Agotamiento de ciclo y República
PSOE y PP, la misma cosa es. Hasta noviembre de 2011, el PP denunciaba desde la oposición la política antisocial del gobierno del PSOE y su servidumbre al poder económico internacional. Poco después, desde el gobierno, el PP aplica con más intensidad las políticas que criticaba. Hoy, el PSOE en la oposición critica al PP por la reforma laboral, los recortes presupuestarios y el servilismo a la Comisión Europea, como si no tuvieran nada que ver con lo que él hacía meses atrás.
La demagogia de la izquierda política y sindical, cómplice y víctima de las políticas neoliberales, favorece el ascenso electoral de la derecha. Por eso, el gobierno del PP carga sin piedad los excesos de bancos y especuladores sobre el pueblo trabajador y finiquita las leyes que protegen el trabajo, el sindicalismo y las libertades para los de abajo.
La columna vertebral de nuestra monarquía parlamentaria de mercado es el bipartidismo PSOE-PP. Este régimen muestra su incompatibilidad con el Estado Democrático y Social de Derecho que en su art. 1 consagra la Constitución Española. En lo que les conviene, los partidos constitucionalistas se comportan como “antisistemas”.
¿No nos representan? PP y PSOE representan, conjuntamente, a más del 70% de los votantes españoles. Sumando los votos de toda la burguesía y de la mitad de los autónomos, el PP no llegaría al 50% de sus casi 11 millones de votos. ¿Por qué cinco millones de trabajador@s votan a un partido neoliberal y neofranquista? El PP, hasta ahora, no ha pagado ningún coste electoral por aplicar políticas neoliberales extremas, porque en las dos legislaturas (1996-2004) que ha gobernado, lo ha hecho en un ciclo de auge económico. El Acuerdo en Defensa del Empleo Estable, que inició la rebaja de la indemnización por despido en mayo de 1997, fue firmado por CEOE-CEPYME-CCOO-UGT bajo el patrocinio del gobierno del PP. El intento de Aznar de modificar las prestaciones por desempleo cinco años después, fue impedido (junio de 2002), por una huelga general en el contexto del Movimiento contra la Europa del Capital, la Globalización y la Guerra, sin que tuviera efectos sensibles en su estimación de voto.
“La madurez ciudadana” en las democracias de mercado acepta, como algo normal, los abusos y las corruptelas de los señoritos de toda la vida (todos somos Berlusconi) pero no a una izquierda que, proponiéndose como alternativa a la derecha, vende su alma por entrar en las instituciones del estado y está envuelta en escándalos y corrupciones.
La dura crisis económica de la Transición política (1977-1982) coincidió con el gobierno de la UCD. De 1982 a 1996 y de 2004 a 2011, el gobierno del PSOE – con la única excepción de la Huelga General del 14 de diciembre de 1998 que le obligó a retirar su Plan de Empleo Juvenil -, aplicó políticas neoliberales para aumentar la competitividad de la economía española e incluirla en la Europa del Euro. Al amparo de políticas monetaristas y globalizadoras, el PSOE ha precarizado y segmentado el mercado de trabajo, permitiendo a los empresarios un fraude de ley estructural y permanente respecto a la duración de los contratos y las causas del despido que, con las sucesivas reformas laborales, han ido pasando de realidades ilegales a legales. Esta impunidad ha permitido y permite trasladar las inestabilidades de la economía del mercado global a las condiciones de vida y trabajo de la población. Lo que nos pasa ahora no ha empezado ayer, pero todo se está haciendo con nuestros votos.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En la última legislatura del PSOE, la sumisión del gobierno a las políticas neoliberales de Berlín – Bruselas y del Fondo Monetario Internacional, colocan a la economía española en vías de desarrollo hacia la inseguridad del llamado “tercer mundo”. Más allá de sus diferencias, se hace transparente la unidad de PP y PSOE para sustentar una monarquía comprometida con la especulación y la utilización de la crisis para disciplinar a los de abajo.
Tenemos uno de los mercados de trabajo más flexibles del mundo. Entre octubre de 2008 y marzo de 2009, se destruyeron 9000 puestos de trabajo diarios. En cuatro años hemos pasado de 2,1 a 5,4 millones de parados (datos EPA). Desde 2008, la especulación de bancos e inmobiliarias ha expulsado de sus casas a más de 200.000 familias. Estamos en la vanguardia europea de cultivos transgénicos y epidemias alimentarias por comida basura. Las empresas públicas han sido despedazadas y privatizadas. El mercado avanza contra la protección pública a la salud, la educación y la vejez. La población reclusa se ha multiplicado por 5 en los últimos 30 años. El alcoholismo y la drogadicción de masas constituyen, junto al individualismo y el sedentarismo tecnológico, la diversión preferente de nuestros adolescentes y jóvenes. Ha desaparecido la división de poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Los ministerios son ocupados por representantes de las multinacionales, responsables de las crisis financieras y franquistas que, todos a una, rebobinan 37 años de democracia consentida en una nueva transición hacia la dictadura parlamentaria del capital.
