Boicot a las víctimas del franquismo
Como ya informamos, una docena de querellantes en la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo estaban citados, en diferentes días, para declarar por videoconferencia ante la Juez Federal de Argentina, María Servini de Cubría. La primera toma de declaraciones estaba prevista para el pasado día 8 de mayo, pero fue suspendida por una comunicación del Ministerio de Exteriores español que, acogiéndose a un defecto de forma, pedía la suspensión de los testimonios. Recordemos que es la segunda vez que se frustran acciones legales en este proceso, como fue la suspensión del viaje de la magistrada a España, a la que no se le dotó, por parte de la Corte Suprema de Justicia Argentina, de los medios y días necesarios para tomar declaración a más de 97 personas repartidas por toda la geografía española.Estaban citados a las 13 horas en el consulado de Argentina, sito en el número 90 de la calle Serrano de la capital de España, en el mismo edificio de la embajada. A la prensa se le había prohibido asistir a las declaraciones, en la puerta se mezclaban los periodistas con los declarantes y las personas que apoyan esta causa de justicia universal que lleva ya tres años abierta. No era difícil ver en el rostro de los presentes la emoción del momento, sería un día histórico, se escucharía a las víctimas, quizá, sólo quizá, en algún momento las personas estarían por encima de los negocios y las componendas políticas. Tres eran los comparecientes en esta primera jornada, a saber: Merçona Puig Antich, una de las tres hermanas de Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en la cárcel Modelo de Barcelona. Pablo Mayoral Rueda, procesado en el Consejo de Guerra que terminó con el fusilamiento de su compañero del PCE (m-l) y el FRAP, Xosé Humberto Baena el 27 de septiembre de 1975. Y Pedro Fausto Canales cuyo padre, con 29 años de edad, fue asesinado junto a seis compañeros durante la guerra civil.
Sería duro rememorar todo aquello, aunque valdría la pena tanto esfuerzo por recuperar la dignidad de la memoria, pero no pudo ser, de momento, ya que las videoconferencias fueron suspendidas tras recibir una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno del PP. En la notificación de la jueza argentina a la que este redactor ha tenido acceso, la magistrada escribe: “Buenos Aires, 8 de mayo de 2013- Encontrándome en el recinto de mi despacho, donde se encuentra instalado un equipo de videoconferencia (…), y a fin de recibir las declaraciones testimoniales a residentes españoles, ordenadas en autos, recibí siendo las 8,30 h un llamado telefónico, en donde su interlocutor, el Embajador Argentino en el Reino de España, Carlos Bettini, me informó que se había comunicado con esa Representación, el señor Director de Asuntos Consulares del Reino de España, manifestando el descontento y malestar que causaba a las autoridades de ese país, el procedimiento que se utilizaría para la recepción de los testimonios, al encontrarse el mismo fuera del tratado bilateral suscripto por ambos países, no cumpliendo las formas, y que de realizarse aquellas podrían resultar nulas y afectar los derechos de los ciudadanos españoles (…). La jueza termina su comunicación pidiendo que se suspendan dichos testimonios.
En la nota del Ministerio, de la que también tenemos copia en esta redacción, se declara. “(…), en relación con la noticias aparecidas en los medios de comunicación (…), sobre la toma de declaraciones (…) a testigos españoles (…), en relación con una causa sobre genocidio durante la guerra civil española y el franquismo, tiene el honor de solicitar de esa Embajada información sobre esa noticia”. Ya es curioso que, después de tres años de abierta la causa, las autoridades españolas tengan que enterarse por la prensa del curso de la misma y soliciten información a la legación argentina. Y sigue el comunicado: “Cabe recordar que para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional será de aplicación el Tratado Bilateral de Extradición y asistencia judicial en materia penal (…), requiriendo (…), la solicitud debidamente cursada mediante Comisión Rogatoria dirigida al Ministerio de asuntos Exteriores (…), tal y como ha sido el caso con respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad”. Al parecer, según nos informan, esto último no ha sido siempre así, como veremos seguidamente.
Rueda de prensa en Barcelona
El pasado día 10 de mayo, y en la sede de la publicación digital VilaWeb, la plataforma que en Cataluña da su apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo, cuyas siglas en catalán son PCSQUA, nos hicieron llegar los argumentos de la Red AQUA, red ciudadana que recordamos que engloba a un gran número de organizaciones: sindicatos; asociaciones de expresos; del movimiento del 15 M, asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, ATTAC España, Unión de Actores, varios colectivos de bebés robados, etc.
El comunicado en lo referente a la nota del Ministerio, aunque reconoce que los testimonios están fuera de los artículos citados del Tratado Bilateral, el tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del país requerido. Por su parte, los abogados de los querellantes señalan: “No se precisa de la asistencia cuando las diligencias pueden ser realizadas por los tribunales del país que ejerce la jurisdicción a través de sus legaciones diplomáticas. Sí, en casos como el presente, los testigos citados se negaran a declarar, sería evidentemente necesario tramitar una comisión rogatoria para que por parte de las autoridades judiciales del país requerido se les convoque para que efectúen su declaración. No lo es naturalmente cuando los testigos se someten voluntariamente a una jurisdicción, en este caso de un país extranjero, ya sea viajando al mismo o prestando su testimonio desde la embajada o el consulado de dicho país”.
