Chubut: No es sequía, es saqueo
Por ANRed*. LQSomos.
Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del Paraná o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuquén; los medios masivos no lo muestran, pero vecines recorren el Paraná a remo en travesía por la Ley de Humedales, y en Neuquén las comunidades mapuche salen a las rutas bloqueando losaccesos a Vaca Muerta para denunciar la situación del agua
«No es sequía, es saqueo»: movilizaciones en Chubut, Argentina, en defensa del agua y contra la No es sequía, es saqueo
Organizaciones y asambleas ambientales nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) se han manifestado leyendo una declaración conjunta este lunes 23 de agosto, desde las 11 horas en Trelew, Esquel, Lago Puelo y Epuyén. Con la consigna «No es sequía, es saqueo», la jornada de lucha es en defensa del agua, contra la zonificación minera y el tipo de Declaración de Emergencia Hídrica que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni. «Basta leer las prioridades que han establecido para el uso de agua (se estipulan por artículo 42 del Código de Aguas de la Provincia del Chubut) para comprender que se trata de una herramienta más para el saqueo de nuestros bienes comunes. Si bien el primer lugar es para el uso doméstico y residencial como el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en orden de prioridad: agrícola, pecuario, industrial, minero, energético, terapéutico, y por último, turístico y recreativo», remarcan.
A las 10 comenzó la primera conferencia de prensa de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) en la Peatonal Garín de Trelew, con la participación de las asambleas de Gaiman, Dolavon y Puerto Madryn. Se puede seguir la intervención en la transmisión en vivo desde el perfil de Facebook Unión de Asambleas de Comunidades Trelew.
En tanto, desde las 11 la actividad se replicó en la Plaza San Martín de Esquel, que fue transmitida en vivo en el Facebook de No a la Mina Esquel, y en frente al Municipio de Epuyén, fue transmitido en vivo el Facebook de la Asamblea de Vecinos de Epuyén. En tanto, desde las 11.30, la ADCRE, S.E.R. y la Asamblea Comarcal contra el Saqueo realizarán la misma actividad en la Plaza de Lago Puelo, donde está el mural del colectivo Santiago Maldonado.
En la declaración conjunta acordada, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) expresará: «¿Qué pasa con el agua en Chubut?. La pregunta viene resonando desde el último encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh). La falta de lluvias y nevadas en la zona de la cordillera, el aumento de las temperaturas y el impacto de lo que el norte global viene nombrando como ‘cambio climático’, en diferentes partes de nuestro país preocupa a toda la población. Las redes se llenan de videos de personas caminando por el lecho del Paraná o atravesando a pie los diques de los canales de riego de Neuquén; los medios masivos no lo muestran, pero vecines recorren el Paraná a remo en travesía por la Ley de Humedales, y en Neuquén las comunidades mapuche salen a las rutas bloqueando losaccesos a Vaca Muerta para denunciar la situación del agua. En nuestra provincia, circulan imágenes de vecines caminando por los lechos secos del embalse Florentino Ameghino, el lago Colhue Huapi, la Laguna del Aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua. La charla cotidiana entre vecines sobre la bajante de ríos, arroyos, lagos, la remisión de agua en pozos, y la acuciante situación de poblaciones como la aldea Yala Laubat en la meseta central, nos llevaron a afirmar, en el último documento de la UACCh que ‘Chubut se queda sin agua’ «, alertan.
En la misma línea, señalan: «en las últimas semanas, replicando lo actuado por los gobiernos de Neuquén y Río Negro (pero también por el gobierno nacional respecto de la cuenca del Paraná entre otras), el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para la sanción de una Ley de Emergencia Hídrica que se basa en el reconocimiento de la crisis hídrica que atravesamos. Se suma a otro proyecto de diferente autoría, que coincide en declararla Emergencia Hídrica, sólo que el del Poder Ejecutivo plantea darle facultades extraordinarias al cuestionado Instituto Provincial del Agua (IPA) para gestionar recursos y aumentar su capacidad de control sobre el uso del agua en nuestra provinciajunto con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento del Chubut».
