Combatir desastres ambientales y tratados de inversiones
Por Manuel Pérez Rocha L.*.
Activistas de todo el mundo se congregaron hace dos semanas en Nueva York en la llamada “semana del clima“, para demandar poner fin a la era de los combustibles fósiles. Una cuestión clave es cómo la transición energética depende urgentemente de reformas a los tratados internacionales de inversión
La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) lo reconoce y ha publicado recientemente una caja de herramientas para enfrentar estos desafíos (https://tinyurl.com/ynryvtaw).
En ese documento se dice que “las opresivas olas de calor que se producen cada año ponen de manifiesto la necesidad de una transición energética más rápida y (por ende) una reforma más rápida de los tratados internacionales de inversión para facilitar el abandono de los combustibles fósiles. Para 2030, la inversión mundial en energías renovables debe más que triplicarse, hasta alcanzar 4 billones de dólares, con el fin de lograr emisiones netas cero en 2050”.
La UNCTAD advierte cómo empresas petroleras y de gas pueden utilizar los tratados de protección de inversión para oponerse a cambios de políticas cuando gobiernos intentan eliminar los combustibles fósiles, utilizando el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). Ejemplifica con los casos de RWE contra Países Bajos, Infracapital contra España y otros, pero en realidad son cientos. Casi 25 por ciento de las demandas ISDS incluyen a inversionistas en combustibles fósiles, pero también de energías renovables, que recurren cada vez más frecuentemente al arbitraje supranacional. Los países en desarrollo son los que están en mayor peligro. Alrededor de 85 por ciento de los tratados de inversiones incluyen a países en desarrollo.
La caja de herramientas de la UNCTAD se centra en cuatro áreas de actuación: promover y facilitar la inversión en energía sostenible sin que estén sujetas al arbitraje ISDS; cooperación entre los estados para la transferencia y difusión de tecnología; el derecho de los estados de regular para la acción climática y la transición energética, y responsabilidad social de las empresas incluyendo directrices vinculantes.
Por esto la UNCTAD recomienda a los Estados el renegociar sus tratados de inversión e incluso rescindirlos de manera unilateral. Su caja de herramientas será el centro de atención del Foro Mundial de Inversiones de la UNCTAD, a celebrarse del 16 al 20 de octubre en Abu Dhabi (https://worldinvestmentforum.unctad.org/), con el fin de aumentar la inversión en energía sostenible y hacer frente a la crisis climática mundial. Los resultados de ese foro alimentarán las negociaciones de la cumbre anual sobre el clima (COP28) prevista para finales de noviembre en Dubai.
Pero el problema de las demandas ISDS va más allá de las industrias de combustibles fósiles. La transición energética concebida desde los países del norte implica que el sector minero –en particular en la extracción de cobre, níquel, litio y cobalto– se esté expandiendo a escalas inusitadas.
Un reciente estudio de la firma consultora Charles River Associates (CRA) –que se denomina líder en el análisis del sector de recursos naturales– arroja tendencias importantes (https://tinyurl.com/2p98mw44). Descubre que las demandas de empresas mineras a gobiernos están creciendo rápidamente; 60 por ciento de éstas se han llevado a cabo tan sólo en la última década. América Latina y África son las regiones más demandadas y desde 2016, casi 80 por ciento de estas demandas se presentaron contra países de estos dos continentes. La mitad de los casos se refieren a minería de oro u cobre. Debido a su gran dotación mineral, se prevé que América Latina y África seguirán desempeñando un papel de destructiva extracción para la la eufemísticamente llamada “energía verde” y continúen siendo vulnerables a más demandas cuando sus gobiernos intenten intervenir, como es el caso de la nacionalización del litio o la nueva ley minera en México.
Pero lo más notable del estudio de CRA es el hallazgo de cómo el aumento de medidas y políticas ambientales y sociales son las causas de demandas de empresas mineras a gobiernos, y de cómo comunidades locales y su defensa del agua han surgido como los factores más críticos que afectan las relaciones entre empresas y gobiernos. Además, se prevé que gobiernos, por su parte, invocarán cada vez más infracciones ambientales para su propia defensa, como es el caso de Calica en Playa del Carmen, cuya subsidiaria estadunidense Vulcan tiene demando a México en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por unos mil 700 millones de dólares.
Como dice John Feffer en Foreign Policy in Focus, publicación del Institute for Policy Studies: “Para muchos, la próxima era será de coches eléctricos y paneles solares. Pero el planeta no contiene recursos suficientes para poner un vehículo eléctrico en cada casa ni paneles solares encima de ellas. Y como muchos de los recursos necesarios para fabricar esta tecnología “limpia” se encuentran en el sur global, la nueva era se perfila como el mismo extractivismo de siempre, perforando nuevos agujeros en el suelo, en gran medida en beneficio del norte global”. En lugar de “transición verde” se trata de un “colonialismo verde” (https://tinyurl.com/537a86pv).
En suma, es necesario reformar el sistema de tratados internacionales de inversión y derogar los mecanismos supranacionales de demandas (ISDS), como indica la UNCTAD, no sólo para los combustibles fósiles, sino para todo el sector extractivista, incluyendo el minero, o derogarlo en su totalidad de una vez. México debe realizar una profunda auditoría de sus tratados bilaterales de inversiones para conseguir los espacios necesarios para enfrentar desastres ambientales.
* Investigador del Institute for Policy Studies y Asociado del Transnational Institute
Publicado en el diario “La Jornada”
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