Catalunya y el Tribunal (de ajuste) de Cuentas
Acacio Puig. LQSomos.
El pasado 29 de junio los medios de comunicación difundían la decisión del Tribunal de Cuentas de reclamar 5.417.899 euros a sucesivos gobiernos de la Generalitat por su empleo en la “promoción internacional del proyecto independentista”. El período contemplado para fijar la deuda y exigir su liquidación es el comprendido entre 2011 y 2017.
Se trata de un nuevo despropósito de intencionalidad represiva mediante el que el Tribunal simplifica y distorsiona lo que califica como una actividad de promoción del procés, viajes, delegaciones en el exterior… hasta la fase del referéndum del 1-O/2017 y que incluye el pago de honorarios a observadores internacionales del mismo.
En definitiva, con la exigencia de esa “liquidación” se penaliza un muy modesto gasto realizado en el curso de varios años, financiado por el presupuesto del gobierno autonómico y para cubrir un legítimo ámbito integral de promoción política, cultural y comercial propio de una entidad elegida y representativa, una Generalitat que ha defendido internacionalmente sus objetivos y lo ha hecho con sus dineros propios.
Para el Tribunal de Cuentas (que parece ser incluso ajeno a la España de las autonomías y afín a aquella siniestra “España, unidad de destino en lo universal” acuñada por la dictadura de origen militar-fascista) esa promoción constituye un delito más que procede castigar ejemplarmente. Las derechas aplauden, el gobierno toma distancia con timidez y la Catalunya soberanista cargada de razones, denuncia.
No podemos obviar que es también y precisamente como resultado de esas labores internacionales de esclarecimiento democrático, el que en la UE se haya negado la extradición de exiliados políticos catalanes, se exija la reformulación conceptual de delitos como el de sedición –propios de aparatos jurídicos militares- y se haya contribuido a crear las bases de (por lo menos) los indultos y en general de la necesaria reconsideración de la política represiva contra el Derecho a Decidir.
Que el poder judicial en España necesite mucho más que un repaso, es algo de lo que viene ocupándose frecuentemente esta web. Que la derecha defienda su prolongada colonización de un Poder reaccionario y fundamentalmente fiel a sus propuestas es una evidencia. Que “la izquierda respetuosa” siga persistiendo en el error histórico de la prudencia ante la reacción y sus envites, es algo que debería haberse rectificado hace décadas (evaluando también los errores derivados de “políticas prudentes” de la Segunda República). Todo eso es claro para quienes cultivamos pensamiento libre y crítico; pero la idolatría ante una constitución impuesta y difundida como dogma de fe y la sacralización del poder judicial mantienen a muy amplios sectores sociales aún sumidos en una especie de anestesia general.
La página que urge pasar aquí es la de la impunidad del poder judicial para abrir paso a la necesaria fase de juicio a la judicatura y depuración de sus responsabilidades. En ese ámbito y al hilo de las lamentables exigencias del Tribunal de Cuentas, Catalunya, Euzkadi y evidentemente todas las Plataformas por el Derecho a Decidir existentes en el estado español tienen por delante la responsabilidad de articular la denuncia y el más amplio rechazo de este nuevo atropello impulsando la mayor respuesta social posible.
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