Colombia: la reforma política es necesaria y conveniente para el país

Por Pedro Santana Rodríguez*

El 30 de septiembre el gobierno nacional presentó un proyecto de Acto Legislativo que busca aprobar una reforma política y dentro de las múltiples razones que se encuentran en la exposición de motivos además de los graves problemas que afronta el sistema político que se han profundizado con el paso del tiempo esgrime además el argumento de dar cumplimiento al Acuerdo de Paz suscrito en el mes de noviembre del año 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP.

En estas mismas páginas hay un ensayo de Eliécer Cuervo Ramírez que de manera detallada examina el contexto y el contenido de la reforma propuesta por el gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Por tanto, no me detendré en detalle, sino que iré directo a las falencias y a las principales modificaciones que se establecieron en la ponencia radicada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes este 16 de octubre.

Sobre el primer punto debo decir que la Misión Electoral Especial conformada por el Acuerdo de Paz presentó una propuesta de reforma integral bastante completa que no ha sido presentada al Congreso pese que en su informe final rendido en el mes de abril del año 2017 se contemplaban los proyectos de acto legislativo y los textos de las propuestas de Ley. Ni el gobierno de Santos ni los parlamentarios presentaron el conjunto de propuestas. El texto que presentó el entonces y nuevamente ministro Juan Fernando Cristo no contemplaba la totalidad de las propuestas y aun así fue hundido en su trámite legislativo; igual suerte corrió el proyecto parcial de reforma política presentado por este gobierno en su primera legislatura. Se desvirtuó por este mismo Congreso de tal manera que el presidente Petro pidió su hundimiento como en efecto ocurrió. O sea que este es el tercer intento de dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y es el segundo intento de este gobierno.

Los problemas relacionados con las instituciones electorales y con los partidos políticos son múltiples. Los principales están relacionados con el papel y el funcionamiento y financiamiento de los partidos y movimientos políticos que han devenido en aparatos sin programas, apéndices de las bancadas parlamentarias, su principal función es avalar candidatos y conceder avales para los distintos certámenes electorales, mamparas de clanes regionales ligados en muchas ocasiones con el narcotráfico y las economías ilegales en las regiones que dominan electoralmente eligiendo alcaldes y gobernadores mediante la compra de votos, el ejercicio clientelista de los poderes públicos y envueltos en múltiples casos de corrupción en el manejo de los recursos públicos en sus territorios. Por esta realidad la descentralización, una de las piezas centrales de la Constitución de 1991, se encuentra en una profunda crisis.

En cuanto a las instituciones electorales se carece de un sistema autónomo e independiente para resolver las disputas y para aplicar las leyes electorales que son inadecuadas y que ni siquiera se han puesto a tono con la Constitución de 1991 pues rige un Código Electoral aprobado entes de la vigencia de la Constitución Política que nos rige. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa presa del clientelismo, elegida por los propios partidos políticos en el Congreso de la República para que los vigile y controle y en materia de justicia electoral por una Sala, la sección quinta del Consejo de Estado, que brinda una justicia electoral por decirlo suavemente caprichosa, lenta y ligada a los partidos tradicionales que son los que ponen a la mayoría de los Magistrados del Consejo de Estado. La propuesta que presento la Misión Electoral Especial, MEE, salida de los Acuerdos de Paz contemplaba a mi modo de ver una propuesta adecuada con dos propuestas esenciales: la creación de un Tribunal Electoral adscrito a la rama judicial e independiente en su conformación de los partidos políticos y una reforma de fondo al Consejo Nacional Electoral como ente administrativo, pero desligado en su conformación también de los partidos políticos.

La principal falencia de la propuesta del gobierno es que no contemplaba la creación de un tribunal electoral autónomo, su mérito, que si contemplaba: una reforma al Consejo Nacional Electoral. La propuesta original contemplaba la elección de los consejeros por parte de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Cada uno nombraría tres consejeros. Con ello se buscaba enfrentar el problema de un Consejo Nacional Electoral como un organismo dependiente como lo es hoy de los Partidos Políticos. Es una vergüenza que los actuales consejeros/as sean en su mayoría políticos de los partidos, una buena parte de ellos se quemaron en las elecciones para congresistas. Son postulados y elegidos por los partidos en el Congreso de la República. En la ponencia para primer debate la propuesta del gobierno naufragó en la Comisión de Ponentes. Según la ponencia la elección de los consejeros quedará en manos del Congreso como rige actualmente solo se adiciona que previó a su elección se debe hacer una convocatoria pública. Es realmente ridículo que se pretenda una reforma política para dejar las cosas como están.

Un segundo punto este sí se mantiene es el de adoptar las listas cerradas y bloqueadas, y las consultas internas para definir las listas con alternancia de género. Esta parte de la reforma es importante si se quiere reformar la vida política en el país. El hundimiento de los proyectos de reforma que se han dado en el pasado se han producido porque los partidos se niegan a esta reforma. Si se quiere contar en el país con partidos políticos democráticos hay que cerrar las listas, pero al mismo tiempo establecer el mecanismo obligatorio de consultas internas a los afiliados al partido. Pero esta reforma debe cobijar a todo el espectro político que sea de obligatorio cumplimiento por todos los partidos para de esta forma estructurar organizaciones en que los afiliados tengan derechos y por supuesto también obligaciones.

Un tercer elemento importante es el del financiamiento pleno de las campañas electorales por el presupuesto público mediante el establecimiento de un sistema con anticipos y reposición por los votos obtenidos al tiempo que se mantiene la facultad del Consejo Nacional Electoral para definir los topes de gastos para las distintas elecciones. Es verdad que habrá múltiples obstáculos para impedir o minimizar la violación y los mecanismos de penetración de finanzas provenientes del narcotráfico y de las economías ilegales en las campañas, pero creo que sí se quiere tener unas campañas más equilibradas en sus gastos, el financiamiento público de las mismas y las listas cerradas, son pasos importantes.

También fue positivo que en la ponencia se eliminara la figura del transfuguismo o sea la posibilidad de cambiar de partido sin renunciar un año antes a la curul en el Congreso como pretendían diversos sectores políticos. Es importante que esto se haya aprobado, lo es también que se haya elevado al 3% del censo electoral el número de firmas para tener el reconocimiento de personería jurídica. Ha sido un exabrupto la ligereza con la que el Consejo Nacional Electoral venía reconociendo o devolviendo personerías jurídicas a granel que el Consejo de Estado ha venido revocando. Uno de los objetivos de la reforma política ha sido el establecimiento del Umbral del 3% de los votos válidos para mantener las personerías jurídicas para evitar la fragmentación política de la que venimos, en el año que al año 2003 había 74 partidos políticos.

Finalmente, y como dijimos al comienzo de estas líneas, la reforma política presentada por el gobierno, aunque incompleta camina en la dirección acertada, ojalá en los debates que restan se pueda recuperar la parte de la reforma que busca sustraer a los partidos políticos del proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. El camino de la reforma apenas comienza, se requieren ocho debates y la conciliación si hay discrepancias en los textos aprobados por las dos Cámaras. Este mismo Congreso ya hundió un proyecto que caminaba en la misma dirección que el actual. Norberto Bobbio señalaba con toda razón que las reformas más difíciles en los Congresos son aquellas que tocan directamente con los intereses y las prebendas de los parlamentarios y las reformas políticas forman parte de esas reformas. El interrogante que se plantea es si se requerirá para su aprobación de un cambio sustancial de la actual composición del Congreso de la República. Todo indica que es lo más probable. Que una verdadera reforma política como la que necesita el país requerirá un cambio sustancial en la composición política del actual Congreso. Amanecerá y veremos.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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