sector más vulnerable de la población de los Estados Unidos, y los migrantes “latinos” en general. Desde el mismo día de su asunción, el 20 de enero, las medidas antinmigrantes destacaron por su espectacularidad y crudeza. A la militarización creciente de la frontera, el endurecimiento normativo y las deportaciones brutales, hay que sumarles el uso de las expulsiones de trabajadores indocumentados como forma de presión política sobre gobiernos latinoamericanos, en especial aquellos que no comulgan con la ideología del trumpismo. Este aspecto extorsivo es una de las novedades, no en Donald Trump, que hizo de esa práctica una constante de su carrera, tanto política como empresaria, sino de las políticas migratorias. Combinada con otras amenazas de tipo económico, básicamente la imposición de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos, el efecto de esta hiperactividad agresiva es abrir negociaciones sobre cuestiones que ni siquiera estaban en agenda desde una posición de fuerza. Un ejemplo claro de esta táctica se dio con Colombia, cuando el gobierno de Gustavo Petro rechazó el aterrizaje de un avión repleto de migrantes deportados, incluso niños, en condiciones inhumanas, encadenados, como el propio presidente colombiano denunció. Sin embargo, y a pesar de los intercambios de cartas y declaraciones, Colombia finalmente aceptó a los deportados y se vio obligada a firmar un acuerdo con los Estados Unidos sobre el tema. Situaciones similares vivieron desde Claudia Sheinbaum, la presidenta de México (sin dudas, la situación más compleja, como veremos a lo largo de este articulo) a Nicolás Maduro, con disimiles resultados y respuestas según la vulnerabilidad del país en términos políticos y económicos y a su proximidad o enfrentamiento con los Estados Unidos o con el propio Donald Trump.

Un sistema silencioso de expulsión

A pesar de todo esto, las deportaciones en masa prometidas por el presidente republicano no se han producido, o por lo menos no en el número anunciado, más allá de la propaganda. Las detenciones y deportaciones de los gobiernos demócratas precedentes (Obama y Biden) fueron similares o superiores a las de Trump, tanto en su primer mandato como en el corto período que lleva de gobierno. Entonces, ¿se trata de una de las típicas exageraciones del presidente estadounidense, o hay cambios sustanciales en la política migratoria que exceden a los números?

María Bilbao, una activista argentina por los derechos de los migrantes —y ella misma inmigrante residente en el estado de Florida—, hace notar un fenómeno diferente a gobiernos anteriores, inclusive el primer gobierno de Donald Trump. “Si bien Obama y Biden también deportaron, era una situación que se daba generalmente en la frontera. Lo que está pasando ahora es que hay inseguridad en todos lados, hay un sistema silencioso de expulsión, detenciones sorpresivas, desmantelamiento de los sistemas de protección temporal y de acceso a la estabilización de la situación del migrante, no son solo las expulsiones”. Lo que Bilbao describe es la instalación de un clima de terror entre la población migrante, especialmente la más precaria, los indocumentados que luchan por instalarse legalmente y que, generalmente, están en las peores condiciones laborales y de acceso a condiciones dignas de vida.

La violencia en la frontera, en la forma de mayor militarización (y paramilitarización a través del fomento de milicias antinmigrantes) se corresponde también con un aumento de la agresión y las prácticas humillantes hacia las personas atrapadas en las redes que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad despliegan para la cacería de “ilegales”. Una de las cuestiones más complejas es la destrucción selectiva del Estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) establecido a lo largo de los años para diferentes nacionalidades, para dar asilo a raíz de situaciones críticas, tanto las genuinas como las provocadas y fomentadas por los propios Estados Unidos. “A los haitianos, que son medio millón en los Estados Unidos”, explica Bilbao, “Trump le quitó la protección, lo mismo que a otras nacionalidades”. Las personas que accedieron al TPS deben presentarse periódicamente en las oficinas del ICE para atestiguar su presencia en el lugar de refugio, pero ese trámite se convirtió en una emboscada. “Hay gente que fue con su coche hasta la oficina del ICE y no volvió, el auto quedó estacionado en las cercanías una semana, sin que sus familiares ni nadie tuvieran noticias, y resultó que lo habían dejado preso y deportado en cuestión de días, sin dar aviso a nadie”. El relato de Bilbao da cuenta de un clima intimidatorio contra los migrantes, no solo los más expuestos sino también los que hasta hace poco se sentían seguros, que incluso está provocando que muchos quieran volver a sus países o ya lo estén haciendo. Desde esa perspectiva, la política del gobierno republicano no solo es efectiva, sino que constituye un grado superior de hostilidad hacia este sector de la sociedad estadounidense.

