Chile: del golpe militar al país de las maravillas
1. Antecedentes. La nueva derecha, 1966-1973
A mediados de los años 60 del siglo XX la burguesía chilena decidió poner fin al régimen político existente, no importando si gobernase la Democracia Cristiana con su revolución en libertad o la izquierda liderada por Salvador Allende. Su crítica era de fondo, había que cambiar el orden constitucional y dotar al país de una nueva institucionalidad. Según su diagnóstico, la democracia había sido penetrada por ideologías disolventes de la identidad nacional. Su objetivo, instaurar un orden totalitario marxista-leninista, mediante la dictadura del proletariado, atizando el odio y promoviendo la lucha de clases. Era obligado actuar en consecuencia.
En 1966, los partidos Liberal, Conservador y Acción Nacional confluyen en un proceso refundacional. La naciente organización se proclama nacionalista, defensora de la empresa privada, del progreso personal, el esfuerzo individual, antiestatista, promotora de la economía de mercado y contraria al discurso político condescendiente con el comunismo. En su declaración de intenciones carta llaman a todos los chilenos a participar en una gran lucha para vencer su sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a entregarse a ideologías foráneas y a sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo deprimente. La organización tomó el nombre de Partido Nacional.
En 1968, Mario Arnello, uno de sus líderes, del Partido Nacional, subrayaba: Nadie que sea partidario o aliado del marxismo, que pretenda imponer el socialismo y un estatismo absorbente puede ser defensor de la clase media. La clase media es fruto de la libertad personal, del respeto a la ley y al derecho, y, en especial, de la libertad de trabajo y de la iniciativa individual. Y sólo en este ambiente puede la clase media desenvolverse y prosperar. Mientras tanto, su presidente, Sergio Onofre Jarpa, baluarte de la trama civil del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, escribía, ese mismo año: Estamos al fin de un mundo, del mundo que nació con la revolución francesa y que ha culminado con la revolución comunista, demostrando el fracaso de los anhelos de la libertad en la lucha contra el absolutismo (…) al final de esta era se ofrece un nuevo absolutismo, más odioso y más denigrante (…) el socialismo no es el mundo nuevo, es la última etapa de una edad ya vivida y de una civilización que ha culminado con una filosofía materialista, que no responde a los anhelos del hombre actual.
A partir del 4 de septiembre de 1970 el Partido Nacional se dio a la tarea de boicotear el proyecto de la Unidad Popular, mostrando su furibundo rechazo a las medidas tomadas por el gobierno de Salvador Allende. Conspiraron. Tras el golpe de Estado su dirección tomó la decisión de autodisolverse. La razón, su programa político, dirían, estaba siendo desarrollado por las fuerzas armadas y la Junta Militar. Sus miembros se incorporaron a la dictadura ocupando diferentes puestos de responsabilidad.
Por otro lado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica un grupo de jóvenes estudiantes desafectos de la política tradicional, cuyo papel será determinante en el golpe de Estado, emerge con fuerza en 1967. Son los gremialistas. Liderados por Jaime Guzmán, ideólogo de Pinochet y coautor de la vigente Constitución chilena, se declararon apolíticos. Y desde su manifiesto contra la reforma universitaria desplegaron sus banderas. El frente gremialista se opone a un determinado concepto ideológico partidista de la universidad. En otras palabras, postulamos la apoliticidad de la universidad y los organismos gremiales de ella. ¿Cómo enfrentamos esto? Los gremialistas queremos una universidad que no sea comunista ni nacional, ni socialista ni radical. Estimamos que ella debe ser pluralista en lo ideológico, democrática en el más puro sentido de la palabra. Admiradores de la dictadura de Francisco Franco, encuentran su ideario en Ramiro de Maeztu y José María Pemán. Detractores del Estado liberal, se atrincheran en las concepciones tradicionalistas de la Iglesia católica y el hispanismo, cuyo representante en Chile era el historiador Jaime Eyzaguirre. Proponían la