Colombia: las vicisitudes de la paz total
Por Pedro Santana Rodríguez*
Las dificultades del proceso de la Paz Total son evidentes por la complejidad del empeño del gobierno de sostener negociaciones y procesos de sometimiento a la justicia de manera simultánea que se irá haciendo más complejo en la medida en que se van concretando los procesos y se van instalando las mesas de negociación
… Y la propuesta de un tribunal de cierre del conflicto armado
En la actualidad se mantienen activas y en funcionamiento las Mesas de Negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN; con las Disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco y se anunció ya la instalación de la Mesa de negociaciones con la Disidencia la Segunda Marquetalia comandada por Iván Márquez. Al mismo tiempo se mantienen operando las mesas con las bandas armadas del Valle del Aburra en Antioquia, la Mesa en Buenaventura y la Mesa en Quibdó. Estás tres últimas son procesos de negociación para el sometimiento a la justicia. Se espera la instalación de una mesa adicional en Magdalena con los Pachenga sucesores del grupo paramilitar que dirigió Hernán Giraldo. En semanas anteriores el Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, señaló que adelantaría de nuevo contactos con el grupo sucesor del paramilitarismo más fuerte y más extendido a nivel nacional que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas, más conocido como el Clan del Golfo.
Cada proceso entraña dificultades propias de la naturaleza de cada grupo y lo más evidente es que a pesar que la mayor parte de los grupos que se encuentran en negociación con el gobierno han acordado ceses de fuegos y pactos de no agresión, la violencia, aunque ha disminuido, no ha cesado por los enfrentamientos que se presentan entre los diversos grupos en distintas regiones del país. Hay dos hechos evidentes desprendidos de la estrategia de Paz Total, el primero, la disminución del asesinato de líderes y lideresas sociales en todo el territorio que pese a ello sigue siendo alta y que como señaló recientemente Otty Patiño debería cesar por completo al tiempo que también han disminuido los asesinatos de excombatientes de las FARC que como en el caso de los líderes se siguen presentando y son aún muy altas y también deberían cesar por completo.
El segundo hecho muy significativo es la disminución de las muertes de miembros de la Fuerza Pública, es decir de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta disminución en lo que lleva este gobierno representa cerca de un 60%, cifra que hay que destacar.
Pero los problemas persisten en los diversos procesos. En el proceso con el ELN la inestabilidad de los acuerdos es recurrente. La última se presentó ante el anuncio del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de dar inicio a un dialogo regional con los actores armados que hacen presencia en su territorio dentro de los cuales incluyó al frente sur del ELN que opera en ese departamento del país. La reacción de la dirigencia del ELN no se hizo esperar condenando dicha iniciativa y denunciando una supuesta violación de los acuerdos logrados en la Mesa Nacional de Diálogo. El asunto no paso a mayores pero las grietas que frecuentemente se dan entre los acuerdos de la Mesa y el frente Occidental del ELN con presencia en el Chocó y en el corredor pacífico son frecuentes, así como los enfrentamientos armados de esta insurgencia con el grupo del Clan del Golfo que opera en este territorio, así como también los recurrentes enfrentamientos en las regiones de Arauca y el Catatumbo entre esta insurgencia y la Disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central. Estas confrontaciones tienen que ver principalmente con el dominio territorial y el control de las economías ilícitas ligadas principalmente a la coca y a la minería ilegal del oro.
Es deseable que más adelante cuando los procesos estén más avanzados el tema de las confrontaciones entre grupos armados que estén en procesos de negociación con el gobierno se lleven a las mesas de negociación para intentar acuerdos que desescalen el conflicto y la confrontación, mientras que esto suceda el proceso seguirá en medio de estas confrontaciones. Más difícil es intentar parar la confrontación con organizaciones como el Clan del Golfo que no están en un proceso de negociación con el gobierno de allí la importancia del anuncio del Alto Comisionado en el sentido que se adelantan contactos para retomar este proceso suspendido a raíz del paro minero en el bajo cauca antioqueño.
Lo propio se presenta en Buenaventura donde el grupo de los Espartanos anunció su retiro de la Mesa de Negociaciones aduciendo falta de compromiso y frecuentes violaciones del cese al fuego y hostilidades por parte de la otra estructura comprometida en este proceso, los Shottas, pero señalando un hecho evidente y es la falta de un marco jurídico para estos procesos de sometimiento a la Justicia después del fallo de la Corte Constitucional que señaló que se requería un marco específico para los procesos de sometimiento a la justicia de estructuras criminales que no tienen naturaleza política. Este vacío tendrá que ser subsanado si se quiere avanzar en esta parte de la llamada Paz Total y solo podrá hacerse mediante una ley aprobada por el Congreso de la República. El gobierno esta en mora de presentar este proyecto para su trámite en el Congreso.
Finalmente es necesario señalar que estas dificultades son inherentes a la complejidad de un proceso múltiple como el que lleva adelante el gobierno. Es obvio que el proceso mismo requiere niveles mínimos de coordinación, pero que se presenten estas dificultades es parte del proceso y no se puede esperar que estas dificultades desaparezcan cuando en algunos casos apenas se están construyendo las agendas de negociación. Lo que si deberían entender los actores armados es que los meses corren y el margen de maniobra del gobierno se reduce en la medida en que se acerca ya la mitad del período para el cual fue elegido.
El tribunal de cierre y las amnistías amplias
En dos recientes cartas dirigidas al presidente de la República, Gustavo Petro, los siete antiguos miembros del Secretariado de las FARC han reclamado por presuntos incumplimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que es el juez constitucional acordado en La Habana para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En tres se pueden resumir las reclamaciones de los antiguos dirigentes de las FARC. La primera es que según ellos las resoluciones finales sobre los delitos cometidos por las FARC que atañen a los crímenes de guerra y de lesa humanidad deben ser recogidos en una sola resolución o fallo judicial mientras que en la JEP se estaría considerando que habría una resolución de conclusiones por cada macrocaso. En la actualidad hay 11 macrocasos abiertos.
Un segundo reclamo es el que tiene que ver con la poca diligencia de la JEP en la resolución de las amnistías. Dicen en su comunicación que, de un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas.
La tercera reclamación es la vinculación en las investigaciones de excombatientes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta, esto es contrario a buscar los máximos responsables y centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y los Derechos Humanos.
Lo primero que hay que señalar es que la JEP debe responder de manera pública a estas reclamaciones. En las dos primeras creo que los miembros del antiguo secretariado de las FARC tienen razón. Debe haber un único fallo como lo expresa claramente la Ley Estatutaria de la JEP que debe abarcar las responsabilidades de los máximos responsables y sus respectivas sanciones y medidas de reparación que deben cumplir referidas a todos los macrocasos en que han sido responsables. También amerita una respuesta clara el tema de las amnistías y enmendar los atrasos si hay lugar a reconocer que los ha habido y determinar un calendario para resolver esta situación a la mayor brevedad. Sobre la tercera reclamación no creo que tengan razón dado que en la investigación es posible y a veces seguramente necesario que sean vinculados miembros antiguos de esa guerrilla a quienes también debe establecerse su responsabilidad en los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en que incurrieron y derivar de allí las sanciones restaurativas y las medidas de reparación que deben realizar. Dicho lo anterior no creo que estas reclamaciones ameriten plantear un tribunal de cierre distinto a la JEP.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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