Apartheid en las aulas, universidad sin futuro
“La educación debe ser considerada como una servicio prestado al mundo económico” (Informe de la European Round Table. Febrero 1995)
Tenía que llegar después de tanta ceguera inducida. Tras la vivienda, la sanidad y la justicia, la privatización empieza a hacer estragos en un sector que hasta hace era el refugio del conocimiento: la universidad. Ya no se trata de la agresiva intromisión que supuso años atrás la aparición de las universidades privadas en los campus al calor de negocio de la titulitis. El azote que ahora está sufriendo ese ámbito donde solo el saber y la ciencia debían tener asiento, es el sometimiento de las universidades públicas a la lógica de la rentabilidad, las que pagamos todos vía impuestos. El caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) es todo un aviso a navegantes: los estudiantes que no puedan cumplir a tiempo con sus elevadas matrículas serán desechos de tienta. De momento el rector izquierdista José Carrillo, ha cortado por lo sano apagando sin escrúpulos ni previo aviso el acceso a la web a 3.500 universitarios con dificultades económicas. Adiós al sofisma de la igualdad de oportunidades. Tanto tiene tanto vales. Es la universidad del número clausus. ¿Volvemos a la sociedad estamental?
La universidad ya no es universal, sino particular. La comercialización de los saberes académicos tiene precio. Y sólo aquellos que puedan pagárselo podrán utilizar sus servicios. El acceso al conocimiento ha dejado de ser un derecho para considerarse un contrato. Doy para que me des. Aunque la Constitución vigente ofrezca otra perspectiva. Papel mojado. Igual que ha ocurrido con “el derecho a la salud” o “el derecho a la vivienda digna”. Sólo son declaraciones de intenciones. El circulo se cierra, tanto tienes tanto vales. La igualdad de oportunidades ha mostrado su verdadera ralea. La carrera está dopada. Ni todos parten de la meta en las mismas condiciones, ni todos cuentan con los idénticos medios para comprar instrucción y conocimiento. El pasado nos ha alcanzado y la desigualdad se ha hecho fuente de derecho. Desde que se abriera la veda con la ley que permitía le apertura de las universidades privadas en España, allá por el 2001, todo se ha dispuesto para que la “racionalidad mercantil” hiciera de los campus una prolongación del mundo de los negocios. Las consecuencias de esa competición por el becerro de oro supondrán una mutación histórica frente al tipo de sociedad cooperativa y altruista que ha significa tradicionalmente, mal que bien, el islote universitario.
Se dice que en Estados Unidos aproximadamente el 70% de la población pierde su casa al tener que hipotecarla para pagar los gastos de salud. En España las perspectivas apuntan peor. Hay un porcentaje de población que se ve arrojado de sus viviendas por no poder cumplir con las hipotecas a las que se había comprometido a causa del desempleo forzoso. Una parte mayoritaria de la sociedad tiene ya que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes y hacer frente a los nuevos costes sanitarios y farmacéuticos, sectores sometidos a un proceso acelerado de privatización. Y ahora, los estudios superiores sólo estarán al alcance de aquellas familias que tengan una situación económica desahogada, los pudientes de siempre. Una ínfima minoría si tenemos en cuenta el elevado precio de las matrículas universitarias y el 27 por 100 de promedio de paro existente (casi el 40 por 100 en Ceuta, Extremadura y Andalucía).La subida de las tasas universitarias han supuesto un 16% más de media de un curso a otro y alcanza el doble y el triple para repetidores, dos veces más que en “la pérfida” Alemania y cuatro veces por encima que en Francia.
El asalto a la universidad comenzó con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) 6/2001 por el segundo gobierno de José María Aznar, con la rotunda oposición de la comunidad educativa y el PSOE, que declaró su voluntad de derogarla cuando alcanzara el poder. Sin embargo, al ganar la elecciones, lejos de eso la reformó ampliando sus cometidos en el Real Decreto 1393/2007, disposición que allanaría el camino definitivo para el llamado Espació Europeo de Educación Superior (EEES) mediante la aplicación del Plan Bolonía, intervencionismo supraestatal (hechos consumados) que supone de facto la supeditación de la universidad a la estrategia de los mercados a medio y largo plazo.
Las últimas noticias conocidas de sus efectos son alarmantes. En la UCM, el campus presencial más numeroso del país, con cerca de 85.000 matriculados, unos 3.500 alumnos “morosos” han recibido el ultimátum de que si no pagan antes de septiembre serán expulsados. La decisión la ha tomado el rector Carrillo, el mismo que en las víspera del segundo aniversario del 15M permitió al entrada de la policía en las aulas para detener a un grupo de alumnos por su presunta implicación en acciones de protesta relacionadas con las manifestaciones previstas para la fecha. Justicia preventiva y un rector “rojo” de la mano para aplicar la ley del talión de los mercados y la doctrina criminalizadora de Interior.