La población española ha sufrido en 80 años la violencia de un golpe de estado, una guerra civil y una dictadura, al final de la cual, la izquierda cambió la construcción de la democracia por su propia legalización cancelando la movilización popular que ella misma había propiciado. Esto explica por qué nuestra identidad ciudadana es una amalgama de consumismo, nacionalismo español, fascinación tecnológica, descompromiso político y sumisión.
¿Qué se vayan todos? Sin la izquierda capitalista, la derecha no habría avanzado tanto desde dentro de la democracia. Aunque nadie se cree nada, l@s beneficiari@s del bienestar del mercado y del estado no se van a arrepentir voluntariamente y seguirán abusando mientras les demos nuestro apoyo. Por otro lado, si se fueran ¿quién se va a poner en su lugar?
La verdadera pregunta es: ¿Qué nos tiene que pasar para dejar de ser perdedor@s que sólo desean ser triunfador@s? De una cosa podemos estar seguros, la política, como participación en lo privado, lo público y lo común, no puede limitarse a un teatrillo electoral en el que discutimos, como si fuéramos conejos, si elegimos a los galgos o a los podencos.
¿Se va a acabar la paz social? La gobernanza capitalista ha entrado en un ciclo presidido por la inestabilidad. Para mantener la obediencia, en plena pérdida de legitimidad, lo que no resuelven la política y la economía, lo va a resolver la policía. Las grandes tempestades que cambian la sociedad no las creamos los militantes sino, antes o después, la violencia de los explotadores. En un capitalismo global sin raíces, sin futuro, sin empleo y sin alma, la democracia se reduce a elegir entre obediencia o represión. Sin pluralismo ni alternancia política real en los sucesivos gobiernos, millones de personas pierden el empleo, la vivienda, la protección social y la autoestima. Sin embargo, de esta situación calamitosa puede surgir un gran movimiento popular por la democracia y la emancipación social.
La izquierda cómplice, autodestruida por su traición, intenta canalizar el malestar social como un recurso para recuperar el poder. No podemos acudir a sus convocatorias como si no les conociéramos pero, menos aún, dar la espalda a las grandes movilizaciones que, contra el PP y por sus propios intereses electorales, convoca la socialdemocracia política y sindical.
Desde el 15 de mayo de 2011, los movimientos sociales del estado español disponemos de un instrumento propio para la expresión del descontento social en sus múltiples manifestaciones. Por su carácter estatal, plural y democrático, el 15-M -más allá de sus propias ambigüedades y patologías- ha ocupado precariamente el vacío de representación popular en el terreno de “lo político” y contiene la posibilidad de un proceso constituyente anticapitalista. A los nueves meses de su nacimiento este movimiento demuestra su madurez al sumarse, con sus propios contenidos, a una huelga general apoyada por la izquierda institucional. Hoy, en el Estado Español el terreno de la unidad de la izquierda es la calle y no el parlamento. El encuentro de millones de personas en las luchas locales y en las luchas generales – las convoque quien las convoque – es la prueba para identificar la izquierda y la democracia frente a la derecha y la tiranía.
En un contexto de precariedad, desempleo, desigualdad social, corrupción de la clase política y restricción de las libertades civiles, amplios sectores sociales podrían sumarse a un proyecto de regeneración democrática. Para la acumulación de poder constituyente democrático, es mejor que el PSOE esté en la oposición porque ya hemos visto lo que da de sí en 21 años de gobierno. Las alternativas electorales capaces de acabar con el gobierno de los bancos serán consecuencia – y no premisa – de un periodo de sufrimientos y confrontación con el actual régimen.
El camino para acabar con el fascismo que crece desde dentro de la monarquía (nunca lo hemos extirpado) se llama República Constituyente, único marco de normalización política en el que los pueblos, las clases explotadas, las mujeres y l@s ciudadan@s se autodeterminan y se apoyan mutuamente respecto a los poderes que les sojuzgan para construir una convivencia en paz y seguridad para tod@s.
* Publicado en CAES – Centro de Asesoría y Estudios Sociales