Colombia. Regalías, un régimen corrupto
Por Pedro Santana Rodríguez*
Un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) revela que el Sistema Nacional de Regalías en Colombia enfrenta serias irregularidades por un monto de 12.1 billones de pesos, con proyectos suspendidos, vencidos y no entregados a satisfacción. La corrupción y la ineficiencia administrativa se han apoderado de los recursos destinados al desarrollo territorial.
El informe del DNP sobre el manejo de regalías evidencia corrupción sistemática y mala gestión en la ejecución de recursos públicos y los organismos de control permanecen cooptados y la impunidad de prácticas corruptas
El director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Alexander López Maya, dio a conocer el pasado lunes 26 de agosto un informe sobre irregularidades que encontró en el Sistema Nacional de Regalías por una suma de 12.1 billones de pesos, dado que ésta suma está comprometida en proyectos que están con los contratos suspendidos y/o cuentan con su programación vencida.
Entre 2017 y 2024, se han aprobado 19.393 proyectos por valor de 68.54 billones, de los cuales el 55% de estos recursos (38 billones) fueron aprobados entre 2021 y 2023, representando así los de mayor concentración de recursos de la historia. De esos 19.393 proyectos la investigación del DNP encontró que 12.106 proyectos por valor de 29 billones han sido terminados mientras que 656 proyectos por 2.3 billones se encuentran aún sin contratar y 6.631 proyectos por valor de 37 billones se encuentran en ejecución.
El informe revela que proyectos que se habían presentado como terminados no superaron el 85% de ejecución y en cambio fueron desembolsados recursos por 1 billón y se suman a los 2.133 proyectos por valor de 3.5 billones que no registran acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra.
Al revisar los 2.094 proyectos en riego que suman los 12.1 billones de pesos, el informe del DNP presenta las siguientes irregularidades:
1.497 proyectos presentan plazo de ejecución vencida por valor de 9.2 billones de pesos, 301 proyectos con todos los contratos suspendidos por valor de 1.2 billones. 296 proyectos ton todos los contratos suspendidos y con plazos vencidos por 1.5 billones.
Los elefantes blancos de las regalías
Adicionalmente, al revisar los otros 12.106 proyectos que se registran como terminados, el Departamento Nacional de Planeación encuentra que 277 proyectos por valor de 1 billón de pesos fueron declarados presuntamente como terminados pero el avance físico no supera el 85%.
Así mismo, 58 proyectos por valor de $ 228.000 millones fueron declarados presuntamente como “terminados” a pesar de que las entidades territoriales decidieron no continuar con la ejecución de las obras por irregularidades técnicas, jurídicas y administrativas.
Y se suman los 2.133 proyectos por valor de $ 3.5 billones que no registran en el sistema acta de terminación y entrega a satisfacción de la obra.
En otro apartado del informe del DNP es la concentración excesiva de los recursos de las regalías. De los 68.54 billones de pesos del Sistema General de Regalías de los últimos ocho años, se han distribuido de la siguiente manera:
$25.5 billones han sido ejecutados por los municipios.
$20.8 han sido ejecutados por los departamentos.
$22.1 billones han sido ejecutados por otras entidades como los fondos mixtos, esquemas asociativos municipales y empresas de servicios públicos.
“Al revisar la concentración de recursos en los entes territoriales, encontramos que solo 20 municipios concentran $11 billones en 2.156 proyectos, de los cuales, Puerto Gaitán y Valledupar han recibido más de $1.1 billones cada uno y sin embargo, sus índices de pobreza multidimensional se encuentran en 30.5% y 49.8% respectivamente, lo que muestra que los recursos que reciben por cuenta del Sistema General de Regalías no han sido dirigidos al cierre de brechas y a la reducción de las necesidades insatisfechas de la población” puntualizó el director Alexander López.
Al mismo tiempo se presenta una excesiva concentración en los organismos ejecutores. Solo 11 ejecutores concentran $6.6 billones. Además, entonces de la concentración en ciertos municipios y departamentos también se presenta una concentración en los organismos ejecutores.
Corrupción y organismos de control cooptados por la corrupción
Cuando hace algunos años la Contraloría General de la República denunció que la corrupción se llevaba más o menos $ 50 billones al año, muchos salieron a cuestionar esta cifra por exagerada. Con los escándalos de corrupción hoy destapados en el sistema de salud en dónde solo 8 EPS de las 29 que sobreviven solo para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 mostraban supuestos gastos sin soportes por $13.2 billones y ahora el DNP señala una cifra de $12.1 billones, la cifra no parece exagerada pues habría que examinar la corrupción en entidades como la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, las obras inconclusas o no terminadas en construcciones escolares y en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, el manejo que se dio a los 40.5 billones en el Fondo de Emergencia para atender la pandemia del Covid-19, etc. La corrupción nos carcome, es generalizada.
A esta situación hemos llegado porque los organismos de control que deben ser quienes persigan a los corruptos han sido tomados por la corrupción. Todos los organismos de control han sido cooptados. La fiscalía General de la Nación es un organismo paquidérmico y en su interior se presenta una corrupción enorme, así como el clientelismo y la corrupción han tomado organismos como la Contraloría General de la República, y ni que decir de la Procuraduría General de la Nación. Quizás los funcionarios más emblemáticos hayan sido Néstor Humberto Martínez en múltiples procesos, pero el más protuberante de ellos es sin duda el de la corrupta firma brasilera Odebrecht y su socio colombiano el grupo Aval, este último condenado en los Estados Unidos, pero impune en Colombia. Y luego su sucesor Francisco Barbosa muestra de la connivencia con esa corrupción que nos agobia. Y la actual procuradora Margarita Cabello Blanco que ha hecho como lo hizo Barbosa en la Fiscalía y ella al frente de la Procuraduría, que convirtieron a estos organismos en instrumentos de la oposición política y por decirlo suavemente en cómplices de la corrupción.
La impunidad es el principal aliciente a las prácticas corruptas y esa impunidad es ampliamente garantizada por unos organismos de control que la facilitan cuando no cumplen con sus funciones misionales, una de las cuales, si no la principal, es la persecución de la corrupción, la investigación y la condena a los agentes enquistados no solo en el sector público sino también en el sector privado.
De tiempo atrás hemos señalado que Colombia requiere una profunda reforma de los organismos de control y de la rama judicial del poder público. No es posible hacerlo de forma cabal con el actual diseño institucional. A las altas Cortes hay que quitarles sus funciones electorales pues esto ha agravado el problema cuando sin pudor ternan personas a las cuales luego piden favores cuando son elegidas en estos altos cargos. Que los presidentes de la República ternen a los candidatos para la Fiscalía para que la Corte Suprema elija ha devenido en práctica perversa. En fin, hay que rediseñar el proceso de elección de las cabezas de los organismos de control y de las altas Cortes de Justicia. El país no aguanta más corrupción. Y por lo pronto el reto de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, es enorme. Cada día se descubren nuevos entramados de corrupción que ella debe investigar. Solo cabe apoyarla y desearle mucho tino y que pronto comience a mostrar resultados en la implacable lucha contra la corrupción que nos ahoga.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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