Cuando Netanyahu estuvo en busca y captura un mes por un juzgado en España
Por Santiago González Vallejo*
Si jueces, tribunales y gobiernos hubieran actuado coherentemente ante la ocupación y colonización israelí y sus crímenes inherentes, incluyendo la revisión de relaciones con la ‘justicia’ israelí, quizá las tragedias de tantos años no se hubieran producido
Tras el asalto del Mavi Marmara, de la Flotilla por la Libertad, en diversos juzgados del mundo se vieron demandas. Hay que destacar las demandas en Turquía y también la que las Islas Comoras, bandera del barco asaltado, interpuso ante la Corte Penal Internacional. En ese momento, la Corte Penal Internacional consideró que la matanza israelí era de poca envergadura y no hizo nada, dando alas a Israel para seguir pirateando por aguas internacionales.
Junto a estas demandas, hubo una en España. La realizaron las tres víctimas españolas, integrantes del pasaje del Mavi Marmara, Laura Arau, David Segarra y Manu Espinar Tapial. A estos se unieron como acusadores la Asociación Haydée Santamaría y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
En España, la demanda fue estimada y entre los acusados estaba el Primer Ministro de la época, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Ehud Barak, y otros miembros del gobierno, Avigdor Lieberman, Moshe Ya´alon, Eli Yiskai, Benny Begin y Eliezer “Chiney” Marom, y desde la Audiencia Nacional se reclamó a Israel diversas diligencias, la mayoría infructuosas y sin colaboración por parte de la justicia israelí, a la que en ámbitos europeos se la considera un interlocutor ‘normal’, como si las normas que presiden su actuación no fueran la justificación de la ocupación, colonización, tortura, detención administrativa y otras que caracterizan a un Estado de apartheid.
El caso es que la ley que amparaba la demanda, sobre jurisdicción universal, había recibido un recorte tras el acuerdo de los ministros de Exteriores español, el socialista Moratinos, y la ministra israelí Livni, tras el avance del caso Al Daraj. Esta otra demanda se refiere al bombardeo israelí con una bomba de una tonelada, de un edificio en Gaza donde murieron quince personas, incluyendo 8 niños, y más de 150 resultaron heridas. El auto de enero de 2009 del juez Andreu imputaba los presuntos delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad a militares y políticos israelíes sospechosos de organizar el ataque. El CSCA también era acusador popular y la demanda había sido propiciada por el PCHR de Raji Sourani, abogado palestino que está actualmente colaborando en el equipo sudafricano ante la Corte Internacional de Justicia. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el archivo del procedimiento del caso Al Daraj argumentando que la justicia israelí tiene preferencia sobre la española, y por considerar que el fiscal general militar y el Tribunal Supremo de Israel ya habían investigado los hechos. Cuatro de los magistrados del Pleno emitieron un voto discrepante con la decisión, pues entendieron que el caso nunca había sido enjuiciado, y que sólo fue investigado por el ejército israelí –el mismo que presuntamente cometió los asesinatos–. El recorte normativo a la jurisdicción universal introducido contemporáneamente consistió en que las presuntas víctimas tenían que ser españolas. En el caso de Mavi Marmara había víctimas españolas, luego no estaba afectado por la modificación legal.
El gobierno en el caso del Mavi Marmara era del conservador Partido Popular. Éste se encontró con este caso que afectaba a la cúpula de Israel, y a otras causas como la de una víctima española en el Tíbet y la cúpula del PC de China, etc. Entonces, volvió a modificar la ley, exigiendo que los acusados se encontrasen en España para que los procesos pudieran seguir adelante.
Es en ese momento cuando el juez De la Mata acata el cambio normativo y, en el mismo escrito de archivo de la causa, solicita a la policía que registre la ficha de los acusados israelíes y si visitaran España fueran llevados a su presencia para efectuar los interrogatorios pertinentes.
El auto se hizo firme, tras desestimar un recurso de una de las acusaciones, con lo cual la orden de busca y captura quedaba vigente e incluso, en una lectura procesal, estaba vigente para aquellos países con acuerdos con la justicia española.
Eso provocó que desde la Embajada de Israel y el fiscal Zaragoza se reclamase una rectificación a ese auto del juez e, insólitamente, la Sala de lo Penal del tribunal dictó la modificación de un auto firme. Hay que destacar que los jueces que dictaron el cambio del auto han sido, posteriormente, relevantes cargos del Partido Popular o magistrados muy significados en una visión muy conservadora, Ángel Hurtado, Enrique López y Concepción Espejel.
Desde la fijeza del auto de archivo de la Audiencia Nacional hasta su modificación, estuvo vigente el registro policial de busca y captura de Netanyahu y sus secuaces y no salieron de Israel.
Si jueces, tribunales y gobiernos hubieran actuado coherentemente ante la ocupación y colonización israelí y sus crímenes inherentes, incluyendo la revisión de relaciones con la ‘justicia’ israelí, quizá las tragedias de tantos años no se hubieran producido.
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* Miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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