La doble vara de medir en que se han instalado las instituciones en nuestro país deja su impronta en asuntos aparentemente tan alejados de la refriega política como el problema universitario, que por primera vez en la historia del alma mater no consiste en un debate sobre el nivel de conocimiento sino sobre las pelas. La autoridad competente, académica por supuesto, ha decidido la salida de la UCM de los menesterosos para que cuadren sus presupuestos, notablemente recortados a causa de la crisis. Son morosos desechables, arrojados al vacío por retraso en el pago, en una entidad que ha ido sucesiva y aceleradamente cambiando sus reglas del juego, pasando de cobrar una tarifa simbólica en épocas de “vacas gordas” a exigir un coste confiscatorio, alejado de la realidad social, en momentos de penuria económica. O sea que, cuando más necesario se hace el acceso libre a servicios básicos (sanidad, techo o educación) para los sectores más golpeados por la crisis, las clases bajas y medias, se echa el candado a esos recursos que han sido generados, financiados, sostenidos y mantenidos por la sociedad en su conjunto durante generaciones. Otra vez la patraña de las ”manos muertas” para justificar una dolosa desamortización antisocial. Como no cesaba de repetir José Luis Sampedro, en el mercado, “la libertad de elegir la da el dinero”.
Un expolio que ni siquiera en los términos del saqueo guarda las formas. Mientras “los morosos universitarios” son despachados con cajas destempladas (se les apagó la web de la UCM de la noche a la mañana), otros morosos de altos vuelos se las han ingeniado para lograr que las autoridades fleten un Arca de Noé para su exclusiva salvación a costa del dinero público. Hablamos de la insoportable morosidad de la gran banca, rescatada con dinero emitido por Bruselas a computar como deuda pública, y de ese Banco Malo, el SAREB, también creado con dinero de todos, en donde han ido a dormir el sueño de los justos los activos del ladrillo que lastran las cuentas de las entidades financieras que están detrás del estallido de la crisis. Al fin y al cabo, el lanzamiento de los desahucios, solicitados por ese sistema financiero que un buen día encontró su maná en vender pisos a troche y moche, no difiere demasiado de este otro lanzamiento de los jóvenes que no pueden pagar su matricula en la universidad. La única diferencia notable reside en que en este último caso el ejecutor es el rector, el hombre de negro ad hoc de la universidad, que para sanear el negocio debe meter en cintura a los legítimos usuarios de una institución supuestamente empeñada en la difusión del saber y la ciencia.
El asunto, sin embargo, tiene truco, porque ni siquiera asumiendo la retórica de la rentabilidad contractual se sostiene la deriva ideológica-mercantil en marcha. El doy para que me des, aquí sólo funciona en una dirección, se da a fondo perdido. Los hechos son tozudos. Tanto la educación primaria como la superior son una estafa, por incumplimeinto de contrato. Asistimos a una contribución, ya se vía presupuestos del Estado o de recursos privados, para unos ofertantes que sistemáticamente defraudan las demandas en ellos depositadas por sus clientes. Si miramos el caso de la universidad, vemos el enorme fracaso que supone esa fábrica de parados e ignorancia, con cifras tan elocuentes y vergonzosas como el casi 60 por 100 de jóvenes sin trabajo que las encuestan arrojan. Y si pasamos al estamento inferior, donde el contraste no se puede hacer en términos de empleabilidad sino de instrucción, el fiel de la balanza nos lo ofrece todos los años el Informe Pisa que publica la OCDE, donde se expone el raquítico nivel educativo de nuestros escolares, falorillos rojos de la UE. Y con esos datos, que demuestran un fallo clamoroso por parte del sistema educativo y de sus agentes, la solución es que paguen la víctimas. Como ocurre con la crisis económica. O con las bonitas promesas de los partidos políticos convertidas en todo lo contrario cuando llegan al poder.
