Colombia. Saqueo a los recursos de la paz… y todos muy tranquilos
Saqueo a los recursos de la paz
Por Agencia Mp3*. LQSomos.
Todo este entramado de corrupción se pudo dar después de la reforma de la Ley de Regalías, donde se habilitó a las entidades mixtas, que no tienen la obligación de licitar, para ejecutar proyectos financiados con recursos del Ocad-Paz, así mismo la reforma de la Contraloría que en 2020 le asignó a este ente facultades para hacer control previo
La denuncia es gravísima. Una investigación de Blu Radio encontró que cerca de $500.000 millones se habrían pagado en coimas para 355 proyectos. Esto, en el marco del OCAD Paz, uno de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión que hacen parte del Sistema General de Regalías. En las narices de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría y el mismo Emilio Archila, entonces consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, se habría armado un entramado de corrupción para feriarse los recursos destinados a los 170 municipios PDET, donde viven más de seis millones de colombianos en medio de la pobreza, la violencia y el abandono estatal. Las respuestas del Gobierno y de la Fiscalía han sido pocas, tardías e insuficientes.
Recursos de la paz: funcionarios denunciados en entramado sobre proyectos de Ocad Paz
Luis Alberto Rodríguez
Nació en Valledupar, pertenece al partido conservador. Fue asesor de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y con su apoyo ingresó al gobierno de Iván Duque como viceministro técnico del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Fue director del Departamento Nacional de Planeación entre septiembre del 2019 y julio del 2021. Actualmente esta en campaña para ser Contralor General.
Álvaro Ávila
Fue director de Regalías del DNP, a donde llegó por el director Luis Alberto Rodríguez, con quien trabajó en el Ministerio de Hacienda. Por su cargo en el DNP, asumió la Secretaría Técnica de los Ocad-Paz, donde sus acciones fueron motivo de denuncias ante la Procuraduría, la Fiscalía y el DNP por presuntamente sesgar la elección de proyectos a cambio de dádivas y de favores a congresistas que también cobrarían coimas, así como por frenar proyectos que a pesar de cumplir con todos los requisitos nunca fueron aprobados.
Emilio Archila dijo en un comunicado: “Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”. También dijo que celebraba que el caso fuera de interés público, pues él mismo reenvió correos a la Fiscalía donde se hacían denuncias contra Álvaro Ávila, quien era el secretario técnico de los OCAD. Uno de esos correos electrónicos que recibió Archila fue publicado por Noticias RCN y decía que, para cobrar una coima del 5 % , “las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina para proponerles la extorsión”. Sin embargo, la Fiscalía dijo que un correo electrónico no era suficiente para investigar, sino que necesitaba una denuncia, que no presentó el exconsejero.
En 2016 fue sancionado por la Procuraduría por haber asumido el cargo de jefe de Control Interno de la Gobernación del Caquetá sin cumplir con los requisitos legales para ejercerlo. Actualmente tiene una investigación abierta en la Procuraduría, se le acusa de haber usado su cargo en el Ocad-Paz para beneficiar más de 500 proyectos en la entrega de recursos, sin contar con el certificado de requisitos previos.
La cantidad de denuncias en su contra, lo convirtieron en un personaje incómodo. El 19 de marzo de 2021, año en que más recursos había para adjudicar a proyectos de municipios Pdet, Emilio Archila, entonces Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, dirigió una carta a Amparo García, subdirectora General Territorial del DNP, donde le contó que había recibido una denuncia contra Ávila y la había puesto en conocimeinto de los órganos de control, además le pidió que: “las funciones de la Secretaría Técnica (del Ocad-Paz) sean asumidas o expresamente avalada cada actuación por parte de usted y su dependencia (…) solicito que la revisión de los proyectos de inversión viabilizados por el Ocad-Paz en la vigencia 2020, y en particular el informe que será presentado a los miembros del Ocad-Paz el 9 de abril, se realicen por usted”.
Fuentes informaron a Mañanas Blu, que Alejandra Botero, actual directora de Planeación, decidió sacar a Ávila de su cargo, pero no fue fácil, pues con cartas e incapacidades dilató su salida para continuar en la Secretaría Técnica del Ocad.
Hoy es candidato para estar al frente de la Contraloría General de la República.
Juan Carlos Gualdrón
Nació en Pereira, es contralor delegado para el posconflicto y llegó a la Contraloría de Felipe Córdoba gracias a la ampliación de la planta de esa entidad.
Ha sido denunciado por no fiscalizar adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz, de pedir coimas a cambio de “beneficiar” la aprobación de algunos proyectos y de presionar, en asocio con Álvaro Ávila, a funcionarios del Ministerio de Transporte para que “se retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que ya cuentan con concepto favorable (…) utilizando su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el ministerio”, de acuerdo con documento enviado al consejero presidencial, Emilio Archila.
Juan Carlos Gualdrón
Nació en Pereira, es contralor delegado para el posconflicto y llegó a la Contraloría de Felipe Córdoba gracias a la ampliación de la planta de esa entidad.
Ha sido denunciado por no fiscalizar adecuadamente los recursos que asigna el Ocad-Paz, de pedir coimas a cambio de “beneficiar” la aprobación de algunos proyectos y de presionar, en asocio con Álvaro Ávila, a funcionarios del Ministerio de Transporte para que “se retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que ya cuentan con concepto favorable (…) utilizando su poder de investigaciones indiscriminadas para ejercer presión sobre el ministerio”, de acuerdo con documento enviado al consejero presidencial, Emilio Archila.
Actualmente tiene un proceso abierto en la Fiscalía por prevaricato por omisión. Es hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene varios familiares en entes de control, Quiroz también es candidato a Contralor General.
Nos cuesta comprender que, si existían estas denuncias y Archila las consideró de suficiente importancia como para reenviarlas a las autoridades, el mismo Gobierno no haya dado más impulso a las investigaciones. La Fiscalía no actuó, los contratos se siguieron asignando y hay decenas de alcaldes preocupados porque fueron sometidos a coimas que condicionaron su acceso a recursos necesarios.
Aunque el gobierno de Iván Duque va de salida, se hace urgente una investigación y que el próximo gobierno también la priorice. La Fiscalía debería actuar de oficio ante los fuertes indicios de corrupción. ¿Se habrán robado la paz, acaso?
* Con información de “El Espectador” y de “Blue Radio”
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