Colombia. Los impases en el camino de la paz total
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
In memoriam de nuestro inolvidable compañero Jorge Enrique Espitia Zamora.
Siempre te recordaremos y honraremos tu compromiso y tu obra investigativa.
El camino de la negociación política y del sometimiento a la justicia de diversos actores armados en Colombia esta en marcha, pero en su concreción aparecen ya obstáculos que deben ser superados. Dos hechos han constituido obstáculos que tendrán que ser superados por el gobierno para avanzar. El primero fue protagonizado por el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional y el segundo por la fiscalía General de la Nación.
En la noche del 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas: El Ejército de Liberación Nacional, ELN, las dos Disidencias de las FARC, los Pachengas que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Clan del Golfo. Dos días más tarde el ELN señaló que el cese anunciado por el presidente no había sido acordado en la Mesa de Negociaciones. Este hecho generó un impase en la Mesa de Negociaciones y el adelanto de las conversaciones que normalmente deberían haberse reiniciado en México a finales de este mes de enero. EL ELN habló de crisis de la Mesa de Negociaciones mientras el gobierno trato de bajarle el tono al impase. Para superar este impase de común acuerdo decidieron reunirse para abordar el tema, pero también el funcionamiento de la Mesa de Negociaciones. Del hecho queda claro que el tema había sido abordado, pero no culminado y el cese no había sido acordado de común acuerdo. Ahora en las negociaciones que se reiniciaron de manera extraordinaria se verá si el ELN avanza en el propósito de la paz dentro de lo cual el primer logro sería el cese al fuego bilateral. Ya veremos que concluyen las negociaciones en este ciclo extraordinario que se inició el martes 17 de enero. Esperemos que el ELN de muestras de avanzar, ya veremos.
En su conjunto el problema del cese bilateral del fuego enfrenta dos problemas centrales. El primero la verificación que debe hacerse con base en protocolos que permitan que los observadores nacionales e internacionales hagan esa verificación sobre el terreno. Ello supone que los actores armados ilegales entreguen a los observadores sus sitios de ubicación de manera precisa. Y allí radica un primer problema y es el de la confrontación con otros actores armados que viene ocurriendo en varias regiones del país como en los departamentos de Putumayo, Arauca y Chocó. En estas regiones hay una disputa por el dominio territorial y el control de las rutas de salida de las drogas ilícitas. Este es un obstáculo que deberá ser abordado y resuelto para que efectivamente el cese del fuego funcione.
El segundo obstáculo tiene que ver con las zonas en disputa donde no hay un claro dominio territorial por parte de un actor armado o donde actúan actores armados que no han entrado en acuerdos de cese al fuego bilateral. Para que el cese al fuego funcione deberá establecerse lo que popularmente se conoce como la posición estatua, es decir, que este cese al fuego no sería utilizado para ganar nuevas posiciones y más dominio territorial. Y esto es lo que se debe establecer en los protocolos que se acuerden. La pregunta es si el Cese al Fuego Bilateral se hizo con base en protocolos negociados o si lo que se va a hacer ahora es la negociación de estos protocolos pues no hay certeza que ello haya ocurrido. Esto no es grave si el primer paso que se está dando ahora es justamente la negociación de estos protocolos que en todo caso deberán acordarse de común acuerdo. Estos son obstáculos que se presentan en todos los procesos de negociación.
Hay que insistir en lo que hemos señalado en otras ocasiones. La Consejería de Paz deberá ser fortalecida con gente con experiencia dado que este proceso demanda muchos esfuerzos y recursos humanos dado el carácter múltiple de las negociaciones en curso y de los procesos de sometimiento a la justicia. El equipo tiene que ser robusto y esto no parece que se haya materializado. Cada proceso requiere de responsables específicos que permitan que de forma coordinada pero descentralizada se ocupen de los diversos grupos y que se avance en las negociaciones.
El segundo hecho, este más grave consistió en la negativa de la fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura a 16 integrantes del Clan del Golfo y los Pachengas para avanzar en los procesos de sometimiento a la justicia. La fiscalía pretexta a mi juicio algo que está ya resuelto en la ley de orden público. En efecto en la ley 2272 de 2022 se facultó al gobierno para establecer negociaciones con actores políticos al igual que con actores armados que como el Clan del Golfo o los Pachenga, que son organizaciones criminales que la ley denomina como de alto impacto. En la discusión en el Congreso de la República esto fue claro, que la estrategia de Paz Total no solo se haría con los actores políticos que son El ELN y las dos Disidencias de las FARC, pero también con organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo como el Clan del Golfo o los Pachenga, pero también con actores armados ligados al narcotráfico o lo que podríamos denominar actores ligados a la violencia común.
A mi juicio este es un obstáculo obstruccionista de la Fiscalía y de la Procuraduría. No hay razón jurídica valedera para esa negativa. El gobierno no tiene sino dos caminos uno insistir en que la ley lo faculta para esas conversaciones con actores violentos que no tienen naturaleza política para lo cual debe pedir a la fiscalía que rectifique en esa restringida interpretación de la ley. El otro camino es demandar esta decisión ante los tribunales o altas cortes para que resuelvan si tiene razón el gobierno o la Fiscalía y de esta forma eliminar este obstáculo. Por lo pronto el gobierno ha manifestado que de manera motivada solicitará el cambio de la interpretación que la Fiscalía ha hecho de la ley 2272 o Ley de Orden Público. Estas posturas de la Fiscalía con el apoyo de la Procuraduría tienen más bien un tufillo de oposición obstruccionista e irresponsable.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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