Ah, pero incluso en este terreno hay clases, los de arriba y los de abajo. Lo que pasa es que la problemática de estos últimos no siempre alcanza el interés de los medios oficiales por tratarse de gente menuda. Mientras, finalmente, la escabechina de los campus llega a los titulares de la prensa, aún hay que buscar con lupa en la galaxia informativa lo que de idéntico talante lleva años ocurriendo con la menospreciada Formación Profesión (FP), desde siempre considerada la universidad de los pobres. Ya hace tres años, sin asomo de vergüenza, el entonces ministro de Educación, el ex sacerdote Ángel Gabilondo, anteriormente rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), esa que cede su sede para que El País ofrezca cursos de Periodismo de alta gama que el propi centro público no tiene en su programa oficial, reconoció que ese curso se habían quedado cerca de 40.000 alumnos de FP sin plaza por falta de presupuesto. Es decir, los recortes se cebaron preventivamente en la parte más necesitada de la población, mientras los campus públicos y sobre todo los privados aún hacia el negocio del siglo con la “burbuja universitaria” -un mero trasunto de la hipotecaria- y aquel hacinamiento de matriculados en busca de un titulo que les llenara las alforjas. Y la cosa no ha cambiado mucho. Lo último que se conoce a día de hoy es que en la última convocatoria para obtener Becas Erasmus se había eliminado, vulnerando la norma de la convocatoria, el capítulo de créditos y ayudas destinado a alumnos de la FP.
Todo por la banca. Porque igual que está ocurriendo con otros sectores sociales estratégicos como sanidad y vivienda , es la banca quien con la ayuda indispensable de los distintos gobiernos, a diestra y siniestra, está copando la universidad, punta de lanza del capitalismo inmaterial que caracteriza a la era de la globalización, tras haber filtrado la educación no superior (subvencionamos con dinero público a los concertados d ella iglesia que incluso practican la segregación de género sin estar en Alabama en 1960). De aquellos vientos, -recuerden cuando la gran banca financiaba los inútiles cursos de verano a los que tantos campus, rectores y decanos se apuntaron con supina estulticia; recuerden la aparición como contrapartida de oficinas del Santander, CajaMadrid o Bilbao Vizcaya en las propias instalaciones universitarias-, era la vanguardia, la división de zapadores, del botín que se avecinaba. Ahora todo está consumado, con el silenció cómplice de buena parte de los académicos, algunos cobrando “sobresueldos públicos” de la derrochona e esperpéntica ANECA, y todos encantados de haber conocido en persona a don Emilio Botín, el gran patrón de la Red Universía, el portal universitario de los campus de habla hispana fagocitados por el defraudador del maillot rojo (y gualdo).
Uno, que ha tenido alguna relación profesional con las instituciones universitarias, no sale de su asombro ante el nivel de infamia que se ha instalado en sus órganos. Procede sonrojo recordar como los mismos que ahora justifican la purga de los universitarios, ese violento númerus clausus, apartheid, echando mano de las monsergas habituales sobre la eficiencia,la eficacia y la rentabilidad, tuvieron ( y tienen ) la desvergüenza de haberse plegado a los intereses estratégicos de la gran y leonina banca española. Basta recordar esas reuniones de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), que se realizaban el mismo día y en el mismo lugar donde se acaban de celebrar las Juntas de Universía, presidida por Botín. Entre uno y otro encuentro solo mediaba el cambio de decorado preciso para escenificar el tipo de acto, y siempre con la sospecha de que la CRUE era financieramente parasitaria de la Fundación Universia, cuyo patriota mandamás, el Banco Santander Central Hispano (BSCH), es la entidad financiera que tiene más sociedades en paraisos fiscales para escapar a la tributación de la Hacienda española.
Parasitismo necrófago si vemos las nefastas consecuencias que ha tenido para los campus. Poderoso caballero hizo posible situaciones dignas del Lazarillo, como cuando en la agencia nacional de evaluación Aneca, bajo la dirección de Zulima Fernández, puesta en su cúpula por el gobierno socialista, se contrató con Universia un paquete informático sobre salidas profesionales para su web, pagando una importante suma con dinero público y despreciando los propios, capaces y abundantes servicios informáticos de la casa. La misma Universia en donde entonces figuraba como director de su revista de negocios el marido de la máxima responsable de Aneca.
La destrucción de la universidad española es una demolición controlada por la banca, Universía y la complicidad de sus académicos y la clase política. Tan dueña de los campus se considera el Banco de Santander que hace tres años, en pleno estallido de la crisis inspirada por la banca, se dio el lujazo de celebrar un encuentro internacional para sus jefazos, gratis total, publicitado a toda página en el diario El País de esta guisa: “ II Encuentro Internacional de Rectores de Universia / 1.100 universidades reunidas por un futuro mejor / Guadalajara 2010, México, 31 de mayo-1 de junio / Con el mecenazgo del Banco de Santander “. Y como la estupidez es contagiosa, el último en llegar al podium ha sido el rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel Peña, emprendedor donde los haya, ha dicho: “España debería aprender de la experiencia de Australia y convertir la enseñanza universitaria en una fuente de divisas”. En las antípodas se oyen las carcajadas, Emilio Botín agradece los servicios prestados
