Colombia, donde la guerra, como en todas partes, es atroz, dura más de medio siglo y no acaba así como así

Javier Sáenz Munilla*. LQSomos. Agosto 2017

Recuerdo con bastante precisión mi viaje al Magdalena Medio, allá por el año 1991. En esa época la región era considerada “zona roja”, en el lenguaje paramilitar-militar-gubernamental, porque en ella “accionaban” las guerrillas; concretamente las FARC. Para cualquiera que conociera lo que allí ocurría, y en un lenguaje no contaminado por el “establecimiento” (el poder institucionalizado), en realidad se trataba de una zona en la que los paramilitares y, valga la redundancia, los militares, trataban de desalojar a las FARC y hacían y, sobre todo, deshacían a su antojo y cotidianamente según las sugerencias-órdenes de los grandes propietarios agro-ganaderos, agrupados en la asociación ACDEGAM, promotora de las llamadas Autodefensas del Magdalena Medio, los paramilitares. Su feudo era Puerto Boyacá, a cuya entrada te recibía un inmenso cartelón en el que se anunciaba que te disponías a ingresar en “La capital mundial del anticomunismo”.

Pero mi destino era Cimitarra, en el valle del Carare, un afluente del Magdalena. Y mis anfitriones, los valientes miembros de la directiva de la Asociación de Campesinos del Carare, premiados ese año con el Nobel de la Paz alternativo.

En realidad, el premio concedido a la junta directiva, era en honor a los miembros de la junta anterior, asesinados por paramilitares en una operación planificada y dirigida por la Brigada del Ejército asentada en Cimitarra. Ese día desayunaban en el bar La Tata, con una periodista colombiana que preparaba un reportaje para el canal 4 de la BBC. Silvia Duzán cayó muerta junto a tres dirigentes campesinos. Era el 26 de febrero de 1990, en plena alianza de los paramilitares y el Cartel de Medellín y en plena guerra de exterminio de la Unión Patriótica, la opción política de las FARC y el Partido Comunista de Colombia.

Los valientes miembros de la nueva junta directiva, tomaron el testigo para continuar la labor de sus compañeros asesinados: intentar parar la guerra en la región más rica del país.

Los asesinados no hicieron sino llevar a la práctica lo que los pobres campesinos de la zona, desperdigados en casitas y chozas en las distintas veredas del río Carare, estaban pidiendo a diario: que cesaran las extorsiones, que acabara la violencia, que dejaran de matar campesinos. Y los dirigentes de la asociación así se lo manifestaron a las dos partes del conflicto. Caminaron hasta el campamento de las FARC, hablaron con el comandante del Frente y le dijeron: “No les vamos a colaborar más, no les vamos a vender alimentos, porque si lo hacemos, viene el ejército, los paras, y nos desaparecen”. Lo mismo le dijeron al coronel de la Brigada, el mismo que dirigió la operación para su exterminio.

Quienes sustituyeron a los asesinados, los receptores del premio Nobel alternativo, con indudable valor, siguieron en el empeño sin lograrlo, aunque se convirtieron en un ejemplo que dio fruto en otras comunidades de paz en otros puntos del país. Y además, seguramente el premio, que dio cierto eco internacional a la Asociación, les salvó de ser también masacrados. Pero, claro, no lograron imponer la paz en esa zona. Hubiera sido una burbuja de paz en medio de una guerra atroz y, además, en una de las zonas donde se cometieron las más atroces matanzas de esta guerra; el Magdalena Medio. O sea, un imposible.

Se acaba la guerra, pero no la violencia

El 23 de Junio de 2016, hace un año, en una solemne ceremonia, el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el máximo dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, firmaban en La Habana en presencia del Presidente Raúl Castro los acuerdos de paz que deben poner fin a más de 50 años de guerra.

En septiembre, en una solemnísima ceremonia celebrada en Cartagena de Indias, se escenificó la entrada en vigor de los acuerdos con el alto el fuego bilateral establecido en ellos. Santos era ya, además de Presidente de Colombia, el nuevo Nobel de la paz y como tal dictó su discurso. Timochenko hablaba del firme compromiso por la paz de las FARC, pero sus palabras no se escucharon porque un avión de guerra de la Fuerza Aérea Colombiana, rompió la barrera del sonido sobre las cabezas de los congregados, en un gesto fuera de protocolo, que dejó bien claro quién manda en Colombia.

