Banco malo: esto sí es un asalto
Las justas luchas de los mineros por preservar su medio de vida son disturbios para el Poder. La resistencia pacífica de la gente a los desalojos, alteración del orden público. La irrupción de los jornaleros andaluces en dos supermercados para llevar alimentos a los necesitados, vulgares asaltos. Sin embargo, el sistemático saqueo de lo público por intereses privados constituyen políticas de austeridad inevitables. Y la toma del Congreso el 23-F a punta de pistola por la guardia civil, “aptitudes de personas”. Como el Estado posee el monopolio del uso de la fuerza sus atropellos son absolutamente legales, y la resistencia civil del pueblo soberano, delitos punibles para sus tribunales de justicia. Quien manda, manda: hace la ley y hace la trampa.
En un principio fue el verbo Por eso en el mundo proliferan los charlatanes. Así en la tierra como en el cielo. La verborrea domina el discurso político y el saqueo económico. En el parlamento y fuera de él, los bocazas y sus ventrílocuos en nómina pontifican a sus anchas. Basta con que unos cuantos gañanes de postín señalen con el dedo para que la masa de indocumentados siga sus consignas. Sin criterio ni entendimiento. Porque es la moda, porque sí, porque está mandao. Si en los telediarios califican de asalto a un supermercado donde sólo ha habido requisa de alimentos de primera necesidad, todos los papanatas repiten a coro “¡asalto, asalto!”. De mentira en mentira hasta la infamia final. Porque la política realmente existente ya sólo es una franquicia del mundo de los negocios.
Los verdaderos asaltos, los que perpetra el poder sobre los humildes, siempre quedan impunes. Están bendecidos y transitan bajo palio. El sistema no acostumbra a hacerse el harakiri. Al revés, utiliza sus fechorías para arrojárnoslas a la cara con desfachatez.¡Qué se jodan!, insultan desde sus reposaculos del parlamento. Blindan con vallas y pistoleros el Congreso contra la ira de sus representados, y a esa especie de cueva de Ali Baba sobrevenida la llaman sede de la soberanía nacional. Exculpan de evasión fiscal al multimillonario Emilio Botín e indultan al consejero delegado del Santander, y dicen que tenemos la mejor banca del mundo. Permiten juicios por un presunto delito de blasfemia contra artistas como Javier Krahe; juran y prometen sus cargos públicos ante una Biblia y un crucifijo, y todavía tienen el descaro de pregonar que vivimos en un Estado aconfesional. Parlotean que la Corona es una institución ejemplar y consientes que sus privilegiados miembros usen una ONG para robar descaradamente por ser ellos quienes son. Estos si que son asaltos, y no el matahambre de los jornaleros que cínicamente denuncian todos los parasitarios del statu quo.
Aunque el mayor asalto nunca conocido, el que ha roto el molde, el asalto de los asaltos, es el gran asalto de la crisis social provocada por la codicia de los poderosos. Un atraco en toda regla, con millones de víctimas presentes y futuras, que suma y sigue porque es técnicamente legal y sólo éticamente criminal. Desde arriba han socializado una infernal maquinaria de esquilmar que ha convertido la democracia formal en un siniestro parque temático. Un asalto contra los de abajo con la Constitución como banderín de enganche.
La Carta Magna española aduce que todo la economía está al servicio de la sociedad. Lo afirma sin paliativos ni exclusiones. No dice que sea sólo la economía productiva, ni los recursos naturales. Habla de la Economía Nacional, con mayúsculas, en su conjunto. Pero da igual. Son sólo palabras. En realidad la economía, mejor dicho, los recursos económicos todos, en el Estado español están de una u otra forma contingentados o son estrictamente privados. Y son por el contrario las personas, la sociedad real, la gente que crea riqueza con su esfuerzo y trabajo, quienes están al servicio de esa economía expropiadora que se rige por el principio del máximo beneficio. Ello existan necesidades humanas sin atender o estemos en un contexto de abundancia.
La prueba está en la ocurrido durante esta crisis financiera. Fue provocada en origen por los excesos de la gran banca. Provocó que los gobiernos intervinieran recortando derechos históricos a la ciudadanía para compensar las menores ganancias del sector financiero. Y cuando el Estado de Bienestar ha quedado relegado a un mero simulacro, se ha incorporado de penalty a la Constitución la tolerancia cero en cuanto a gasto social y la obligación de priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otra contingencia pública, de nuevo el sistema utiliza a la gente como rehén propiciatorio para rescatar a esa banca homicida que hace aguas. La última propuesta de un banco malo con dinero público para que se quede con la mierda de la banca privada, cuando por las mismas razones se cargaron a las cajas de ahorros que invertían sus beneficios en obra social, es un autentico asalto a la razón y una indecencia.
La banca española se endeudó con los mercados de capitales para tener recursos con los que dar créditos para el boom del ladrillo. De manera totalmente irresponsable, sin medir los riesgos, llevada por una estúpida y desalmada ambición, las entidades facilitaron financiación a promotores inmobiliarios, constructores y clientes. Era el negocio del siglo. Con una mano de obra de todo a cien gracias a la inmigración y la permisividad de muchos regidores municipales enfangados en la corrupción, la banca puso en marcha una fenomenal operación especulativa concentrando su capacidad de crédito en el hormigón.
