Colombia. Se agudiza el conflicto interno

Agencia Mp3*. LQSomos.

Para los trabajadores, el pueblo, los sectores democráticos y progresistas la existencia de un conflicto político, social y armado es evidente, a pesar de que la oligarquía intenta soslayarlo para dar un tratamiento de “amenaza terrorista” que alimenta la salida fascistizante y basados en la teoría del “enemigo interno”, negar los cambios estructurales económicos y sociales, así como la apertura democrática que debe soportar una salida política

Reproducimos el comunicado del Comité Nacional Movimiento por la Constituyente Popular -MCP- sobre la violencia politica y el derecho de los puebloas a lla Paz…

Se agudiza el conflicto interno en Colombia

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, desde el primero de diciembre de 2016, 864 líderes sociales fueron asesinados, y de los combatientes que se acogieron al acuerdo de paz se registró 276 asesinatos perpetrados desde diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2021(*). Son 77 las masacres en el 2021, con 279 víctimas según el corte al 20 de octubre de Indepaz, que referencia su ocurrencia en no pocos centros urbanos entre los cuales resaltan Cali, Medellín, Buga, Tumaco, Barranquilla y la capital, Bogotá, que ahora ve sus calles patrulladas por la policía militar.

Pero el salto en la violencia política que replicó la CIDH en su reciente visita son las violaciones a los derechos humanos y la violencia urbana generalizada durante Paro Nacional que inició el 28 de abril del 2021, ese fue un salto macabro que alimenta la barbarie oficial y paramilitar del régimen en ciudades como Cali, Buga, Yumbo, Tuluá, Bogotá, Popayán, Pasto y otras capitales seccionales, todo bajo el manto de la “asistencia militar” contenida en el Decreto 575 del 28 de mayo. Diversas organizaciones de derechos humanos reportan que desde el inicio de ese estallido social hasta el 28 de junio se dieron 75 homicidios cometidos por la fuerza pública y “civiles” sin identificar, 346 personas desaparecidas; entre otras gravísimas violaciones a derechos humanos se registran las 28 mujeres víctimas de violencias policiales, 1.246 heridos por Escuadrones Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), que completan su brutalidad con 1832 detenciones arbitrarias, 1468 casos de violencia física y tratos inhumanos, que incluyen 83 pérdidas oculares, detenciones que ahora se prolongan con decenas de órdenes de captura de jóvenes de “Primera Línea”.

A lo anterior se suma el recrudecimiento de las hostilidades en contra de la Unión Sindical Obrera -USO- y la vida de sus dirigentes y activistas sindicales como, la muerte del compañero activista del sindicato, Robinson Jiménez, el 7 de noviembre, causada por el atentado sufrido el 7 de octubre del mismo año, en el municipio de Puerto Wilches, en el marco de las protestas promovidas por la USO en contra del nuevo modelo de operación y mantenimiento que pretende imponer Ecopetrol S.A. Y la agresión del pasado 8 de noviembre contra la escolta del compañero William Silgado, presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la USO.

Estos hechos y cifras desnudan la política del gobierno y el régimen, que es de guerra contra el pueblo y exterminio de la oposición, política auspiciada por el imperialismo norteamericano que, cínica y demagógicamente, hace pronunciamientos en defensa de los DDHH como los del secretario de relaciones exteriores, Antony Blake, en su reciente visita al país. Además, es paradójico que en zonas tan militarizadas como el Catatumbo, Chocó, Cauca, Buenaventura y Tumaco no cesa la violencia ni las violaciones a los derechos humanos.

Para los trabajadores, el pueblo, los sectores democráticos y progresistas la existencia de un conflicto político, social y armado es evidente, a pesar de que la oligarquía intenta soslayarlo para dar un tratamiento de “amenaza terrorista” que alimenta la salida fascistizante y basados en la teoría del “enemigo interno”, negar los cambios estructurales económicos y sociales, así como la apertura democrática que debe soportar una salida política.

Las diferentes experiencias de negociaciones gobierno-insurgencia, han sido para lograr la dejación de armas, pero sin dar salida a las causas del conflicto, porque no se han hecho cambios económicos, políticos y sociales estructurales requeridos por el pueblo colombiano, siendo un fracaso, pues han agudizado aún más el conflicto. La última experiencia de negociación en La Habana no es la excepción. Las batallas por la paz con transformaciones son un asunto nodal en la vida de Colombia y demandan la participación vinculante y decisoria del pueblo, como condición necesaria de un verdadero proceso de paz.

Lo cierto es que el Estado colombiano, dirigido por la burguesía y el imperialismo, jamás ha estado por una solución política al conflicto social y armado que vive el país; lo evidencian el auspicio del paramilitarismo y el narcotráfico, la criminalización de la protesta social, la oposición a una verdadera apertura democrática, la legislación terrorista aprobada por el Congreso, la militarización creciente del país, el desconocimiento de las garantías y derechos sociales y un sin número de leyes aprobadas que se oponen a una paz con justicia social.

Ahora bien, el conflicto obliga a examinar la fracasada “guerra antidrogas” que buscan equipararla con la lucha contra la insurgencia desde la aparición del Plan Colombia por órdenes de los gobiernos de Washington. Aunque “coca no es cocaína ni el cocalero narcotraficante”, se persiste en la erradicación forzada de plantas de coca y las fumigaciones que han convertido en una guerra contra el derecho a la subsistencia del campesinado de amplias zonas agrarias de Colombia. Campesinos de Tibú (Norte de Santander) liberaron a cerca de 180 soldados del ejército gubernamental que inmovilizaron en disconformidad por la erradicación forzada de sus cultivos de coca. Esto no es novedoso, ha ocurrido en Nariño, Antioquia, Cauca y Putumayo. Esta es parte de la respuesta masiva a los incumplimientos y fracasos de acuerdos de La Habana en esta materia y en lo referente a reforma agraria democrática, así como a la negación del derecho a las 16 curules especiales de paz para estas zonas.

La paz con justicia social, una histórica aspiración de los trabajadores y el pueblo, implica la lucha por la soberanía, los derechos económicos, sociales y por las libertades políticas, en síntesis por el bienestar popular. Para alcanzar este anhelo, es indispensable incluir en la agenda del gobierno alternativo que conquistaremos en mayo del 2022, los acuciantes problemas de la nación, las reformas políticas, económicas y sociales estructurales y las garantías para la participación popular.

Convencidos que la Paz es un derecho de los pueblos, seguiremos haciendo de ella una bandera de lucha, donde las mayorías tengan una activa participación y sean protagónicas para que los cambios y las transformaciones puedan ser una realidad, con proyección a acabar con la explotación, la desigualdad y la exclusión social y política, como a la puja por conquistar un nuevo poder que represente a las mayorías.