Los propósitos de Trump

A pesar de todo este despliegue y la propia exaltación de los resultados presentados como “el fin de la invasión”, no son pocos los interrogantes que surgen de la situación. El primero y más obvio es cuáles son los objetivos de estas políticas del trumpismo. Las preguntas rondan alrededor de si realmente quieren una deportación masiva de migrantes, con el perjuicio evidente a la propia economía norteamericana en la que la migración está ampliamente imbricada, si se trata de una maniobra para satisfacer a su base electoral o, una vez más, es una estrategia regulatoria de la migración destinada a vulnerar aún más a los migrantes y, por lo tanto, abaratar los costos de su empleo como trabajadores.

Bilbao cree que se trata de una combinación de esas tres cuestiones. “Trump está queriendo contentar a su electorado, es al mismo tiempo una distracción y un intento real de expulsión masiva, pero tiene un límite, y es que perjudica la economía”. Para ilustrar su opinión cuenta una situación en la que participó como denunciante en el primer gobierno de Trump, en el que los legisladores republicanos del estado de Florida intentaron tranquilizar a los empleadores de migrantes, urbanos y rurales, que se quejaban de la falta de trabajadores por el miedo a la deportación, diciendo que las medidas eran “políticas”, es decir, no iban en serio.

No obstante, la situación actual es mucho más grave y peligrosa. Aterrorizar a la población migrante es coherente con la agresividad del gobierno Trump en otras áreas: contra la “ideología de género” y las diversidades, contra las organizaciones de derechos civiles y sociales, contra el ambientalismo, contra el empleo público, etc., contribuyendo a crear un clima opresivo y autoritario al que gran parte de la población de los Estados Unidos no estaba acostumbrada.

Ana Alicia Peña, socióloga de la Universidad Autónoma de México y autora, entre otros trabajos, del libro “Migración internacional y superexplotación del trabajo”, concuerda con María Bilbao en “el clima de terror”, pero suma una interpretación de la base socioeconómica de estas políticas. Peña señala que “históricamente, las campañas de cierre de fronteras y criminalización de los migrantes han servido para vulnerabilizar a los trabajadores migrantes, hacerlos más controlables y abaratar su fuerza de trabajo en las distintas ramas productivas dónde son utilizados. No es que Estados Unidos vaya a dejar de usar la fuerza de trabajo migrante, solo la está haciendo más vulnerable y violentando en mayor medida”.

En su libro, publicado en 2012 en México, la investigadora señala que la superexplotación del trabajo migrante es, en el capitalismo en general pero en el estadounidense en particular, una herramienta fundamental para la acumulación del capital. Desde el gobierno de Ronald Reagan en la década del ochenta, las políticas neoliberales imperantes buscaron la destrucción del poder adquisitivo de los salarios y los derechos laborales de su clase trabajadora, para lo que se basaron, básicamente, en dos herramientas: la utilización del trabajo migrante en condiciones de superexplotación como variable para bajar salarios y calidad del empleo formal y, por otra parte, mediante las instrumentos de la globalización neoliberal para la movilidad de capitales, la deslocalización de las principales fábricas en países asiáticos o, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, en inglés), en México.

El plan de Trump, desde este punto de vista, parece claro, apuntando a reducir la mano de obra migrante (convirtiendo sus condiciones de explotación en todavía peores) y a una agresiva política comercial, elevando aranceles a las importaciones de países como China o México para lograr el regreso de las terminales industriales al territorio estadounidense. El resultado de este “proteccionismo” no es equivalente al proteccionismo que encarna nacionalismo económico en países de la periferia, pues las industrias que pretende que retornen son de capitales estadounidenses con sus casas matrices en ese país, ni de “creación de empleo” como lo podríamos entender en la Argentina, ya que la reconstrucción de los puestos de trabajo de la clase trabajadora industrial tradicional de los Estados Unidos, en el caso de producirse, sería a costa de una mayor precarización y superexplotación de los migrantes.

