Chipre como cobaya: justos por pecadores
En un primer round el parlamento de Chipre, con la presión de la calle sobre su nuca, ha dicho “no” al expolio de los ahorradores decretado por la Troika. Algo es algo. En 2004, tras sendos referendos negativos en Francia y Holanda contra el Tratado de Lisboa, fueron precisamente sus representantes políticos quienes enmendaron la plana a la gente, violentando su derecho a decidir. Veremos ahora qué nuevas tretas utilizan los plutócratas de la UE y los gobiernos satélites para conseguir que otra vez paguen justos por pecadores.La trituradora europea sigue cobrándose víctimas. A la pérdida de soberanía monetaria impuesta por la UE, la devaluación interna a base de una brutal destrucción de empleo y la obscena laminación de servicios sociales se une ahora la pura y simple confiscación y el corralito sobre los ahorradores. Negando sus propias disposiciones que en teoría garantizaban en toda la zona hasta un máximo de 100.000 euros en los depósitos bancarios, la Troika (BCE, CE y FMI) ha usado a Chipre como cobaya para un nuevo experimento de terrorismo financiero. A cambio de recibir 10.000 millones de euros para rescatar a la banca privada, los chipriotas que han creído en las promesas de Bruselas tendrán que rendir un tributo por su dinero. Un “impuesto revolucionario”, dar en vez de recibir, como ha sido la lógica del negocio bancario desde que a partir siglo XVIII se empezara a retribuir el interés del capital. La fórmula Robin Hood al revés: robar a los pobres para dárselo a los ricos.
Lo que sorprende, más allá del puro saqueo que la norma significa, es que en este caso no se han producido reacciones hostiles de países cuyos nacionales se han visto atrapados en el expolio. Cuando, tras el crac de su sistema financiero, Islandia se negó a compensar a los ciudadanos británicos que tenían depósitos en sus bancos el gobierno inglés sacó toda su artillería diplomática e incluso llegó al absurdo de poner a aquel país en la lista de naciones terroristas. Posiblemente porque en este caso es la propia Troika la que ejerce el terrorismo superestatal, y los gobiernos satélite quienes están aplicando sus desmanes como cooperadores necesarios. Socializan el sufrimiento como vulgares pistoleros a sueldo. Esa es la denominación de origen que viene de Bruselas, la deudocracia.
Es la Europa del trabuco. Se rescata a Chipre para que pueda hacer frente a su deuda y la consecuencia es que sus impostores se ven gravados con rentas negativas en sus ahorros. Se rescata a la banca que ha creado la crisis con dinero al 1% de interés del BCE y con él esas entidades hacen su agosto prestándolo a los Estados al 5% o el 6% para que acto seguido sus gobiernos repercutan la carga fiscal sobre los ciudadanos, destruyendo empleo y recortando inversiones públicas. El negocio del 1% de la población a costa del 99%, que solo se explica por la pereza mental, el conformismo y el miedo a la libertad de una sociedad demasiado acostumbrada a que otros decidan por ella.
Terrorismo económico-social es, a la hispana manera, lo que encubre el decreto-ley aprobado por el gobierno del PP para, según la cantinela, “garantizar el futuro de las pensiones”. A partir del 15 de abril las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas serán más gravosas para las empresas, y los atajos hasta ahora existentes para traspasar al conjunto de la sociedad los costes encubiertos de los despidos colectivos se encarecerán. Suena bien, lo que ocurre es que la disposición llega oportunamente tarde: cuando las grandes empresas, bancos y multinacionales casi han agotado su capacidad de destrucción de empleo, siendo responsables de la mayor parte de las EREs aplicados, con la inestimable ayuda monopolista de los sindicatos mayoritarios que tienen en la gestión de esos despidos masivos una suculenta fuente de ingresos. Y con tiempo de sobra para que las corporaciones que estaban rezagadas, como Bankia, Iberia, Banco Santander, Banesto y CaixaBank, pongan manos a la obra con CCOO y UGT para soltar lastre antes de que se cierre la ventanilla.
