Cuando el bien común deviene botín: mirada crítica a las inmatriculaciones de la Iglesia

Cuando el bien común deviene botín: mirada crítica a las inmatriculaciones de la Iglesia

Por Agencia Mp3*

XXI Seminario Transversal sobre Control Social en la UB

El pasado 25 de marzo más de 150 personas llenaron el Aula 1 de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, que acogió el XXI Seminario Transversal de Análisis Crítico del Control Social, centrado este año en los conflictos y mecanismos de control social vinculados a las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia Católica

La jornada reunió estudiantes de los grados de Criminología y Sociología, profesorado universitario y representantes de varias entidades sociales, en un encuentro organizado por la Plataforma Catalana por la Recuperación de los Bienes Immatriculados por la Iglesia, la Coordinadora Estatal Recuperando, la Unió de Pagesos y el Grupo de Investigación Copolis de la Universitat de Barcelona.

El seminario se inició con la intervención de Dino Di Nella, miembro de la Plataforma Recuperant Catalunya y del Grupo Jurídico Asesor de la Coordinadora Recuperando, que ofreció una introducción general a la temática desde una perspectiva patrimonialista y crítica con la degradación institucional que sufre la Iglesia Católica.

Defendió la necesidad de recuperar el sentido colectivo de los bienes comunales, tanto laicos como religiosos, y planteó el fenómeno de las inmatriculaciones como una expresión de control social y pérdida de soberanía ciudadana sobre aquello que históricamente ha estado patrimonio del pueblo.

A continuación, Joan Casajoana, responsable de la sectorial de Inmatriculaciones de la Unión de Campesinos, ofreció una exposición rigurosa sobre el funcionamiento jurídico y registral que ha permitido la apropiación masiva de bienes por parte de los obispos, con miles de propiedades registradas a su nombre por simple declaración.

Casajoana aportó una perspectiva histórica específica para el caso de Cataluña, mostrando cómo durante más de seis siglos los bienes de uso religioso fueron construidos, mantenidos y gestionados por instituciones propias como las comunidades y las universidades, y más adelante, con la institucionalización de los ayuntamientos, por estos mismos órganos, a menudo formados por los antiguos miembros de las corporaciones tradicionales.

Para reforzar esta tesis, Casajoana presentó más de una docena de documentos procedentes de los propios archivos eclesiásticos que desmienten la idea que la Iglesia hubiera poseído estos bienes como propietaria privada. Al contrario, la documentación evidencia su papel como gestora de bienes comunales de naturaleza pública, en coherencia con una larga tradición institucional catalana de gobierno local y patrimonial colectivo.

A continuación, Miguel Santiago, miembro de la Coordinadora Estatal Recuperando y destacado activista en la defensa del patrimonio común, analizó el caso emblemático de la Mezquita de Córdoba, uno de los ejemplos más conocidos de inmatriculación de un espacio con profundo arraigo histórico y simbólico. Santiago, autor del libro Los Obispos de la Mezquita de Córdoba, relató como este monumento andalusí fue registrado al nombre de la Iglesia Católica sin ningún título legal el 2006, un caso que ejemplifica la magnitud del problema a nivel estatal.

A través de un análisis histórico minucioso, Santiago demostró que el edificio había sido gestionado a lo largo de los siglos como bien público y patrimonio compartido de la ciudadanía cordobesa. Denunció que el acto de inmatriculación no solo vulneraba principios elementales de derecho administrativo y de protección del patrimonio cultural, sino que también se producía con la anuencia —o la pasividad— de las instituciones públicas. En su exposición vinculó este caso a una estrategia generalizada de ocultación patrimonial y concentración de poder simbólico, jurídico y económico por parte de la jerarquía eclesiástica.

Santiago también compartió algunas de las acciones que, desde la sociedad civil, se han impulsado para denunciar esta apropiación, así como los obstáculos políticos y judiciales que han encontrado. Concluyó destacando la importancia de la movilización ciudadana, de la investigación histórica rigurosa y de la presión institucional como vías necesarias para revertir este proceso, recuperar la titularidad pública y defender el derecho colectivo a la memoria y al patrimonio.Como conclusión de la jornada, se presentó una nueva campaña de denuncia en torno al caso de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, immatriculada en junio de 2012 por declaración de un obispo, sin ningún título jurídico válido. Se trata de un espacio de alto valor simbólico para la ciudad, conocido popularmente gracias a la novela y la serie de televisión La catedral del mar, y construido históricamente por acción colectiva del pueblo del barrio de la Ribera. La campaña quiere evidenciar la contradicción entre esta memoria popular y la apropiación privada del espacio, y quiere contribuir a visibilizar la dimensión política, cultural y legal de este tipo de procesos.

La sesión se enmarcaba en las asignaturas Control Social y Sociología del Derecho, impartidas respectivamente por la profesora Clara Camps Calvet y el profesor Ignasi Bernat, y forma parte del Seminario Permanente de Análisis Crítico del Control Social que impulsa el Departamento de Sociología de la UB. Los dos remarcaron la importancia de vincular la teoría crítica con la realidad social, jurídica y criminológica actual, y de fomentar una mirada interdisciplinaria y comprometida desde la academia.

Lejos de quedar en un debate académico aislado, la jornada reforzó la necesidad de una movilización social que interpele las instituciones públicas y el mundo jurídico para garantizar la reversión de un proceso que muchos consideran un fraude legal y una expresión clara del control social ejercido desde las estructuras de poder con graves implicaciones políticas, sociales y culturales.

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El santo robo del patrimonio público: Inmatriculaciones

Coordinadora Recuperando

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