En esta fase del conflicto, cuyo inicio se fecha hacia 1964, más de 50 años, sí, a la que se intenta poner fin con estos acuerdos, ha habido más de 260.000 muertes, la mayor parte de población civil; decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados… En la fase anterior, conocida como “la violencia” e iniciada en 1948, se calcula que hubo otros 300.000 muertos. Y en la Guerra de los Mil días, a fines del XIX principios del XX, cuando el obispo de Popayán (un agustino español hecho santo por Juan Pablo Segundo, “te quiere todo el mundo”), predicaba la caza y muerte del liberal, los cadáveres, muchas veces desollados, bajaban flotando a decenas por el Magdalena…

Desde que se firmaron los acuerdos de La Habana, hace ahora un año, no ha habido semana en la que no haya sido asesinado un dirigente de alguna organización social, defensor de los derechos humanos, sindicalista…Y ya van varios ex-guerrilleros de las FARC ultimados. El exterminio de la UP, más de 4.000 asesinados, suena y resuena.

Desmovilización y grupos en armas

En un año, unos 7.000 combatientes de las FARC se han retirado del amplio territorio que controlaba la organización: 242 de los 1.122 municipios de Colombia.

Pero según un reciente informe elaborado por la FIP (Fundación Ideas para la Paz) (*), quedan 10 grupos y organizaciones armadas, aún presentes en el país. De ellas, 2 con presencia nacional (ELN y Clan del Golfo), 5 regional (además de las dos anteriores, el Bloque Meta, las disidencias de las FARC y el EPL) y el resto de carácter local (Bloque Libertadores del Vichada, Milicias FARC, Desertores Farc y las Redes de intermediarios del Narcotráfico).

–El ELN-Unión Camilista, en inicio de negociaciones con el gobierno sin suspender las acciones armadas, con unos 1.500 guerrilleros y una amplia red de milicianos y civiles. Se está movilizando hacia zonas que controlaban las FARC, se consolida en zonas de anterior disputa con las FARC y se expande hacia otras zonas no guerrilleras.

–Los GAO. Los llamados Grupos Armados Organizados, hasta hace poco denominados BACRIM (Bandas Criminales) por el gobierno y que proceden básicamente de la “desmovilización” paramilitar en el gobierno de Uribe. Se dedican sobre todo al narcotráfico, la tala y la minería ilegales, la extorsión, etc. Están en 74 municipios de 13 departamentos, actuando en parte de lo que antes era territorio FARC. Se les calculan más de 2.000 integrantes. El grupo más fuerte es el Clan del Golfo, antes conocido como Los Urabeños o el Clan Úsuga.

–El EPL (Ejército Popular de Liberación), disidencia de la guerrilla del PCC (m-l), que se desmovilizó en 1991. Se concentra en el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, junto a Venezuela. Pueden tener unos 200 efectivos armados, con una gran capacidad militar, demostrada en más de un golpe certero a la fuerza pública. Se consolidan en la región, tras ocupar antiguos espacios abandonados por las FARC.

–Los GDO (Grupos Delincuenciales Organizados), que según el citado informe FIP, aunque “de menor envergadura, se constituyen en una seria amenaza para las subregiones y los ámbitos locales, urbanos y semiurbanos”. Se estima que hay unos 20 de estos grupos (entre ellos Los Caqueteños, Los Botalones, Los Rastrojos, Los Costeños, La Cordillera, el Clan Isaza, La Empresa, etc.). A los que hay que añadir cerca de 20 organizaciones delincuenciales y ‘oficinas de cobro’, integrados en el narcotráfico.

–Disidencias de las FARC. Según el International Crisis Group (ICG), hay 14 grupos disidentes farianos que operan en 16 municipios, con entre 700 y 800 combatientes. Se encuentran en 9 departamentos, principalmente en el Sur de Colombia. Entre ellos está el Frente 1, en el Guaviare, que mantiene una estrategia política clara y buena relación con la población y que se sostiene con el narcotráfico.

La disidencia de las FARC, con capacidad para enfrentarse al Estado y dar golpes de impacto, podría perdurar en el territorio que va del Guaviare al Vaupés y la Guainía.

La desaparición de las FARC no pone fin al conflicto

Las FARC han dado un paso de gigante, además de difícil muy arriesgado, al decidirse a entregar las armas. Un paso que será o no decisivo para la construcción de un país en paz con justicia social, en buena parte si el “Establecimiento” cumple los compromisos que ha adquirido en los llamados Acuerdos de La Habana. Entre ellos, el reparto de tierras, el reconocimiento y resarcimiento a TODAS las víctimas y el combate auténtico de las bandas narcoparamilitares.

El desarrollo de los acontecimientos, por ahora no del todo positivo, llevará a otros grupos armados, empezando por el ELN, a confiar y sumarse a procesos de paz similares o a seguir levantados en armas. No obstante, hay un hecho fundamental, que va a dar la medida al proceso: A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo; el tercero tras Haití y Honduras en Latinoamérica y el Caribe. Si esa realidad no sufre cambios sustanciales, el largo y atroz conflicto colombiano perdurará.

Nota:
* Los grupos armados que están ocupando los territorios abandonados por las FARC en Colombia

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