Lo irracional de esta reforma de la contrarreforma sobre el endurecimiento de las pensiones, que inició el PSOE en la etapa de Rodríguez Zapatero, es que ni por asomo se busca crear empleo para aligerar la bolsa de parados que hace de España el líder europeo en desempleo forzoso. Todo va dirigido a aumentar los ingresos (alargando la jubilación en todas sus modalidades y, por tanto, creando un tapón generacional para trabajadores sin trabajo) y reduciendo gastos (empobreciendo las percepciones). La penalización a desempleados de larga duración mayores de 55 años a la hora de optar a una prestación tras agotar el subsidio señala en la dirección de una discriminación negativa al compararla con el permiso a los jubilados para seguir trabajando cobrando el 50% de su pensión. Mientras la ayuda a los primeros queda condicionada a que todos los integrantes de la unidad familiar (esposa e hijos mayores de 26 años) sean casi pobres de solemnidad (otra forma de fomentar el divorcio ), la segunda, ampliada a los funcionarios, no sólo supone otro modo de cegar la llegada del empleo joven sino que puede introducir el régimen de castas en el mundo del trabajo. Porque esa opción de seguir más allá de la jubilación debe ser pactada con el empleador, que a buen seguro hará una selección interesada de esos empleados de último recurso. En suma, bajo la palabrería habitual, se impone la política del embudo.
Todo ello con la habituales gotas de cinismo por parte de CCOO y UGT y de la sedicente izquierda socialista y sus acólitos, que han puesto el grito en el cielo amenazando con ir al Tribunal Constitucional, olvidando que fueron ellos quienes consensuaron con la CEOE la gran contrarreforma de las pensiones que ahora el PP profundiza urbi et orbi. En la hemeroteca está para quien tenga memoria ese premonitorio artículo publicado por El País, en agosto de 2009, donde la bioquímica Margarita Salas y dos catedráticos justificaban en base a la mayor esperanza de vida la involución de las pensiones que el gobierno socialista tenía ya en el telar. El título era tan elocuente como desvergonzado: “Rentable para Hacienda, bueno para la salud”.
En fin, una oposición de corta y pega. Y todavía puede ocurrir que aparezca Joaquín Almunia como relevo intergalactico en el liderazgo de la oposición ante la supina indigencia mostrada por Rubalcaba y su tropa. El jefe de “los hombres de negro”, el portavoz del golpe de los mercados, como salvador. Existe otra versión más osada que propone a la ex portavoz de IU en el Congreso, Rosa Aguilar, siguiendo la pauta de lo hecho con el pacto entre PSA e IU para repartirse el gobierno de Andalucía. que podría tener la virtud de fagocitar a un buen numero de cuadros de la cantera comunista, como es tradición en el PSOE. Cosas veredes.
Lo cierto, es que hace tiempo que el duopolio dinástico PP-PSOE ha perdido toda legitimidad ante la sociedad. Ya ni siquiera entre ambos superan en las encuestas el cincuenta por cien en la confianza de la población, no tienen quorum. Mientras, por el contrario, hace tiempo también que la ciudadanía pasó a afirmarse como una alternativa en sí misma al sistema. Lo demuestran esas cifras que hablan de que un 77% comparte los objetivos del 25-S y las más recientes sobre un 81% de confianza en los movimientos sociales mientras el desprecio a gobierno y oposición se hace sideral.
Y eso no es una bagatela. Muy al contrario, supone levantar acta de que la mayoría social ya ha interiorizado el necesario proceso destituyente. El requisito previo para iniciar la ruptura democrática que abandere un nuevo, real, solidario, humanista, ecológico, antipatriarcal, anticapitalista y democrático espacio autoconstituyente (de abajo arriba). Un territorio político autogestionado que, sin tener necesariamente que culminar en una constitución escrita, derogue el régimen vigente con su funesta transición, corte y cortesanos incluidos, y difunda la idea de la refundación social en toda Europa. Somos el 99%. Ejerzamos como tales, socialicemos la indignación. Somos personas, no mercancías. Somos el pueblo.
