Bofetada para las políticas de Luis Lacalle
Por Luvis Hochimín Pareja*. LQsomos.
Una de las particularidades que tuvo esta convocatoria fue el despliegue de cientos de trabajadores rurales, colonos y aspirantes a colonos que llegaron a caballo, reivindicando el papel del Instituto Nacional de Colonización (INC), al que el proyecto de Rendición de Cuentas busca sacarle recursos para crear el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” para la regularización y relocalización de asentamientos
Paro general en Uruguay
Miles de trabajadores del campo y la ciudad se unieron contra las medidas del gobierno derechista que asumió en marzo de 2020 en un paro general y movilización convocados la pasada semana por la central sindical PIT-CNT por trabajo, salario, desarrollo nacional y en defensa de las empresas públicas, lo que significó un duro rechazo a las políticas antipopulares del presidente Luis Lacalle Pou.
Las columnas de gente se extendieron por cuadras alrededor del escenario que se armó en Avenida Libertador y La Paz, en Montevideo, donde tres oradores, con el eje puesto en la figura del prócer José Gervasio Artigas, profundizaron sobre mayores medidas para combatir el desempleo, luchar por la recuperación salarial, la defensa soberana del puerto y la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El éxito del paro fue un nuevo mazazo para el gobierno de la coalición multicolor de derechas. La central sindical y la militancia del centroizquierdista Frente Amplio venían de lograr “la hazaña” de juntar casi 800.000 firmas (en jn país de poco más de tres millones de habitantes) para derogar 135 artículos de la LUC. A entender de los líderes sindicales, eso marcó un hito en la historia: “habrá un antes y un después de esta enorme movilización”.
Las tensiones sociales en Uruguay van en aumento. La LUC es un parteaguas que terminará su recorrido en los primeros meses de 2022. Una encuesta de la consultora Cifra sostiene que la LUC es apoyada por un 44 % de la población, el 34 % la rechaza y un 22% se mantiene indeciso, mientras la aprobación de Lacalle Pou como presidente bajó diez puntos en un año. “Los juicios sobre la gestión se deterioran, lenta pero sistemáticamente, desde julio de 2020”, dice el estudio.
Los problemas sociales de Uruguay se perciben en el interior del pequeño país de 187 mil quilómetros cuadrados y también las barriadas humildes de Montevideo y también en las calles del centro. Hay demasiada gente en condición de calle y que sobrevive gracias a la solidaridad de las ollas populares.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, reivindicó el carácter “político” del paro. “La política laboral y salarial de un gobierno es política, la política de empleo es política, y [también] la tributaria. Si vamos a hacer una protesta, va a ser política; no es partidaria, acá hay votantes de todos los partidos, porque cuando entra un trabajador a la fábrica deja de ser miembro de un partido, es ladrillero, obrero de la construcción, es maestro, profesor o industrial”, señaló.
Pereira, explicó que el paro corresponde a una respuesta ante la caída del salario real, el aumento de la pobreza y las medidas que el gobierno no tomó para contrarrestar el impacto de la pandemia de Covid-19 en el país. ‘No es porque si’, recalcó, ‘se perdieron 50 mil puestos de trabajo; hay una cantidad importante de personas en seguro de paro; los salarios cayeron 18 jornales en un año, o sea, la gente trabaja lo mismo pero cobra 18 días menos’.
Mientras, los jinetes con los puños arriba, las banderas de Artigas y los pabellones nacionales entremezclados con las banderas del PIT-CNT y los sindicatos pintaron la escena de este miércoles al mediodía en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Hasta allí llegaron una treintena de caballos y una caravana de vehículos. A su llegada, la muchedumbre se abrió paso para recibirlos con aplausos y vítores: “Ahora que somos tantos, ¿cómo van a hacer para no escucharnos?”, dijeron.
“Un país sin gente en su territorio es un país que se entrega”, señalaban en sus pancartas los colonos, pequeños productores y trabajadores rurales se movilizaron hasta la capital. “De todas parte vienen, sangre y coraje, para salvar la patria, los orientales”, cantan Los Olimareños desde los parlantes.
“Hoy hicimos historia, arriba, compañeras y compañeros”, señaló el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tras las palabras de Soledad Amaya Correa, del Sindicato de Peones Rurales y colona, y Vanessa Peirano, del Sindicato Único Portuario. Abdala bromeó y dijo que deberían incluir entre las demandas la extensión de la Avenida Libertador porque les “quedó chica”. “Nos merecemos la alegría de construir nuestro futuro”, añadió.
Agregó que al presentar propuestas de trabajo, salario, seguridad social, del rol de las empresas del Estado, sobre la educación y las políticas públicas hay que decir “bien claro: sí, es la mejor política”. Y se detuvo en la defensa de las empresas públicas, y sospechó sobre la razón por la que podría haber cortes en los servicios de luz e internet: “¿No será que las están gestionando para desprestigiarlas con el pueblo, liquidarlas y privatizarlas?”, se preguntó.
