Colombia. Paro Armado y clanes regionales
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Lo que de verdad se requiere es que se cumpla con los Acuerdos de Paz y que se formule una política que combine el sometimiento a la justicia de estas bandas criminales al tiempo que se judicialice realmente a todas las estructuras que son su real soporte que pasa también por una política integral en todas estas regiones mal gobernadas por los clanes allí existentes
No cabe hoy la menor duda sobre el crecimiento que han tenido tanto las actividades ligadas con el narcotráfico como también el crecimiento desbordado de los grupos narcoparamilitares durante los casi cuatro años del gobierno de Uribe-Duque. En un informe del mes de octubre del año 2021 el Instituto de estudios para la Paz, INDEPAZ, daba cuenta de la existencia de 22 estructuras narcoparamilitares en el país, la mayor de las cuales era el llamado por el gobierno Clan del Golfo que contaba con aproximadamente 1.700 hombres armados; los Caparros, 150 hombres armados; los Pachencas, entre 150 y 200 hombres armados; los Pelusos con 250; los Rastrojos, con 60 y unas 200 estructuras pequeñas conformadas por grupos que cuentan cada uno con entre 15 y 30 hombres armados. Las acciones armadas de estos grupos narcoparamilitares estarían concentradas principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander y Meta con una cobertura de unos 291 municipios del país de 27 departamentos. (Indepaz: 2021. Los focos del conflicto en Colombia).
El poder de estos grupos y sobre todo del llamado por el gobierno Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, quedó plenamente demostrado en el reciente paro armado decretado por esta estructura criminal el pasado 5 de mayo como reacción a la extradición a los Estados Unidos de Dairo de Jesús Úsuga David, su máximo comandante. Según la Unidad de investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, durante los cuatro días que duró el paro el clan del golfo realizó 309 hechos de violencia que afectaron a la población civil en once departamentos y que afectó de forma directa a 178 municipios. Restricciones a la movilidad, a periodistas, líderes sociales, ataques a comerciantes, hostigamientos a la Policía, incineración de bienes y ataques contra Misiones Humanitarias. Estas cifras de la JEP indican que con corte al 8 de mayo se presentaron 24 homicidios selectivos a civiles, 138 comunidades en situación de confinamiento, 26 bloqueos de vías, y 54 ceses de actividades de transporte o cierres de terminales.
En cambio y, como es ya costumbre, las cifras del gobierno son ridículas con lo cual tratan de minimizar las acciones terroristas como si con ello disminuyeran los efectos preocupantes de la situación que realmente se presentó con el desafío que le lanzó el Clan al gobierno. Según el Ministerio de Defensa con corte a las 7:00a.m. del 10 de mayo se habrían reportado solo tres homicidios a civiles y el asesinato de 3 militares y dos policías. Dentro de los daños reporta 189 automotores incinerados y 8 terminales de transporte afectadas. Unas cifras ridículas sobre las que realmente se presentaron en los 178 municipios afectados.
La realidad es que este grupo mostró que no se encuentra debilitado como lo trata de mostrar el inepto gobierno de Duque y su ministro de la Defensa Diego Molano. Si se examina el poder que muestran estas estructuras paramilitares, se destaca la coincidencia de su poderío con las regiones en las cuales gobiernan desde hace décadas los clanes regionales a quienes se ha demostrado que son afines con actividades del narcotráfico y con grupos paramilitares. Allí donde dominan los clanes familiares como los Aguilar en Santander, o los Géneco en el Cesar, el clan de Kiko Gómez en la Guajira, los Blel en Bolívar, los Char y Gerlein en Atlántico, los Guerra en Sucre o los Elías en Córdoba para mencionar solo algunos de los 54 clanes existentes en el país. En esas regiones se ha impuesto un modelo de administración en que se combinan grupos paramilitares, narcotráfico, poder político en gobernaciones y alcaldías, infiltración por estos grupos e intereses en la Fuerza Pública y dominio sobre las entidades de control como las fiscalías regionales, la Procuraduría y la Controloría que se imbrican con estructuras nacionales la mayor de las cuales y la dominante es el uribismo.