Marco Gómez Solórzano, experto mexicano en sociología del trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, también señala este fenómeno: “Trump apela a sectores de la clase obrera afectados por el traslado de capitales al exterior en búsqueda de condiciones más baratas de producción y por el influjo de fuerza de trabajo mucho más barata que desplaza a los trabajadores de las grandes manufacturas. Tiene que deshacerse de algunos migrantes para volver a emplear a sus seguidores. Por lo pronto, Trump tiene que satisfacer a su electorado y afrontar las consecuencias (especialmente inflación) cuando se presenten”.

La situación de base del fenómeno migratorio

Ana Alicia Peña da cuenta de las dimensiones del fenómeno migratorio en los Estados Unidos: las estimaciones de trabajadores indocumentados oscilan entre los 11 y los 15 millones de personas. De estos, el 60% proviene de México, nacionalidad que, en cambio, sólo es el 23% de la inmigración legal que, según datos de 2022, ronda en los 50 millones de personas. Está claro que la expulsión de semejante masa humana no es algo fácil de resolver, a pesar de las bravuconadas de Donald Trump.

No es solo un problema práctico (incluso de costos) sino de la dinámica social y laboral que explica la presencia de esta población, que no es una “invasión” sino una necesidad de la acumulación de capital, en el centro neurálgico del capitalismo mundial.

Como explica la investigadora de la UNAM, la migración de fuerza de trabajo se da por la confluencia de una necesidad del capital en los países receptores con graves problemas sociales y económicos en los países de origen, que impulsan a sectores de su población a la búsqueda de mejores condiciones de vida. El empleo de estos trabajadores se da en distintas condiciones de acuerdo con la necesidad a cubrir. “La población migrante facilita que se llevan adelante los procesos económicos porque provee la mano de obra necesaria, tanto en cantidad como en la calidad que se requiere. No sólo es fuerza de trabajo con baja calificación, sino que es muy diversa y apuntala una gran diversidad de ramas productivas”, explica Peña.

La superexplotación de los más vulnerables, los indocumentados, es la característica principal de estas oleadas de trabajadores que van de los países pobres a las economías más desarrolladas. Superexplotación es, sencillamente, que se les paga menos de lo necesario para la reproducción de su fuerza de trabajo, situación que es provocada no por el hecho de migrar o ser extranjero, sino por la vulnerabilidad de su condición: lejos de sus familias, de su cultura, de sus redes familiares y sociales que colaboran con recursos, alimentos, vivienda, cuidados. Son susceptibles de ser presionados por los empleadores, debido a su “ilegalidad”, a cobrar salarios más bajos, junto a todo tipo de abusos. Su misma condición de indocumentado le impide, con frecuencia, el acceso a beneficios sociales, educación y salud pública. El hecho de, además, enviar parte de su ahorro para sus familias de origen obliga a jornadas extensas y empeora sus condiciones de vida en el país receptor. El miedo a ser deportado profundiza esa separación.

Tanto Peña como Gómez Solórzano coinciden en que esta situación no va a cambiar, sino que va a empeorar. Cuanto más feroz y amenazante es la persecución a los migrantes, cuanto más difícil es entrar al país, más vulnerables van a ser los trabajadores y más explotados van a estar, es decir, más barata será su fuerza de trabajo. La apuesta de Trump, desde este punto de vista, o es cínica o está destinada al fracaso, debido a las dimensiones de la población migrante de los Estados Unidos y la profundidad de su inserción en todos los sectores de la economía. Lo que sí está claro es que, al depositar en los inmigrantes no solo la culpa de la destrucción de los empleos, sino de muchos otros males sociales como el narcotráfico, la delincuencia y hasta las violaciones, alimenta el morbo de una parte importante de su base electoral a la que debe dar satisfacción.

La situación en los países de origen y la resistencia

El lado B de toda esta situación son sus consecuencias en los países de origen de la inmigración. Ya señalamos que las deportaciones agresivas de los primeros días del gobierno de Trump obligaron a varios gobiernos a negociar con los Estados Unidos acuerdos que van desde la custodia de la frontera hasta la construcción de cárceles y centros de recepción (forzada) de deportados, incluso de terceros países.

En lo estructural, la migración masiva en países con economías subdesarrolladas funciona como una válvula de escape a tensiones sociales insoportables, desviando una parte de la masa laboral empobrecida hacia los países centrales que demandan mano de obra. A su vez, también reciben remesas de estos migrantes que fortalecen su economía. Hasta ahí parecieran todas ventajas, por lo que un regreso masivo de migrantes agudizaría conflictos y provocaría una crisis de acceso a divisas (situación esta última que, por medio de políticas de bloqueo, intenta Estados Unidos provocar en Cuba desde hace décadas).