Una de las particularidades que tuvo esta convocatoria fue el despliegue de cientos de trabajadores rurales, colonos y aspirantes a colonos que llegaron a caballo, reivindicando el papel del Instituto Nacional de Colonización (INC), al que el proyecto de Rendición de Cuentas busca sacarle recursos para crear el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” para la regularización y relocalización de asentamientos.
Soledad Amaya retomó los planteos centrales del discurso artiguista. “Sentimos que nos están expropiando nuestros derechos, lo que se logró con tanto esfuerzo: el INC y la posibilidad de una sociedad justa, igualitaria y descentralizada”, dijo la colona. “Artigas basó la lucha de la independencia en tres pilares: la defensa del puerto de Montevideo, la distribución de tierras y la integración de los pueblos libres”, destacó
“Hoy defendemos ese legado. Los adversarios siguen siendo los mismos: intereses extranjeros por nuestros recursos, especulación financiera y la intencionalidad de los que piden a gritos el desmembramiento de un Estado protector”, afirmó.
Para Amaya “es imposible propiciar un modelo de desarrollo sustentable, amigable con el medioambiente y comprometido con las generaciones venideras sin la presencia del INC. ¿Cómo podemos pensar en soberanía sin el Estado como socio leal de los productores familiares y trabajadores rurales?”, preguntó.
“Queremos reivindicar que la colonización sea política de Estado para que de una vez por todas los más infelices sean los más privilegiados; los derechos no se tocan, el reparto de tierras es una herencia artiguista, y llevarlo a cabo ha sido una construcción del pueblo uruguayo que costó sangre, esfuerzo y lucha; no les pertenece a los gobiernos de turno”, finalizó.
Por su parte, Vanessa Peirano repasó también todas las reivindicaciones de la plataforma del paro, pero se centró en lo que entienden es “la mayor pérdida de soberanía” nacional, en referencia al acuerdo que hizo el gobierno con la empresa portuaria Katoen Natie al extenderle la concesión en el puerto hasta el 2081.
“Nuestro puerto, el que nos dio origen e independencia como nación, hoy se regala por 60 años a la misma empresa que aún hoy, teniendo este panorama tan alentador como privilegiado, les sigue negando mínimas garantías de jornales a sus actuales trabajadores”, apuntó.
“Estamos forjando las nuevas mayorías necesarias que levantarán (en el referendo) la papeleta del Sí, donde el pueblo democráticamente y en las urnas derogará los 135 artículos más nocivos. Quienes defienden la LUC podrán tener más recursos, pero nosotros tenemos la indignación de la injusticia que nos une y nos interpela, y bien sabemos que nada podemos esperar si no es de nosotros mismos”, concluyó Peirano.
El diputado del Frente Amplio Gabriel Otero recordó que la LUC toca a 35 o 40 leyes más, como si fuera una columna vertebral. Es muy ideológica y tiende a derechizar aspectos cotidianos de nuestra vida, y, ergo, derechiza a la sociedad. Porque plantearse en Uruguay después de cien años el derecho de huelga, el reconocimiento de los sindicatos, que las movilizaciones y los piquetes, todo aquello que los trabajadores en un conflicto hacen, sean declarados ilegales, es un paso que va contra todas las libertades sindicales”.
Todo es político
La adhesión a la convocatoria sindical del miércoles de la pasada semana, por la central unitaria de trabajadores PIT-CNT fue muy importante, y según el presidente derechista Luis Lacalle Pou se trató de “un paro político contra el gobierno”, que “frenó a parte del país”, cuando lo necesario es “trabajar más” y “poner el hombro”. Desde el punto de vista teórico, es un argumento insignificante; en la práctica, es jugar con fuego.
Tras participar de una reunión con los dirigentes de la latifundista Asociación Rural, el derechista presidente Luis Lacalle Pou dio una rueda de prensa en la que cuestionó la medida de paro: es “un paro claramente político, entre otras cosas por la LUC”, dijo.
“Ha crecido la inversión, estamos abriéndonos al mundo; entonces, claramente este paro convocado hoy es un paro político, contra el gobierno; si fuera para ayudar a la educación, no dejaríamos a chiquilines sin aprender, que bastante perdieron por la pandemia, no dejaríamos gente sin laburar, sino que estaríamos poniendo todos el hombro”.
En cualquier definición simple o compleja de la política, esta implica la participación en relaciones de poder, que incluyen decisiones sobre asuntos de interés público, le recórdo Ladiaria al mandatario.
Todas las actividades sindicales, desde el reclamo de aumento salarial en una pequeña empresa hasta los planteamientos en escala internacional, pasando por el apoyo del PIT-CNT al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), afectan relaciones de poder y buscan lo que se considera beneficioso para los intereses, a corto o a largo plazo, de los trabajadores.
Desde el oficialismo se plantea la peregrina idea de que quienes ganaron las elecciones de 2019 tienen derecho a tomar todas las decisiones durante cinco años, como únicos intérpretes de lo que le conviene al país, y que quienes discrepan no se oponen al gobierno sino al país. Para peor, a esa presunta actividad antipatriótica de quienes “ponen palos en la rueda” se le llama política, devaluando algo indispensable para la democracia, añade Ladiaria.
* Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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