Colombia. La agenda reformista del Gobierno en el Congreso a media marcha

Por Pedro Santana Rodríguez*

A pocos días de concluir las sesiones ordinarias del Congreso de Colombia, el panorama de la agenda reformista impulsada por el Gobierno muestra avances importantes pero limitados. Aunque proyectos como la reforma al Sistema General de Participaciones y la Jurisdicción Agraria han logrado progresos significativos, otras iniciativas, como la reforma política, laboral y de salud, enfrentan obstáculos en el Congreso.

El futuro de las reformas estructurales depende de una transformación política en el Congreso y de la voluntad ciudadana para superar las barreras del clientelismo y la corrupción.

A menos de una semana de terminar las sesiones ordinarias del Congreso de la República el balance de esta legislatura es agridulce, por una parte avanzaron la reforma al Sistema General de Participaciones que marcha en la línea adecuada de fortalecimiento de la descentralización restando solo la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado cosa que se hará sin dudarlo dadas las amplias mayorías con las que esta reforma constitucional ha sido aprobada en ambas cámaras. Pasar del 23% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación en un lapso de 12 años será un impulso decisivo al proceso de autonomía y capacidad de los gobiernos departamentales y municipales para financiar sus prioridades y necesidades más urgentes. Como hemos señalado hizo bien el Congreso al condicionar la entrada en vigencia de la reforma a la aprobación de una Ley Orgánica que redistribuya las competencias y funciones de las que se encargarían en adelante las entidades territoriales. Pero debemos advertir que se requieren unas reformas que complementen y fortalezcan el proceso de la descentralización que fue una de las apuestas centrales de la Constitución de 1991.

Hemos dicho que tres son las medidas que deberían complementar esta reforma constitucional. La primera y de acuerdo con el avance del levantamiento catastral multipropósito que parece marcha a buen ritmo se debe actualizar el impuesto predial para combatir la pereza fiscal dado que 618 municipios y 22 departamentos se encuentran en riesgo fiscal, siguen dependiendo de las transferencias en más del 70% de sus presupuestos, no tienen capacidad de inversión ni acceso al crédito y continúan con bajas capacidades administrativas. (Restrepo, Darío Indalecio & Álvarez, Sergio León, 2024). Se requiere que los municipios y los departamentos fortalezcan las tasas y los impuestos que están en sus manos para fortalecer sus finanzas y poder llevar adelante las obras que demandan sus comunidades.

Un segundo factor es el combate a la corrupción. Hoy una buena parte de los departamentos y municipios del país están en manos de clanes políticos que se apropian de los recursos públicos y que a menudo mantienen nexos con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y a las economías ilegales. Si no se reforman los organismos de control comenzando por las personerías municipales que están en manos de esos clanes y por lo tanto son inoperantes para ejercer un estricto control sobre el manejo de los recursos públicos la descentralización se puede ahogar en la corrupción.
Hemos dicho que lo que podría hacerse es un examen nacional para seleccionar una lista de elegibles para todo el territorio nacional de tal forma que los Concejos Municipales solo puedan elegir de esa lista de elegibles de tal forma que estos servidores públicos tengan independencia de los alcaldes y de los ordenadores del gasto y puedan ejercer una real vigilancia sobre los recursos públicos. Lo propio habría que hacer para la elección de los Contralores Departamentales y Distritales. En este cambio se juega el futuro de la descentralización.

Y finalmente hemos señalado que hay que sustraer a los fiscales regionales y a los procuradores regionales de las manos de esos clanes que hoy son quienes los nombran en realidad. Habría que examinar qué reformas internas se deben hacer en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General para que los clanes como los Char en Barranquilla; el Clan de los Aguilar, los Tavera y los Díaz Mateus en Santander; los Gnecco en la Guajira y en el Cesar; el clan de los Guerra y los García Romero en Sucre; el clan de los Diaz Granados, Cotes, y otros en Magdalena; el clan de los Elías, los Bechara, los Jattin y otros en Córdoba; el Clan de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, para mencionar los más visibles , no sean los que nombren a los fiscales regionales y a los procuradores regionales.

De tal manera que la descentralización no solo se juega en aumentar los recursos de las transferencias a las entidades territoriales, se juega también en el frente de la lucha contra la corrupción y el clientelismo y se requieren reformas institucionales para sustraer los organismos de la justicia penal, administrativa y disciplinaria que actualmente están al servicio de esos clanes que dominan la política regional en buena parte del país. Pero me temo que eso no será posible si la ciudadanía no entiende que el principal obstáculo al cambio y las reformas que necesita el país requieren de un revolcón en las próximas elecciones al Congreso de la República. La ciudadanía debe entender que, sin una amplia victoria en la conformación del Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales y en los Concejos municipales las necesarias reformas en la vida local y regional pueden ahogarse en la corrupción si no se hacen las reformas en el Congreso para que eso no ocurra.

