Colombia: el régimen político y las altas Cortes de Justicia
Por Pedro Santana Rodríguez*
El proceso de elección del nuevo Procurador General de la Nación muestra cómo las altas cortes y partidos políticos perpetúan dinámicas clientelistas, alejándose de los ideales que inspiraron la Constitución de 1991
Tanto los candidatos del Consejo de Estado como los de la Corte Suprema son hombres del establecimiento tradicional y opositores al gobierno de Petro
Los constituyentes de 1991 pensaban que para garantizar la independencia de la justicia y de los organismos de control así como para garantizar la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se deberían dar funciones electorales a las altas Cortes de Justicia en el entendido que estas Corporaciones por ocupar en la Rama Judicial la cúspide de la magistratura, garantizarían la postulación atendiendo el criterio de preservar el bien común, la transparencia y la probidad de las personas seleccionadas para ser electas en dichos cargos. También previeron que el presidente de la República al postular sus candidatos y siendo él el supremo garante de los intereses nacionales actuaría también con sindéresis y decoro para postular la terna para que la sala plena de la Corte Suprema elija al o a la fiscal General de la Nación y al presentar sus candidatos o para postular las ternas para que el Senado elija a tres los integrantes de la Corte Constitucional. Igual pensaban que ocurriría en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado al postular cada una de estas altas cortes de justicia tres ternas cada una para integrar así el máximo tribunal de la Justicia en Colombia, la Corte Constitucional.
Cuan lejos estamos de que esto sea así. Por el contrario, las funciones electorales de las altas cortes y también allí cabe las atribuidas al presidente de la República, han devenido en el intercambio de favores clientelistas que sin pudor alguno realizan estas altas Cortes de Justicia al momento de postular sus ternas o como en el caso de la Procuraduría General de la Nación al postular un candidato para integrar la terna de la cual el Senado de la República deberá elegir al procurador (a) General de la Nación. Como se sabe el Senado de la República elige de una terna integrada por un candidato del Consejo de Estado, un candidato de la Corte Suprema de Justicia y un candidato postulado por el presidente de la República. Formalmente cada uno de ellos realiza una convocatoria pública para que se postulen los candidatos de los cuales al final cada organismo elige su candidato.
El actual proceso de selección de los candidatos para reemplazar a la impresentable uribista y ficha del clan de los Char, la actual procuradora General, Margarita Cabello Blanco, muestra justamente lo que estamos examinando y es el carácter clientelista y politiquero con el cuál los más altos organismos de la justicia en Colombia eligen sus candidatos. Recientemente el Consejo de Estado ha elegido a Luis Felipe Henao como su candidato para que integre la terna para la elección del procurador General de la Nación. Henao es un abogado de las entrañas de Cambio Radical que orienta y dirige Germán Vargas Lleras. Ha ocupado en representación de dicho partido el Ministerio de Vivienda, así como la secretaría general del Ministerio del Interior y el viceministerio de esta misma cartera y viceministro en la cartera de Vivienda durante el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2007. Este partido político es un instrumento del Clan de los Char que como se ha dicho ya cuenta con la procuraduría en cabeza de Margarita Cabello.
Pero además Cambio Radical ha resultado ser uno de los partidos más corruptos y más ligados al fenómeno de la parapolítica como lo han evidenciado las investigaciones realizadas por la Corporación Arco Iris en el pasado y más recientemente por las investigaciones del actual presidente de la Comisión primera del Senado Ariel Ávila. Proporcionalmente a su peso electoral es el partido con mayor número de congresistas condenados por parapolítica y con un gran número de funcionarios públicos condenados e investigados por corrupción. Le gana aún al Centro Democrático de Álvaro Uribe que le sigue en número de congresistas y funcionarios electos condenados por estos mismos hechos.
Aún con ese prontuario de su partido político Cambio Radical en su discurso ante los miembros del Consejo de Estado Luis Felipe Henao sin pudor señaló que su principal bandera sería, si es elegido como procurador, la lucha contra la corrupción. “Propongo la lucha contra la corrupción, durante gran parte de mi vida he estudiado este fenómeno, y me ha permitido identificar los riesgos y los mecanismos para luchar contra la corrupción, principalmente en su prevención…en estos momentos -en los que la corrupción y la violencia amenazan profundamente la institucionalidad- la Procuraduría debe cumplir un papel fundamental en la defensa de la Constitución, trabajando conjuntamente con la Rama Judicial”. “La peor consecuencia de la corrupción es la pérdida de legitimidad del Estado que afecta la confianza de las instituciones; hoy ocupamos el puesto 87 en el índice de transparencia internacional eso nos debe dar vergüenza como ciudadanos”. (El Tiempo septiembre 3 de 2024).
Con este candidato el Consejo de Estado muestra que en sus decisiones poco le importan aquellos criterios que de manera ingenua empujaron a los constituyentes de 1991 a otorgar estas funciones electorales a las altas Cortes de Justicia. Pero no es solo el Consejo de Estado, en la lista de los 10 finalistas para seleccionar su candidato la Corte Suprema contempla los nombres de Germán Varón Cotrino otro integrante de Cambio Radical y del secretario general del Senado de la República, Gregorio Eljach Pacheco, quienes serían los más opcionados para integrar la terna.
Tanto los candidatos del Consejo de Estado como los que contempla la Corte Suprema reúnen varias características: son hombres del establecimiento tradicional, opositores al gobierno de Petro, enraizados en las formas más tradicionales del ejercicio de la política. Con la selección y preselección que han hecho estas dos altas Cortes de Justicia se ve claramente que quieren al frente del ministerio público a un opositor al gobierno arraigado en las prácticas de una oposición obstruccionista y al uso del ministerio público como herramienta de la más burda persecución política. El mensaje para el gobierno es claro: otros cuatro años de utilización política burda de este organismo de Control y el ejercicio de una oposición obstruccionista. Este es el mensaje que tienen estas postulaciones.
Aún el presidente de la República no ha ternado su candidato, pero sea cual fuere y salvo sorpresas de última hora las posibilidades de que sea elegido por el Senado de la República son mínimas dada la correlación de fuerzas en este organismo. Así que el gobierno deberá tener claro que enfrentará otros dos años de oposición desde el ministerio público.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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