Argentina: se cierra el cerco
Por Jorge Elbaum*.
Los datos satelitales proveen indicadores precisos sobre el calor que emana de la superficie, su humedad, su frecuencia de siembra, cultivo, mantenimiento y riego. La información obtenida es analizada por un área especializada de la AFIP, que la vincula con diferentes bases de datos, el SISA y las Cartas de Porte
En el último semestre, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras abusivas de comercialización de granos y otros productos agrícolas por un total de 31.000 toneladas, equivalentes a la suma de 1.030 camiones con acoplado que, estacionados uno detrás de otro, trazarían una línea de 25 kilómetros lineales. Esa mercadería, destinada prioritariamente al contrabando, duplica la cantidad interdicta durante todo el cuatrienio del macrismo.
La eficiencia de los controles ha provocado un creciente malestar al interior de los grupos más concentrados del sector, que añoran la permisibilidad que les concedía Luis Miguel Etchvehere, otrora ministro de Agroindustria y antes presidente de la Sociedad Rural, quien intercedía ante las autoridades de la AFIP –Alberto Abad y Leandro Cuccioli– cuando alguno de sus allegados era observado por la Dirección General Impositiva (DGI).
Esa irritación trasciende a través de grupos de WhatsApp ligados a los remanentes de la Mesa de Enlace, en los cuales despotrican contra la actual jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a quien califican como “enemiga del campo” por poner “la mira en forma obsesiva en el sector”. Sin embargo, el disgusto de quienes estaban acostumbrados a no ser controlados se debe específicamente al fortalecimiento de las tareas de fiscalización sobre la producción y el traslado de granos, asistido por las fuerzas federales de seguridad.
Según estimaciones consensuadas, en la Argentina se producen unos 150 millones de toneladas de granos al año. Se estima que una tercera parte de esa producción no está declarada y logra fugarse en los pliegues opacos de la logística, la subfacturación y/o el contrabando. Esos 50 millones de toneladas no pagan impuestos ni retenciones, utilizan puertos clandestinos, camiones sin mercadería declarada, barcazas furtivas y complejos dispositivos de contabilidad creativa.
Los nuevos programas de la AFIP incrementan el malestar de los ex integrantes de la Mesa de Enlace, quienes observan con aversión la combinación de tres dispositivos de fiscalización articulados: la Carta de Porte Electrónica, el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) y el Mapa Satelital de Monitoreo Permanente de Cultivos.
Desde noviembre de 2021 todos los traslados de granos en transporte automotor o ferroviario deben estar acompañados por una declaración jurada gestionada en forma digital. Dicha Carta de Porte digitalizada reemplaza a los formularios en formato papel. Desde que se habilitó el portal en el que se tramitan las Cartas, se presentan 10.000 suscripciones diarias. Esas declaraciones permiten una cuantificación más precisa de lo que se transporta: se optimiza la trazabilidad, se simplifica el trámite y permite conjeturar diferencias entre lo consignado y lo entregado en su destino.
En la Argentina, dos terceras partes de la producción agrícola declarada son acarreadas, en su trayecto inicial, por el transporte automotor (camiones). El resto –en partes iguales– a través del ferrocarril y el transporte fluvial. Luego de su carga en origen, en una segunda etapa, lo comercializado es transferido en forma fluvial y/o marítima.
Las Cartas de Porte permiten cuantificar esos envíos y sus datos se cruzan con el SISA, en el que se registran, en forma precisa, las propiedades inmuebles, la nómina de sus productores y sus arrendatarios. Los dueños de la tierra declaran en el SISA la totalidad de las hectáreas que componen el inmueble rural, mientras que el productor (sea él mismo o su inquilino) informa sólo la extensión destinada a los cultivos. A su vez, el SISA se articula con el Mapa de Monitoreo Permanente de Cultivos, una tecnología que permite procesar imágenes satelitales para detectar contradicciones, inconsistencias e incongruencias en relación con las declaraciones juradas.
El Mapa permite identificar incongruencias entre lo declarado por los productores, titulares de campos o sus arrendatarios, y lo que realmente se produce, se traslada y se comercia. La geo-representación rural se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas de monitoreo satelital desarrolladas con asistencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Los datos satelitales proveen indicadores precisos sobre el calor que emana de la superficie, su humedad, su frecuencia de siembra, cultivo, mantenimiento y riego. La información obtenida es analizada por un área especializada de la AFIP, que la vincula con diferentes bases de datos, el SISA y las Cartas de Porte. Según los desarrolladores informáticos de la AFIP, la geo-representación se perfeccionará durante todo el año 2022 con el objetivo de corroborar lo declarado en el SISA y detectar posibles discordancias y disparidades.
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