Sin embargo, la pérdida de trabajadores a través de las oleadas migratorias también debilita la capacidad económica de los países, provoca costes sociales y culturales además de económicos y, aunque las remesas en algunos casos representan una parte sustancial de sus ingresos totales (especialmente en las pequeñas naciones centroamericanas), suele ser más importante el aporte económico en reproducción y en formación de la fuerza laboral que los países de origen hacen a los receptores que al revés. “La población se reproduce en sus países (crece, se educa, tiene un tipo de alimentación y calificaciones laborales) y eso tiene un costo económico y social, toda esa riqueza que significa la población de un país se traslada a otro, para ser usada ahí sin ningún costo para el país de inmigración”, explica Peña. “De alguna manera, es un saqueo de un recurso importantísimo de un país”, que sirve a la acumulación capitalista en el país receptor. Por otra parte, el retorno de trabajadores en forma forzada provocaría en breve plazo una crisis importante en estos países, lo que los hace aún más vulnerables a las amenazas del presidente norteamericano.

El caso más complejo parece ser, una vez más, el mexicano, el país con mayor cantidad de migrantes y con una larga y conflictiva frontera con los Estados Unidos. Marco Gómez señala que depende de la magnitud de la masa de trabajadores expulsados la repercusión del conflicto. México se comprometió con los Estados Unidos a desalentar la migración transfronteriza y, al mismo tiempo, eso significa crear oportunidades laborales en el propio país. Lo significativo de la propuesta de Claudia Sheinbaum es que ofrece estas políticas “a todos los migrantes que decidan, tratando a esos trabajadores como víctimas de la política errática e irresponsable de Trump, prometiendo hacer lo necesario para reintegrarlos a la economía” y, complementariamente, “ha propuesto a los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica un plan conjunto de inversiones y pacificación para eliminar las causas que originan la emigración”. En México, esto significa también canalizar esta mano de obra expulsada hacia los «megaproyectos» de infraestructura: ferrocarriles, carreteras, comunicaciones, energía, parques industriales y otros programas que constituyen el corazón de esta etapa del proyecto político y económico del gobierno de Morena. Se trata del remanido dicho “de toda crisis sale una oportunidad”, aunque vaya a ser difícil que Trump vea con simpatía esa manifestación de autonomía.

Sin embargo, además de las condiciones estructurales y las decisiones del poder político, los propios trabajadores migrantes son sujetos y actores de su destino. Aunque existe el fenómeno de los “legalizados” que se identifican con los trabajadores blancos estadounidenses que depositaron en los extranjeros (especialmente los de piel oscura) la culpa de sus males (el famoso “votante latino de Trump”), es importante seguir la reacción de los perjudicados directos. Ana Peña señala que, a pesar del miedo, hay organización no solo para solidarizarse sino para intentar resistir y defenderse, tanto del gobierno como de la población estadounidense hostil.

María Bilbao, que trabaja en una de las ONG que defienden a los migrantes, explica que, si bien las acciones del gobierno son tan agresivas y variadas que “los están mareando”, las organizaciones están intentando imponer recursos judiciales que ayuden a frenar los ataques, como pudieron hacerlo en el primer gobierno de Trump. Pero, especialmente, se dedican a preparar a la población afectada para despertar de cierta ingenuidad y confianza en las instituciones y la democracia de los Estados Unidos, aconsejando cómo comportarse frente a las detenciones, no abrir la puerta a la policía sin órdenes judiciales, a no ir solos a caer en manos de los agentes de migración (que normalmente no se presentan como tales), y acciones similares destinadas a generar conciencia de que incluso los indocumentados tienen derechos.

La movilización y la protesta, a pesar de las condiciones opresivas, va creciendo. A un mes y días de la asunción de Trump, la protesta se va expandiendo, tanto entre la población solidaria como, principalmente, entre los propios damnificados, especialmente en el estado de California y otras regiones lindantes con la gran frontera. Una de las consignas que más se repiten, especialmente entre manifestantes de origen mexicano, ironiza con el lema del trumpismo MAGA (Make America Great Again), transformado en Mexicans Ain’t Going Anywhere (los mexicanos no van a ninguna parte). No se van, no quieren irse y no tienen por qué hacerlo. La fuerza de Donald Trump, avasalladora, puede estar empezando a encontrar su límite.

* En Tektónikos.
⇒México en LoQueSomos

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