En esta legislatura que está por terminar este 16 de diciembre han avanzado y será aprobado el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria para terminar de completar el marco jurídico que permita agilizar la reforma rural integral afinado el proyecto en lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente y la presencia y actividad de los campesinos en esas zonas de reserva ambiental y natural. Ya se verá si en lo que resta de los debates en las plenarias de Senado y Cámara se puede mantener la extinción de dominio por la vía administrativa que tiene la férrea oposición de las bancadas de oposición del Centro Democrático y Cambio Radical que se han convertido en los principales defensores de los terratenientes y del latifundismo improductivo en el país. De no terminar el trámite en estos días el gobierno deberá convocar a sesiones extraordinarias para terminar el trámite de este proyecto.

La reforma al sistema de salud se volverá a aprobar en la Cámara de Representantes en esta legislatura y quedará de nuevo a consideración de la Comisión Séptima del Senado donde su suerte es incierta. No basta a los indolentes Senadores de dicha Comisión la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud presa de la corrupción, el desgreño administrativo, la falta de reservas técnicas para pagar las deudas que ascienden ya a más de 25 billones de pesos, la atención a los pacientes sigue siendo deficiente y los medicamentos no se entregan completos y en tiempo oportuno. Hay que entender que las intervenciones a las EPS no resuelven el problema de fondo, pues las intervenciones se han dado porque esas Entidades Promotoras de Salud, EPS, están quebradas. No tienen reservas técnicas para pagar sus deudas, no tienen patrimonio adecuado y están en insolvencia financiera. Hay que decirlo de manera clara muchas de ellas deberán ser liquidadas porque el volumen de sus deudas las hace inviables. La nueva coyuntura es que las EPS que sobreviven en su mayoría hoy están de acuerdo con la reforma, así como las asociaciones de clínicas y hospitales. Hemos perdido un año para acometer de fondo la transformación del sistema de salud por cuenta de nueve irresponsables senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República.

Pero el fracaso mayor del gobierno en el Congreso lo sufrió por la derrota del proyecto de Ley de financiamiento. Este proyecto que en su ponencia para el debate había reducido las proyecciones de nuevos ingresos de 12 billones a 9.8 billones fue enterrado por las Comisiones Económicas terceras y cuartas sin una seria discusión sobre el estado crítico de las finanzas públicas del gobierno central dado el nefasto gobierno de Duque que dejo endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional en cerca de 6 mil millones de dólares que el gobierno de Petro ha tenido que cancelar en dos años, un déficit del fondo de estabilización de los precios de los combustibles de 37 billones de pesos que este gobierno ha tenido que sortear, y de contera la irresponsabilidad de la Corte Constitucional que tumbó la parte de la reforma tributaria que obligaba a las industrias extractivistas a no deducir de los impuestos el pago de las regalías, lo que significó una disminución de 6 billones de pesos al año. Sin siquiera discutir la ponencia las Comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado archivaron el proyecto. Ahora el gobierno deberá reducir en 12 billones de pesos el rubro destinado a la inversión social para el año 2025.

La reforma política avanza, pero tremendamente mutilada en el paso por el Senado de la República. El proyecto original del gobierno buscaba introducir reformas electorales estructurales en el sistema político como la adquisición de la personería jurídica con base en los afiliados, el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos estableciendo que las candidaturas deberían ser decididas con mecanismos de consulta interna y la transparencia en la financiación de las campañas políticas. Esto desapareció en la ponencia que deberá debatir la plenaria del Senado de la República. Se vuelve a lo que hoy existe y es que la personería jurídica seguirá atada al umbral electoral y los afiliados no serán parte activa en la decisión de las colectividades políticas. Una reforma para que nada cambie dando la apariencia que se están enfrentando los temas críticos del sistema político del país. En cambio, en la reforma se aprueba el transfuguismo político. Un parlamentario podrá cambiarse de partido una vez cada cuatro años y podrá hacerlo cuatro meses antes de las elecciones sin perder la curul. Nuevamente la clase política se aferra a mantener el sistema que rige actualmente y que afronta una profunda crisis. Desde el comienzo se renunció a crear un tribunal electoral, a cambiar el sistema de elección del corrupto y politiquero Consejo Nacional Electoral, CNE, ya desde su presentación inicial se había renunciado a una reforma de fondo como la propuesta por la Misión Electoral Especial salida de los Acuerdos de Paz de La Habana con las FARC. Ahora se esta cocinando de nuevo un proyecto inane para que todo siga igual.

Para terminar con este paneo, sobre el cual volveremos pronto, debemos señalar que la reforma laboral que también avanza tremendamente mutilada y después de dos años de su radicación, la Comisión Séptima del Senado ¡nuevamente esa Comisión! Ha decidido aplazar su discusión para la próxima legislatura.

Una cosa ha venido quedando clara para la ciudadanía. Si no hay una renovación política del Congreso de la República los cambios y las reformas que requiere el país serán saboteadas, mutiladas y en algunos casos hundidas en el Congreso mientras su composición política sea la que hoy tiene este Congreso. Se requiere con urgencia que los ciudadanos entiendan que los cambios estructurales requieren votar a los partidos y movimientos comprometidos con el Cambio. Sin una transformación sustancial de la correlación de fuerzas en el Congreso de la República los cambios no serán posibles.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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