Este modelo quedó en evidencia en las investigaciones e interceptaciones que se hicieron a José Guillermo Hernández, conocido como el ÑEÑE Hernández en el año 2018 por el asesinato del hijo de Carlos Rodríguez a quien el ÑEÑE debía dos mil millones de pesos y por equivocación mataron a su hijo Carlos Rodríguez Pomar. Allí se evidencian las relaciones de esta estructura mafiosa con el clan regional que opera en el Departamento del Cesar. Allí aparece con toda nitidez la forma de operación del sistema que han implantado los clanes regionales. El ÑENE financia la campaña de Duque a la presidencia de la República, la compra de votos y hay evidencias de la cercanía del ÑEÑE con altos oficiales de la Policía Nacional y del Ejército. Y el punto de contacto con Uribe es María Claudia Daza, la Caya Daza, que trabajaba en la Unidad Legislativa del entonces senador. Este esquema se reproduce en los siete departamentos de la Costa Caribe y también en otras regiones del país. Así actuaron en Córdoba con Mancuso y sus grupos paramilitares. Todo ello favorece además la corrupción y el desfalco de los recursos públicos.
Esto es lo que ha permitido el fortalecimiento de las estructuras de las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo en dichas regiones. Y hay una base social que se ha generado en dichas regiones por los altos niveles de pobreza, desempleo y penuria que las caracteriza. Estas estructuras criminales y los clanes regionales son la fuente de empleo en una sociedad con muy elevados niveles de pobreza y exclusión social.
El tratamiento que se da a esta problemática por parte del gobierno nacional es completamente equivocado. Estas regiones requieren por una parte de una presencia que no existe del Estado pues allí los clanes se roban los recursos públicos y actúan en plena impunidad pues en sus manos, como ya dijimos, se encuentran las entidades del Estado y los organismos de Control. La política de Duque y Uribe frente a estos agrupamientos es la misma política que ha fracasado durante los últimos 30 años. Ahora se repiten las mismas medidas. Consejos de Seguridad donde se concentran las medidas dirigidas a dar de baja o capturar a los jefes de estas estructuras, recompensas y extradición si es que son capturados. Eso se viene repitiendo desde hace muchos años y el resultado es la creación de un monstruo que amenaza seriamente con tragarse a la sociedad pues hace rato que puso a su servicio a las instituciones públicas existentes en dichas regiones.
Lo que de verdad se requiere es que se cumpla con los Acuerdos de Paz y que se formule una política que combine el sometimiento a la justicia de estas bandas criminales al tiempo que se judicialice realmente a todas las estructuras que son su real soporte que pasa también por una política integral en todas estas regiones mal gobernadas por los clanes allí existentes. Hay que ofrecer empleo e ingresos a sectores amplios de la población que sirven de base de apoyo a estas estructuras criminales. Eso lo contempló el punto 3 de los Acuerdos de La Habana con la Comisión Nacional de Garantías que tenía como función principal la formulación de una política pública para el desmonte de las estructuras paramilitares y la Unidad Especial de la Fiscalía que debería avanzar en las investigaciones en contra de estas organizaciones y sus bases de apoyo. Todo eso ha sido boicoteado por este gobierno. Y eso es lo que representa Federico Gutiérrez y sus propuestas y bases de apoyo que son precisamente los clanes regionales. Por eso una tarea primordial es derrotar el continuismo para rescatar y poner en marcha los Acuerdos de Paz que a mi juicio contemplan instrumentos adecuados para enfrentar el reto que plantean estas organizaciones criminales, pero esto pasa por derrotar al proyecto uribista que en estas elecciones encarna Federico Gutiérrez.
Adendo 1. El régimen hace todo lo posible por impedir el triunfo de la oposición. La suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero es una grosera y burda utilización de la Procuraduría con fines políticos a favor del uribismo. Otra muestra que los organismos de control están en manos del gobierno uribista. Me atrevo a vaticinar que esta burda decisión se caerá tanto en los organismos nacionales como en el sistema interamericano de los derechos humanos porque desconoce burdamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro versus Colombia y López versus Venezuela. También la jurisprudencia del Consejo de Estado en el mismo caso de Petro. El uribismo deteriora gravemente las instituciones y la democracia en el país. La Procuradora Cabello Blanco con sus decisiones muestra que ha puesto la Procuraduría al servicio del uribismo y de su candidato presidencial Federico Gutiérrez. Sorda. Muda y ciega como en la canción de Shakira no dice nada frente a la abierta participación en la campaña presidencial de Iván Duque a favor de Fico y del General Zapateiro en contra de Petro. Hay entonces más razones para la indignación y para movilizarnos el 29 de mayo para derrotar al régimen mafioso que ha instaurado el uribismo en el país.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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