instauración de una democracia autoritaria, corporativa y sin la tutela de los partidos políticos. Sus planteamientos tendrán cabida en la Constitución de 1980, donde Chile se define como una democracia protegida y autoritaria. Profundamente antiestatistas, su gremialismo estaba inspirado en el corporativismo y el funcionalismo (…) creían en el protagonismo de los cuerpos intermedios, ajenos a toda interferencia política partidaria o ideológica, dando al Estado un rol subsidiario. Sus ideólogos señalaban que el corporativismo había nacido como una alternativa al liberalismo y al marxismo, tal como lo reflejaba la encíclica Quadragessimo anno. Convergentes con el Partido Nacional, tomaban distancia al menospreciar el papel del Estado y los partidos políticos. Fueron los impulsores de la movilización popular bajo la fórmula del gremialismo y el apoliticismo. Algo totalmente nuevo para una derecha que menospreciaba la acción de masas. Entre 1970 y 1973 se transformaron en lo que Armand Mattelart llamó la burguesía en la escuela de Lenin. Impulsaron las manifestaciones de mujeres contra Allende con las cacerolas y ollas vacías. Y participaron activamente en las huelgas de comerciantes, camioneros, mineros y estudiantes. Tras el golpe militar se convirtieron en los hacedores del proyecto de un nuevo Chile. Desde la Secretaría General de la Juventud ejercieron su influencia política. De ambas tradiciones, nacionales y gremialistas, nacerán tras las grandes protestas iniciadas en 1983 los dos grandes partidos que hoy identifican a la derecha chilena. Renovación Nacional (RN), cercano al primero, y Unión Demócrata Independiente (UDI), al segundo.
En medio de esta polémica refundación la Democracia Cristiana, en el gobierno (1964-1970), decía encarnar los valores de una sociedad libre, democrática y cristiana. Se autoproclamaba la tercera vía. Ni comunista ni capitalista. Partido adscrito a la doctrina social de la Iglesia, estaba fuertemente influenciado por la Falange Española. Su uniforme militante era la camisa azul y como insignia portaban una flecha con dos barras en su cuerpo central. Con el triunfo de la Unidad Popular su dirección nacional se deslizó a posiciones golpistas. Su líder, Eduardo Frei Montalva, y colaboradores, Patricio Alywin, Andrés Zaldívar y Juan de Dios Carmona, desplazaron a los sectores constitucionalistas. Sus acciones para evitar el triunfo de Salvador Allende fueron financiadas por el Pentágono y la Casa Blanca. En 1972 el periodista Jack Anderson las sacó a la luz. Se conocieron como Los documentos de la CIA y la ITT en Chile. En ellos aparece la trama argüida por la administración Nixon-Kissinger, con la anuencia del presidente Frei, para impedir la llegada de Allende a La Moneda. Su objetivo: comprometer a las fuerzas armadas en un golpe de Estado preventivo. Así se lo hizo saber Frei a Kissinger: El presidente Frei ha dicho privadamente a sus más allegados colaboradores, a Alessandri y a un enviado de Departamento de Estado durante el último fin de semana en Viña del Mar, que el país no puede ser entregado al comunismo y que es preciso impedir que Allende asuma el gobierno.
Una vez ratificado el triunfo de la Unidad Popular con 36.4 por ciento de los votos, el 4 de septiembre de 1970, se buscó colapsar la economía del país. En boca de Richard Nixon, había que hacer temblar la economía chilena. A lo cual Henry Kissinger, secretario de Estado, apostilló: No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. El mercado negro del dólar y el bloqueo económico fue su opción. El entonces ministro de Hacienda de Frei, Andrés Zaldívar, en discurso televisado el 23 de septiembre de 1970, pintó un panorama desolador, culpando de la situación económica al triunfo de la Unidad Popular. Era la carta para inducir a los militares a tomar una decisión fundamentada en el papel asignado a los militares en la formación de la identidad chilena: El ejército impregnado del alma colectiva de la nación constituye la organización que se da el pueblo para su defensa (…), pero no sólo la defensa física, sino también la defensa de lo permanente y de la esencia de los valores de la patria, cuya salvaguardia se configura especialmente en el ejército.
Entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre, fecha en la cual el Congreso debía ratificar los resultados electorales, Estados Unidos, en complicidad con Frei, buscó crear el caos, provocar el cierre de entidades financieras y grandes empresas azuzando la bandera del comunismo que viene. En el memorando enviado a Hal Hendrix, sito en el cuartel general de ITT, el 29 de septiembre de 1970, Roberto Berrellez, coordinador en Buenos Aires, detalla la maniobra: Las actuales posibilidades de frustrar la asunción del poder por Allende se sostienen fundamentalmente en el colapso económico estimulado por algunos sectores de la comunidad política y por el mismo presidente Frei. A este respecto, las próximas semanas serán decisivas. Hay poco dinero en efectivo. Pero el gobierno está imprimiendo más dinero. Hay un activo mercado negro. El escudo se cotizaba a 28 por dólar el lunes 28 de septiembre; ha bajado a 26.50 el viernes. El precio antes de las elecciones era de 20/21 escudos por dólar. Se realizan esfuerzos clandestinos por lograr el quiebre de una o dos de las asociaciones de ahorro y préstamo más importantes. Se espera que esto desencadene una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas para producir desempleo. (…) Frei le dijo a alguno de sus ministros que estaría dispuesto a ser derrocado por un golpe militar. Esto lo absolvería de cualquier complicidad en un golpe que, a su vez, liquidaría a Allende…
Fracasaron. Pero se guardaron una carta. El secuestro del general en jefe del ejército, René Schneider, a manos de miembros de las fuerzas armadas, encabezados por el general Viaux. Su objetivo, decantar la decisión del Congreso eligiendo a la segunda mayoría relativa, Jorge Alessandri, quien obtuvo 34.4 por ciento de votos. La resistencia que opuso el general Schneider, haciendo uso de su arma reglamentaria, acabó en asesinato. Desde ese instante el imperialismo, la derecha política, la oligarquía terrateniente y la burguesía chilena unieron fuerzas. El 11 de septiembre de 1973 su estrategia había triunfado. Las fuerzas armadas alzaban sus armas contra el gobierno legítimo y constitucional, y el pueblo chileno enarbolando para la ocasión los valores patrios amenazados por el marxismo-leninismo y la subversión comunista. Así lo hizo saber en el bando número cinco del 11 de septiembre de 1973:
Teniendo presente que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de enseñanza, derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad y derecho en general, a una digna y segura subsistencia; que el gobierno ha quebrantado la unidad nacional, fomentando artificialmente una lucha de clases, estéril y en muchos casos cruenta, perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria, y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia, falsas y probablemente fracasadas (…), las fuerzas armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan, apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría social, la cual de por sí, ante Dios y ante la historia hace justo su actuar y, por ende, las resoluciones, normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien común y de alto interés patriótico que se dispone cumplir.
2. Las justificaciones del golpe
Tres fueron los elementos esgrimidos por las fuerzas armadas para romper el orden constitucional: I) el caos económico y la violencia política; II) la inconstitucionalidad del gobierno en el ejercicio del poder; III) un supuesto autogolpe, adjetivado como plan Zeta, orquestado por la Unidad Popular para tomar el poder, destituir a la cúpula del ejército y los partidos políticos de la derecha, decretando la instauración de la República Popular bajo la bandera de la dictadura del proletariado y, de paso, asesinar a los principales opositores.