España llegó a ser el mayor consumidor de cemento de Europa y cada año se levantaban aquí más casas que en todo el viejo continente. Era una economía de monocultivo, que contaba con la bendición dolosa de las autoridades y se basaba en una fuerza de trabajo de casi nula formación y en la devastación del litoral con la excusa suicida del mantra del progreso. Cuando decían que “España va bien”, lo que en realidad querían expresar era que “el milagro español” estaba siendo un chollo para la oligarquía empresarial y financiera. Pero aquello no duró, no podía durar en buena lógica. Cuando el ciclo económico empezó a cambiar, los mercados restringieron los créditos a la banca y los ávidos caseros del hipotecon vinieron a menos por falta de liquidez, el sector entró en barrena. Fuimos de la cima a la sima sin dilación ni estaciones de paso.
Lo escandaloso es que de nuevo otra vez, ahora en plena recesión y con seis millones de parados, la historia se repite. Hoy la fórmula del saqueo persiste con el rescate a la banca por parte de BCE con garantía del Estado. Los 100.000 millones de euros habilitados como línea de crédito exclusiva para las entidades significan un salvavidas para evitar la quiebra en cadena de la banca, hasta hace dos años en la liga de campeones, a decir de los políticos que tanto la deben. Y otra vez también el desastre surge por pura codicia, por volver a repetir la jugada del negocio del siglo. En esta ocasión a costa de los privilegios que la caprichosa legislación comunitaria ofrece a la banca: recibir prestamos del BCE al 1 por 100 de interés y comprar papel del Estado al 5 por 100. Una usura legal. Con lo que de nuevo la ambición rompió el saco. Porque no lo olvidemos, son malhechores sin escrúpulos, sin duda ninguna, pero sobre todo son unos perfectos incompetentes. Y ese es el mejor argumento para exigir su inmediata expulsión del sistema financiero y poner en su lugar una banca de control y responsabilidad pública.
Igual que sucedió con los pisos y terrenos -que continúan impolutos en sus balances al no tener salida de mercado de la crisis, y están a la espera de que el gobierno cómplice los incluya en una “banco malo” que sufragaremos todos los ciudadanos- les ha ocurrido con los bonos soberanos que adquirieron. La “Marca España” zozobra vapuleada por su propia y endógena corrupción sistémica, por las nefastas políticas de austeridad que ahondan el insondable paro y la recesión, por los trapicheos en las cuentas públicas, como el desvío de 2,5 puntos en el déficit del 2011 por el PSOE. La solvencia del país en suma, su fiabilidad, se está hundiendo sin remisión. Y con ella el valor de mercado de esos “pagarés” del Estado que tomaron en sus operaciones de trileros. Porque hoy se ha roto un mito. Ahora sabemos que un país puede quebrar.
Sin embargo el tópico de que los grandes nunca caen se mantiene a beneficio de parte. Todavía son ellos quienes hacen y deshacen leyes a través de sus mandados en los gobiernos. Y también porque al apalancarse frente al BCE con esos bonos, letras y obligaciones soberanas, han contaminado al propio banco emisor que aceptó dichos activos como avales frente a los créditos solicitados. El balance de esta saga de codicia, incompetencia y criminalidad es una banca que amenaza ruina, un Estado que compromete su riqueza social en el rescate y un BCE que tiene en sus balances grandes partidas de deuda estatal de dudoso valor. El modelo de banca de los “Botín y cía” es un peligro público. Por ladrona, pero sobre todo por inútil. Y la economía no puede dejarse al albur de incompetentes.
Estos sí que son asaltos. Asaltos de ida y vuelta, con premeditación y alevosía. Asaltos matapobres. No las legítimas acciones de resistencia ante el hambre en penitencia porque “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Por cierto, es chocante el diferente trato dado a la justa y necesaria resistencia de los mineros por los partidos y sindicatos establecidos, incluidos muchos medios de comunicación del régimen, y la denuncia soez de esos mismos agentes ante la puntual, sopesada y pacífica acción de los sindicalistas del SAT. Terminemos recordando actos violentos de verdad: ¿Saben como calificó el Rey del clan Nóos la ocupación del Congreso por tropas de asalto el 23-F en su famosa alocución televisada? Hagan memoria o acudan a la hemerotecas: ¡“Sucesos ocurridos”! ¡Acciones o aptitudes de personas!
El 15-M ha cumplido ya una misión histórica: despertar al pueblo, a su parte más responsable y activa, de la larga siesta de la transición. Es como si aquella exigencia ética del gran escritor portugués Miguel Torga, “la única manera de ser libre ante el Poder es tener la dignidad de no servirlo”, hubiera encontrado en el 15-M su mejor intérprete. Y ahora el movimiento de los indignados está comprometido (estamos, porque el 15-M somos todos) en un nuevo reto decisivo. La autoridad moral que ha alcanzado le hace ser el único agente social legitimado para promover y encabezar la subversión que finalmente trastoque el sistema. Si en 1812 el pueblo español, como única oposición real por la traición de sus mandatarios y clases altas, se levantó en armas contra el invasor, doscientos años después la situación puede repetirse. Pero en esta ocasión, gracias a la fuerza (kratia) de ese pueblo (demos) representado por el 15-M, no habrá un nuevo ¡vivan las caenas! como ambicionan los que conspiran para que esa demo-kratia en marcha permita restituir en el poder a los antiguos explotadores.
Cuando en una sociedad democrática el gobierno somete al pueblo y las autoridades actúan como fuerzas de ocupación al servicio de potencias extranjeras, el imperativo democrático del pueblo soberano exige echarse al monte para organizar el maquis civil que encabece la resistencia decisiva contra los tiranos.