Lógicamente el embajador argentino sabe que los ciudadanos españoles que iban a declarar lo hacían dentro del territorio argentino, la embajada. Y precisamente, desde ese lugar se vienen realizando periódicamente videoconferencias donde declaran víctimas y testigos en las causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última dictadura argentina y las de otras dictaduras latinoamericanas. Nunca el Ministerio de Relaciones Exteriores español tuvo la ocurrencia de invocar el tratado para impedir su concreción. El supuesto es idéntico, claro que en este caso se trata de investigar los crímenes del franquismo y quizá, el Gobierno del PP, está pensando más en los imputados que en los derechos de las víctimas y los testigos. Recordemos que son nueve los ministros franquistas que viven y serán llamados a declarar, uno de ellos, José Utrera Molina, el suegro del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
La rueda de prensa estaban presentes Carme Puig Antich, que dijo: “el juicio militar a mi hermano fue una farsa total. Las pruebas balísticas desaparecieron, al policía le hicieron la autopsia en una comisaria (…) llevamos años para que se revise el juicio y nos dan largas”; dirigiéndose a quién corresponda, declaró rotunda: “Vamos a por todas”. Felipe Moreno, querellante y coordinador de los querellantes catalanes dijo: “No pedimos venganza, sino justicia, verdad y reparación de los hechos, ya que los derechos humanos fueron conculcados (…) La amnistía nos sacó de las cárceles, pero seguimos como penados y con las señales de las torturas en nuestras carnes, y los muertos se quedaron allí”. Por su parte, Diego Arcos, presidente del Casal Argentinode Barcelona, resaltó que el gobierno español, al impedir un hecho jurídico, de alguna forma se considera parte y se vincula al proceso, ya que se da por aludido. Y en otro momento dijo: “Yo no confío en la justicia argentina (…), pero la fuerza ciudadana entorno a los derechos humanos los ha puesto entre la movilización y la pared (…) Esto está encabezado por las Abuelas de Plaza de Mayo y por hijos argentinos de represaliados españoles…”. En este último caso puso el ejemplo del chofer de Lluis Companys, el señor Polo, que cuando fue detenido el President por la GESTAPO, él fue enviado al campo de concentración de Mauthausen, y su mujer e hijo pudieron huir a la Argentina. Ahora es el hijo quien se persona como querellante porque las autoridades franquistas entregaron a su padre a los nazis para que acabara sus días en un campo de exterminio. Probado está que el régimen franquista cometió delitos de lesa humanidad, y cuando los autores directos de estos delitos están fallecidos y al no poder acusar a una persona física, automáticamente, se buscan los responsables jurídicos, en este caso el Estado español.
Por nuestra parte pensamos que si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP han querido investigar los crímenes del franquismo y los genocidios de la Guerra Civil, la represión en la posguerra y hasta 1977, año de las primeras elecciones democráticas, menos estarán interesados en que se investiguen en otro país, ya que eso pondría en tela de juicio la propia Transición, donde la desmemoria, el borrón y cuenta nueva, fueron moneda de cambio. La voz de las victimas es molesta, y para ellas que jueces, ministros franquistas y policías torturadores que persiguieron durante años a los personas que lucharon por traer una democracia a este país, sigan sin ser juzgados.
Algunas repercusiones
Amnistía Internacional, que ya en su día denunció el desamparo judicial que están sufriendo las víctimas del franquismo, sobre este particular volvió a sacar un comunicado pidiendo que no se obstaculice la investigación de estos crímenes. En declaraciones a la agencia EFE, Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI España, calificó el hecho como “un nuevo revés” a las víctimas y que esto “supone una obstrucción a la acción de la justicia argentina”. Por su parte, los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, la Izquierda Plural y grupo Mixto (Amaiur, ERC y BNG), han solicitado la comparecencia del titular de Asuntos Exteriores del Gobierno del PP, José Manuel García-Margallo para que explique la: “presión ejercida desde el Ministerio sobre la embajada de Argentina para que se aplazara la declaración de las tres víctimas de la dictadura franquista”.
Viaje a la argentina y encuentro en Madrid
Sin estar confirmado del todo al momento de redactar esta nota, José María “Chato” Galante, de La Comuna de Presos del Franquismo, anunció en directo para el programa “La mañana” de la radio Continental argentina y que conduce Víctor Hugo Morales, que el día 25 de mayo saldrá una delegación para Buenos Aires, con querellantes, diputados, y algunos concejales cuyos ayuntamientos hicieron en su día mociones de apoyo a la querella, de ello les tendremos informados en Rambla. Lo que si ya podemos confirmar es el Encuentro Estatal de Querellantes Contra el Franquismo que tendrá lugar en Madrid el próximo día 18 de mayo. Querellantes, abogados, testigos, familiares de víctimas y las organizaciones que conforman la Red AQUA debatirán en este encuentro que se realizará en el I.E.S. Lope de Vega, calle San Bernardo, 70, metro Noviciado.
Para contacto: suport.querella.arg@gmail.com
