Catalunya: Presentado el informe anual de Prevención de la Tortura
Agencia Mp3. LQS. Diciembre 2020
El Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) solicita reformas legislativas, reglamentarias y procedimentales pendientes para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad
El síndic de greuges, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han entregado el pasado lunes al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el informe anual del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT). El informe, que es el décimo que se presenta, consta de dos partes. En la primera, referente a la actividad de 2020, hay dos apartados diferenciados.
El primero aborda monográficamente las medidas adoptadas por la Administración penitenciaria y de justicia juvenil ante la pandemia de la COVID-19. Y el segundo, como es habitual, es el relativo a las visitas que se han llevado a cabo durante el año en curso, aunque este año es bastante reducido debido a que las visitas se han visto muy condicionadas por la pandemia.
La segunda parte del informe hace balance de los primeros diez años de existencia del MCPT, con un informe sobre el estado de cumplimiento de algunas de las principales recomendaciones que se han trasladado a las administraciones competentes durante este periodo.
Para finalizar, el informe acaba con un apartado de las conclusiones que se derivan del mismo y una serie de reflexiones sobre las tareas y los retos pendientes para el MCPT.
Síndic alerta que prisiones y comisarías antiguas vulneran derechos de presos
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado que en algunas comisarías de policía local y centros penitenciarios antiguos se vulneran los derechos de los presos al presentar deficiencias estructurales propicias a un trato “como mínimo degradante” para las personas internas.
El documento presenta también el balance de su primera década en funcionamiento, en la que ha realizado más de 400 visitas a un total de 265 centros distintos, entre ellos más de 80 comisarías de Mossos d’Esquadra, más de un centenar de policía local, todas las prisiones catalanas, de justicia juvenil y de internamiento de menores, así como hospitales psiquiátricos, centros residenciales para personas con discapacidad, ancianos o centros sociosanitarios.
Según Ribó, la experiencia del primer decenio apunta que existen espacios de privación de libertad, como algunas comisarías de cuerpos de policía local o algunas cárceles más antiguas, en los que aún no se respetan los derechos de las personas detenidas.
Por eso, además de pedir más reformas legislativas para garantizar los derechos de quienes están privados de libertad, ha reclamado actualizar de forma urgente algunos de los protocolos vigentes, como los de contenciones mecánicas.
El Síndic también ha puesto de relieve que no se garantiza suficientemente la asistencia letrada en las tres horas posteriores a la detención, sino que generalmente se produce cuando se toma declaración del detenido, por lo que ha instado a los colegios de abogados a exigir que se cumpla este derecho.
Por otro lado, el informe hace un balance “globalmente positivo” en cuanto a denuncias de abusos verbales o maltratos físicos al considerar que se han producido “mejoras evidentes” en los últimos diez años, en los que la administración también ha iniciado investigaciones internas a raíz de quejas de reclusos.
Ribó también ha celebrado que se hayan instalado cámaras en los espacios de detención para dar seguridad jurídica a reclusos y funcionarios cuando se producen incidentes, ello tras constatar las “dificultades” que tenían los presos ante la Justicia para probar y contradecir los hechos una vez consumados.
En cuanto al último año, se han llevado a cabo únicamente nueve visitas debido a la emergencia sanitaria, de las cuales cuatro han sido a comisarías de Mossos d’Esquadra -en Terrassa, Sabadell, Badalona y Sant Adrià de Besòs (Barcelona)- tres a prisiones, una a un centro de justicia juvenil y otra a un equipamiento de adultos con discapacidad intelectual. En todos ellos, ha explicado el adjunto del Síndic, Jaume Saura, la pandemia los ha cogido “tan desprevenidos como al resto de administraciones”, sin medios ni equipos médicos para hacer frente al incremento de contagios, lo que llevó a un “colapso” en el pabellón hospitalario de Terrassa, habilitado para acoger a los presos con coronavirus. Sin embargo, ha resaltado, la situación se ha ido “corrigiendo” de forma “satisfactoria”, lo que ha permitido aislar a los reclusos positivos de covid-19 e innovar en algunos ámbitos, como las comunicaciones por videoconferencia ante la suspensión de los vis a vis, una medida que el Síndic pide que se mantenga tras la pandemia.
Además, en general, los internos entrevistados dicen no haber sufrido maltratos, si bien algunos han denunciado actitudes “prepotentes y de abusos verbales”.
Por otro lado, el informe pone de relieve que en todas las comisarías hay un teléfono para que los detenidos puedan hablar con una tercera persona, tal como se había recomendado con anterioridad, pero censura que algunos agentes continúen estando presente durante las inspecciones médicas.
En cuanto a los centros de internamiento de menores, el Síndic ha destacado, tras visitar el de Montilivi, en Girona, la necesidad de crear grupos de separación para dar una respuesta diferenciada a las necesidades de los jóvenes en función de las medidas impuestas y ha celebrado la instalación de cámaras, especialmente “importantes” en las habitaciones de contención.
– Acceso al informe completo en pdf
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