Estos tres elementos fueron urdidos como parte de la estrategia para dar legitimidad al golpe de Estado del 11 de septiembre. El primero de ellos, el caos económico y la violencia política, sigue vigente para explicar el periodo y la política económica de la Unidad Popular. Los ejemplos para dar credibilidad a su argumento se centran en la condescendencia del gobierno hacia las tomas de terrenos de pobladores, fundos por campesinos e industrias por trabajadores, así como la expropiación de grandes empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica y ataque a la propiedad privada. Nada dice del acaparamiento de mercancías, repuestos automotrices, alimentos, etcétera, destinados a fomentar el mercado negro y el desabasto. Una trama perfectamente diseña para provocar desazón popular y desafección al gobierno. Los primeros productos en desaparecer de los establecimientos fueron aquellos que sicológicamente producen un estado de ánimo bronco. El jabón, la pasta de dientes, el azúcar, el papel higiénico, la harina, el aceite, el té o el tabaco. Así lo señala Eduardo Frei a la hora de justificar el apoyo de la Democracia Cristiana a la Junta Militar y Pinochet, en carta dirigida a Mariano Rumor el 8 de noviembre de 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: “¿era la DC fascista o golpista por el hecho de haber denunciado esta política económica que llevó al país a la inflación desatada, al envilecimiento de la moneda, a la paralización productiva, el mercado negro, la escasez y el hambre? Los que con tanta ligereza hablan sobre Chile deberían venir y recorrer las poblaciones periféricas, los campos y las ciudades, y preguntar cómo era necesario hasta 10 horas de colas para conseguir 1/4 de litro de aceite, cuando se conseguía, o un kilo de pan, cuando se conseguía, o medio kilo de azúcar, cuando se conseguía. ¿Hay alguna democracia que resista estas tasas de inflación, escasez y mercado negro? ¿Es fascismo y golpismo denunciarlo? (…) Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Más aún: se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuando más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida”.
La Unidad Popular pasó a la historia oficial como articuladora de un proyecto económico fracasado, totalitario y estatista, generador del caos. De tal manera las fuerzas armadas estarían facultadas para intervenir, restablecer la estabilidad económica, la libertad de mercado y la paz social. Así nace el discurso neoliberal de un nuevo Chile ganador, de un país diferente al resto de América Latina y moderno, precursor de la globalización gracias a la acción eficaz de las fuerzas armadas.
El segundo argumento, la ilegitimidad del gobierno en el ejercicio del poder, se fue construyendo poco a poco. Sólo hacía falta poner en consonancia los poderes Judicial y Legislativo, así como la contraloría general del Estado, a lo que se sumarían colegios profesionales, universidades y medios de comunicación controlados por la derecha. Sin pudor se trató de arrinconar y vetar todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo, cuestionando la posible constitucionalidad de sus medidas. Primero fueron acusaciones a sus ministros y una campaña mediática perfectamente orquestada. Y a partir del frustrado intento de la derecha de conseguir los dos tercios del Congreso para destituir constitucionalmente al presidente en elecciones del 4 de marzo de 1973, se opta por el golpe de Estado. La intentona del 29 de junio será un punto de inflexión. Lo siguiente, elaborar un estudio demostrando el fraude electoral cometido por la UP en las legislativas de marzo. Dicho estudio se financió desde la Universidad Católica y fue presentado a la opinión pública en julio de 1973. Sus argumentos: la progresión de los votos de la UP, según ellos, iba en franco retroceso y no podía, salvo fraude, obtener más de 35 por ciento. Cualquier cifra superior, llegó a 47 por ciento, significaba que el censo electoral había sido modificado en su beneficio. Las elecciones eran papel mojado. Nada más qué decir. Para corroborar su hipótesis apostillaban que el sentir mayoritario de los chilenos era destituir al Presidente. El documento circuló profusamente entre las fuerzas armadas. A continuación, como parte de la trama, la Contraloría General del Estado declara parcialmente inconstitucional el decreto que reformaba las tres áreas de la economía presentado por el Ejecutivo. Nada más producirse ese hecho, el 8 de julio, Eduardo Frei, presidente del Senado en conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, en declaración conjunta señalan que Chile vive un momento de crisis de extrema gravedad, debido a que una minoría ha querido imponer un esquema ideológico y programático que la mayoría del país rechaza. A continuación, El Colegio de Abogados declara que en Chile se ha roto el ordenamiento jurídico. Y en un acto sin precedente, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, redacta una declaración cuyo destinatario es el presidente Allende. En su interior se subraya la ilegitimidad del gobierno. En su epígrafe quinto y sexto señala: 5º (…) es un hecho que el actual gobierno de la república, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por el Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema representativo que la Constitución establece; 6º Que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del estado de derecho.
