Colombia. Militarizar la represión por decreto

Agencia Mp3*. LQS. Junio 2021

Con el Decreto 575/21, Duque también actúa como un dictador al menoscabar labores propias de las autoridades a cargo de la protección de los derechos humanos como son las personerías municipales y distritales, defensorías regionales y procuradurías delegadas

El gobierno colombiano ha tratado de militarizar la represión, mediante un decreto, el 575, que ya rechazan hasta los juristas más leguleyos del régimen, por considerarlo inconstitucional.
El decreto obliga a alcaldes y gobernadores a hacer uso de la denominada “asistencia militar” en el levantamiento de los bloqueos que impiden la circulación y que son la medida de lucha más eficaz del Paro Nacional iniciado el 28 de abril, que continúa pese a la criminal represión que ya ha causado más de 50 muertos y 500 desaparecidos. Como otros movimientos convocantes, el Movimiento por la Constituyente rechaza el 575 con este comunicado

¡Atrás el decreto 575 y la “asistencia militar” fascista!

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, emitido desde Cali y contra el pueblo caleño, Vallecaucano y del suroccidente colombiano, refrenda la guerra al pueblo declarada por el gobierno de Iván Duque para enfrentar el poderoso Paro Nacional iniciado el 28 de abril. Esta norma condensa equivalentes a la “conmoción interior”, la cual no declaran para, entre otros aspectos, dar imagen de normalidad y gobernabilidad a la comunidad internacional que no quiere invertir en Colombia cuando observa la
gran parálisis del país, la brutalidad policial y crecientes violaciones a los derechos ciudadanos.

Connotados juristas y académicos indican que estamos ante flagrantes violaciones a la Constitución y la Ley consignadas en le Decreto 575, pero tampoco resulta extraño este síntoma de debilidad de las fuerzas oligárquicas derechistas que con el ímpetu popular han visto caer sus leyes con reformas económicas que les beneficiarían en lo tributario y daban fabulosas ganancias con la salud abordada como negocio jugoso en vez de ser un derecho ciudadano y servicio que obliga al Estado.

Frente a las protestas incluso de fuentes jurídicas, contra el decreto 575, con el que el Presidente Duque trata de darle una cobertura constitucional a la militarización de la represión, salen los gremios, es decir los empresarios, a defender la mano dura, con un lenguaje legalista, mientras pagan y movilizan pistoleros que disparan contra el pueblo. (Pinchar para ampliar)

Este Decreto 575 amplía y refrenda la esencia de la llamada “asistencia militar” aplicada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (partido verde) y Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca (partido de la U). Ese Decreto extiende esas determinaciones a 7 departamentos más, la mayoría del suroccidente colombiano, y a 12 ciudades del país, incluyendo capitales departamentales y destacadas ciudades intermedias. El Decreto consolida hechos antidemocráticos vividos, especialmente en Cali, Valle, Popayán y Pasto, hechos que nos vuelven a tiempos horrendos con la aplicación del “Estado de Sitio” derogado con la Constitución del 91.

El Decreto ya enfrenta el rechazo público (y en privado) de un significativo grupo de Alcaldes, como ocurre con Claudia López de Bogotá, quien hace parte de quienes resisten a las presiones del gobierno nacional que pretende militarizar sus localidades tomándolos por asalto, con mano militar, sin ser consultados sobre la “asistencia militar” como lo establece el artículo 170 de la ley 1801 de 2016.

Con el Decreto 575/21, Duque también actúa como un dictador al menoscabar labores propias de las autoridades a cargo de la protección de los derechos humanos como son las personerías municipales y distritales, defensorías regionales y procuradurías delegadas.

Esta realidad configura en Cali y Colombia lo que algunos analistas, partidos y líderes políticos llaman “autogolpe” militar de Duque-Uribe.

El gobierno nacional constriñe y presiona con sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución de mandatarios seccionales que apenas van en la mitad de su periodo legal. El ejército y la policía pasan a ser fuerzas al servicio del uribismo, en virtud de las ordenes directas de Duque autorizadas por el Decreto 575, son lanzadas contra ciudadanos inermes, sobre todo contra los jóvenes que luchan por sus derechos así no simpaticen con las organizaciones políticas y sociales que apoyan el Paro Nacional. Al tiempo, el Decreto 575 cubre de impunidad a la llamada “gente de bien” que se une a la policía para tirotear a los manifestantes.

El llamado de la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y la iglesia clama por una salida incruenta al levantamiento popular en curso y rechaza el tratamiento de guerra, militarista, que le ha dado a la protesta el presidente Iván Duque y ahora la profundiza y “despliega” con los contenidos del Decreto 575/21.

Ese decreto liberticida ya acentuó el derramamiento de sangre en Cali, los detenidos-desaparecidos y los presos políticos por participar en el políticamente válido y justo Paro Nacional del 28A, que ya se prolonga por semanas sin asomar fecha cercana para ver su fin debido a la tenacidad de la lucha popular y la negativa del gobierno a negociar. Tanto es así que en Cali se contabilizan un mínimo de 13 muertos y varios centenares de detenidos en los dos primeros días de aplicación del D. 575.

La respuesta popular a este acto dictatorial de corte fascista es el fortalecimiento de la unidad popular y de las acciones de Paro para exigir la derogatoria del D. 575 e imponer la negociación de las exigencias del pueblo levantado usando la forma de Paro Nacional 28A.

¡Derogatoria inmediata del Decreto 575! ¡Libertad para presos políticos del Paro!
¡Fuera la bota militar de calles y plazas! ¡Castigo para los verdugos del pueblo!
¡Arriba el Pliego Nacional del Paro, negociación ya! ¡No más dilaciones, Duque!
¡Duque, Chao!

* Movimiento por la Constituyente Popular -MCP-
coordinadormcp@gmail.com