Desde las asambleas y organizaciones ambientalistas apuntan contra el tipo de declaración que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni, dados sus antecedentes de acompañamiento e impulso del extractivismo y de la zonificación minera en la provincia: «¿qué puede aportar una declaración de emergencia hídrica a un Estado que se ha demostrado contrario a la defensa del agua como bien común? ¿Cómo puede querer resolverse una crisis hídrica a la vez que impulsan un proyecto de zonificación minera que da vía libre a la contaminación de millones de litros de nuestras cuencas subterráneas? ¿En qué medida puede aportar al cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes corporaciones extractivas petroleras? Hace años que nos niegan los estudios sobre el agua del Río Chubut en la zona cercana a la explotación uranífera de los años ’70 (LosAdobes, en cercanías a Paso de Indios); se han negado a controlar los efluentes de las pesqueras generando un desastre ambiental en el valle; ¿y ahora quieren que le demos al zorro las llaves del gallinero?», se preguntan.
«No nos saca del problema quien nos metió en él – continúa la declaración – El IPA ha mostrado ser un organismo completamente ineficiente para el cuidado del agua. Si repasamos su formato institucional y la historia de su creación, previa disolución de la Secretaría de Recursos Hídricos, comprendemos que es parte de un plan que tiende hacia la privatización del agua: es una entidad sin presupuesto propio que sólo interviene en aquellos casos en los que un privado lo solicita y garantiza el financiamiento de su intervención. Su histórico director, Gerardo Bulacios, ha sido denunciado públicamente por sus manejos fraudulentos de esta doble cabalgadura público-privada. Su actual director, Ingeniero Nicolás Cittadini, viene de ser corrido de Vialidad Provincial por las y los trabajadores de la dirección, por su nefasto rol en los atropellos laborales hacia trabajadores del sector. Pero además, ¿cuáles han sido las propuestas del IPA en el último tiempo para garantizar el acceso al agua de todes les chubutenses? En el segundo semestre del año 2020 el IPA autorizó un nuevo permiso de uso de aguapara Minera Argenta (Pan American Silver) para un campamento minero en la zona de La Rosada. La minera utiliza esos permisos para seguir vaciando los afluentes subterráneos de la cuenca del Sacanana en su afán de seguir realizando exploraciones en el territorio que ocupa. ¿Alguna relación con la remisión de las napas en la zona que denuncian vecines de la comunidad de Yalalaubat? Todas. Y sin embargo, el IPA desoyó las miles de presentaciones de recursos de oposición a ese permiso de uso de aguas para la minera, presentadas por vecines y organizaciones de toda la provincia en defensa de la producción, la salud y la biodiversidad».
Así mismo, desde la unión de asambleas señalan: «es indiscutible que hay pequeñas obras que deberían haberse hecho hace muchos años (como en el caso del Río Sengerr, los canales de derivación sin compuertas, que permanecen abiertos todo el año e inundan campos durante el invierno, impidiendo que esa agua llegue al lago Muster). Lejos de ello, desde su asunción como nuevo director del IPA, Cittadini se pasea por medios provinciales hablando de un plan de construcción de cinco megaproyectos de alto impacto en las cuencas superficiales ya deterioradas por la inacción del gobierno y los abusos de los grandes capitales extractivistas y terratenientes. Vuelven a la carga con los proyectos hidroeléctricos en Corcovado, en el río Senguerr y en la zona de Gualjaina, ampliamente rechazados por les vecines y comunidades mapuche tehuelche en ambos territorios. A la vez proyectan financiar mega obras de compuertas de riego, para beneficiar a los espurios intereses de grandes terratenientes en El Maitén, y dan por hecho el azud (un dique de contención) en el lago Fontana para intervenir sobre la cuenca del Senguerr».
En ese sentido, plantean que «es francamente alarmante que habiendo permitido que las petroleras, con sus tomas de agua clandestinas, sequen por completo el lago Colhue Huapi y estén secando el vecino lago Musters, el Estado se permite tamaña intervención sobre el nacimiento del río que alimenta ambos cuerpos de agua, estando en discusión si la construcción de un azud es el mejor plan en tiempos de sequía». «Con esos antecedentes, y con la probada voluntad predatoria que tiene el gobierno de Chubut hacia nuestros territorios y nuestras comunidades, ¿podemos confiar en su declaración de emergencia hídrica?», se preguntan. «Basta leer las prioridades que han establecido para el uso de agua (se estipulan por artículo 42 del Código de Aguas de la Provincia del Chubut) para comprender que se trata de una herramienta más para el saqueo de nuestros bienes comunes. Si bien el primer lugares para el uso doméstico y residencial cómo el abastecimiento de poblaciones, luego se enlistan en orden de prioridad: agrícola, pecuario, industrial, minero, energético, terapéutico, y por último turístico y recreativo», destacan desde la UACCh.
