Colombia: un proceso de paz con actores fragmentados
Por Pedro Santana Rodríguez*
El proceso de la llamada paz total se ha enfrentado a una realidad de fragmentación de los grupos armados ilegales con los cuales se esta en proceso de negociación, de esta realidad no ha escapado ni siquiera la guerrilla más vieja del continente que ya ha cumplido más de sesenta años desde la proclama de Simacota, no referimos claro está al Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el proceso de negociación el llamado frente Sur o Comuneros de esta guerrilla decidió apartarse y establecer un proceso de negociación por separado de la Mesa de negociaciones que esta insurgencia armada ha mantenido desde el segundo semestre del año 2022 con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pero esa descoordinación parece también afectar a otros frentes que, si bien se mantienen bajo la dirección del Comando Central, COCE, y se mantienen leales al proceso de negociación, sin embargo, dan pocas muestras de acatar las decisiones de la Mesa y el cumplimiento de los 27 acuerdos que se han pactado en estos dos largos años de negociación. La salida del frente comuneros del Sur y el establecimiento de una mesa de negociaciones por aparte acarreo como se sabe una de las crisis que ha tenido el proceso de negociaciones con esta insurgencia. El proceso se mantiene, pero los Elenos ya han señalado por boca de su jefe negociador, Pablo Beltrán, que esperan avanzar en este proceso de negociación pero que no culminarán el proceso con este gobierno. Un verdadero baldado de agua fría a la propuesta de Paz Total que sigue siendo la apuesta del gobierno del Cambio.
Un error garrafal por parte de la dirigencia de esta insurgencia que no entendió que las mejores condiciones para una exitosa negociación las tenía justamente bajo esta administración. Las negociaciones proseguirán, pero ya con la certeza que no se culminará el proceso bajo este gobierno. Estas declaraciones dan munición a una oposición guerrerista que, no obstante, tampoco logra convencer a las mayorías nacionales que de acuerdo con los sondeos y encuestas de opinión mayoritariamente confían aún en el camino de la negociación para resolver el conflicto armado, la última de Invamer Gallup, registra un 59% de opinión favorable al proceso de negociación política. Todo ello en medio de una férrea oposición que hace esfuerzos por elevar el tema de la seguridad y de la mano dura como el tema central de las elecciones presidenciales del año 2026.
La fragmentación y las divisiones internas afectan también al autodenominado Estado Mayor Central y a la llamada Segunda Marquetalia. La primera disidencia se fragmento en dos sectores casi con la misma cantidad de militantes insurgentes. La fracción que dirige alias Iván Mordisco, Néstor Gregorio Vera, se apartó de la Mesa de negociaciones y ha sido confrontada militarmente por el gobierno que decidió la toma militar de El Plateado en el cañón del Micay en el municipio de Argelia, Cauca, y una acción en todo el Sur del país y en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, Caquetá y el Guaviare donde esta agrupación mantiene su mayor presencia militar. Los golpes que ha recibido han sido importantes y el propio Iván Mordisco ha tenido que salir del Cauca y en estas últimas semanas ha ofrecido volver a las negociaciones propuesta que, a mi modo de ver, acertadamente, no ha sido aceptada por el gobierno. Para retomar un proceso con este sector de la Disidencia del Estado Mayor Central se requerirían verdaderos hechos de paz como el cese unilateral de acciones militares y la puesta en marcha de un mecanismo de monitoreo y seguimiento a dicho cese al fuego.
Mientras tanto el sector del Estado Mayor Central que sigue las orientaciones de Calarcá, Alexander Díaz Mendoza, y que tiene su mayor presencia en la región del Catatumbo, Arauca, Caquetá y el Guaviare se mantiene en el proceso de negociaciones. Con este sector se avanza en definir la agenda de negociaciones al tiempo que se mantiene un cese el fuego bilateral. Hay allí avances significativos para lograr un acuerdo.
La fragmentación también se presentó en la Disidencia autodenominada Segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez quien en una carta enviada a los delegados de los países garantes comunicó su decisión de apartarse de la Mesa de Negociaciones y exigió no utilizar el nombre de la Segunda Marquetalia para los disidentes que decidieran quedarse en la negociación. Los que se quedan en la negociación son los autodenominados Comandos de la Frontera que tiene su mayor presencia en el departamento del Putumayo y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico con presencia principalmente en los departamentos de Nariño y Cauca, y pasaron a denominarse como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que dirige ahora Walter Mendoza quien venía siendo el jefe negociador en esa mesa. Al anunciar la continuidad de las negociaciones con el gobierno dieron a conocer la agenda que se resume en cuatro puntos 1. Transformaciones Territoriales, 2. Seguridad en territorios y para comunidades, 3. Medidas y Rutas de seguridad Jurídica para integrantes de estructuras guerrilleras y 4. Participación Política, al tiempo que anunciaron que las negociaciones se realizaran en Colombia en ciclos rotatorios que llevara la Mesa a Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Bogotá y Popayán. También con este sector hay reales probabilidades de avanzar.
Lo que muestra la fragmentación de estos grupos a quienes el gobierno reconoció su estatus político, es que los procesos de coordinación y de unidad no eran sólidos. La decisión de emprender negociaciones para su desarme y su reincorporación a la sociedad no contaban con un proceso de maduración y de debate interno. Su división no es de ninguna manera responsabilidad del gobierno. Las fracciones que se mantienen en las mesas de negociación deberán acelerar la negociación para culminar los procesos que ciertamente requieren además de un marco jurídico que deberá responder por la justicia transicional que los cobije, así como la verdad y la reparación a las víctimas. Estas fracciones deben entender que ese marco jurídico debe ser aprobado por el Congreso de la República y que los tiempos apremian a este gobierno.
Las otras mesas denominadas de diálogos Socio Jurídicos que se mantienen involucran a actores armados sucesores del paramilitarismo que son dos principalmente: el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas Mesa ya anunciada por ambas partes con quienes se avanza en la definición de la agenda, esta mesa no ha sido aún instalada y otra Mesa anunciada es con los Pachenga de la Sierra Nevada de Santa Marta, sucesores del jefe paramilitar Hernán Giraldo. En una medida audaz que aún no se sabe si tendrá impacto en estos dos procesos, el presidente Gustavo Petro, nombró a 17 antiguos jefes paramilitares como gestores de Paz, quizás con el propósito de acelerar el proceso con estas estructuras sucesoras del paramilitarismo al tiempo que se plantea el cierre del proceso con las antiguas estructuras del paramilitarismo con medidas de reparación para las víctimas, de verdad y la recuperación de bienes para esa reparación.
Los diálogos socio jurídicos con estructuras armadas urbanas en Buenaventura, Quibdó y en Medellín y el Valle de Aburra se mantienen, pero estos procesos, así como con las estructuras sucesoras del paramilitarismo carecen de un marco jurídico adecuado y este se presenta como el mayor obstáculo para avanzar en esos procesos. Quizás la vía más viable sea una reforma y prorroga de la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. Esta ley termina su vigencia el próximo año. Para que sea viable esta reforma se requiere superar el sometimiento individual y que se apruebe el sometimiento colectivo, así como la entrega de bienes, las penas, el tema de la extradición y la legalización de una parte de los bienes que estas estructuras armadas reivindican para acogerse al sometimiento colectivo. Esto que no contempla la Ley de Justicia y Paz y es lo que debería reformarse a mi juicio.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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