Es por eso que, con respecto al contenido de la declaración que impulsa el gobierno de Arcioni, señalan: «por un lado, en el orden energético se invisibiliza el rol de las operadoras petroleras en la desaparición del lago Colhué Huapi y la preocupante sequía del Musters en la zona sur de la provincia, donde se planifican obras de gran envergadura que afectarían seriamente los cuerpos y cursos de agua superficiales. Por otra parte, no se diferencia -ni en el código de aguas ni en el proyecto de emergencia presentado por el ejecutivo- entre grandes y pequeños productores agropecuarios, a pesar de reconocer la existencia de ‘más de 3000 productores’ (según Cittadini) de los que no se tiene registro alguno. Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras ancestrales de la Patagonia: el grupo Benetton y su Compañía de Tierras del Sud. Este grupo económico transnacional es responsable de los principales emprendimientos ilegales con el fin de acaparar agua en el curso de los ríos Chubut, Lepá, Gualjaina y sus afluentes; a su vez, es corresponsable -junto con diversos estamentos del estado provincial y nacional- de la invasión de especies exóticas como el pino en toda la zona de las nacientes del río Chubut y sus afluentes. El negociado de la pinificación tiene probados efectos negativos en el agua: baja el nivel freático y deseca manantiales, mallines y pequeños arroyos, mientras merma el caudal de otros cursos de agua».
Además, agregan: «el proyecto del ejecutivo también proyecta declarar responsables legales de la custodia de las compuertas, a los propietarios de los predios donde se instalen los dispositivos de aforo y transmisión. Más poder de control del agua, a los mismos grupos. Se prevé disponer de un fondo especial de $500.000.000 a repartir entre el IPA y el Ministerio de Infraestructura para obras como la construcción de represas hidroeléctricas y compuertas en las nacientes de aguas, que impactarían directamente en el detrimento de la flora y la fauna. No se planean obras en los municipios para garantizar agua. Este dinero es sólo para megaproyectos, lo que -sabemos- trae aparejada la ‘megacorrupción’ que ha devastado al estado provincial. Toda declaración de emergencia genera una nueva caja, reduciendo los controles, generando la posibilidad de hacer compras directas, sin licitaciones ni control previo de organismo alguno (ni hablar de controles ciudadanos o transparencia)».
En este contexto, desde la UACCh consideran «de vital importancia compartir» esta información con vecinos y vecinas de Chubut «para poder seguir articulando acciones de defensa del agua, fuente de vida para nuestros territorios y nuestras comunidades». Por lo que denuncian «la sistemática violación del gobierno de Chubut a los convenios internacionales en términos de consulta previa, libre e informada al mundo indígena (Convenio 169 OIT) y a los suscriptos recientemente sobre participación ciudadana en materia ambiental (Acuerdo de Escazú), ambos con rango constitucional en nuestro país».
En la misma línea, agregan: «reconocemos detrás de los proyectos del IPA la mano del IIRSA, la iniciativa regional que nuclea a corporaciones y gobiernos con fines de explotación de los territorios y esclavización de las poblaciones, y alertamos sobre los verdaderos fines del Corredor Bioceánico recientemente anunciado en el marco de la campaña electoral de los y las precandidatas del oficialismo nacional en la zona de Lago Blanco (sudoeste de Chubut)».
Por todo lo señalado, finalizan exigiendo: «la disolución del Instituto Provincial del Agua -IPA, como lo venimos haciendo desde el Parlamento por el Agua en El Maitén en febrero de 2020. Demandamos la jerarquización de la problemática en un marco institucional apropiado a la caracterización del agua como bien común y la generación de una política hídrica acorde a los principios rectores de la autoridad federal en la materia, el Comité Hídrico Federal (COHIFE). ¡Ninguna autorización de uso de agua que no sea para la vida y el cuidado de la mapu! Entendemos que la única garantía para evitar que nos sigan robando el agua es la organización comunitaria que nos permita caminar con autonomía hacia el buen vivir, y es por eso que convocamos a todos y todas las vecinas, vecines y vecinos de Chubut a sumarse a las asambleas de sus localidades, a articularse en las redes de asambleas ya salir a luchar con todas las herramientas que tengan para ponerle un freno a los intereses de estos gobiernos y de las corporaciones que quieren saquear nuestro territorio. Todas las estrategias son válidas y la salida siempre es colectiva».
* ANRed – Agencia de Noticias RedAcción
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