Desde Madrid: Poder decidir no es un delito ¡Es un derecho!

Redacción. LQS. octubre 2019

Reproducimos la nota emitida por la iniciativa de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir a las vísperas, cada vez más próxima, de la sentencia que emitirá el Tribunal Supremo sobre el proceso al “procés”…

LA ÚNICA SENTENCIA JUSTA ES LA ABSOLUCIÓN de l@s líderes catalanes

Cuatro meses justos ha durado la vista oral del juicio llevado a cabo por el Tribunal Supremo contra 12 dirigentes políticos y sociales catalanes acusados de rebelión y sedición por convocar y ejercer su derecho a decidir democráticamente.

Por más que el presidente del Tribunal, Marchena, haya tratado de dar una imagen proporcionada en su manera de llevar el juicio, la parcialidad ha sido constante, negando pruebas a la defensa, a la que se interrumpía demasiadas ocasiones, así como otras irregularidades que han denunciado observadores internacionales a los que no se les ha querido reconocer ese status.

Las acusaciones han pretendido demostrar la existencia de violencia en el proceso catalán, para dar cobertura a una acusación de rebelión que sin violencia no es tal en nuestro ordenamiento jurídico. Pero la prueba más repetida por los testigos de las fuerzas de seguridad era las “caras de odio” que veían en una población a punto de ser aporreada.

Los hechos que se juzgan no son más que una masiva manifestación improvisada frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, ocupada por la Guardia Civil de manera sorpresiva, y la convocatoria y realización de un referéndum el 1 de octubre de ese año, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, para que los electores catalanes pudieran decidir si querían crear un estado independiente en forma de república, o continuar con el estatus actual.

Es sabido que el Estado Español no quiso negociar dicha consulta y, ante esa cerrazón mostrada y en cumplimiento del mandato electoral, el gobierno catalán surgido de las elecciones, convocó el citado referéndum, con todas las garantías a las que pudo llegar sorteando el boicot de las fuerzas estatales.

El proceso de movilizaciones que dan comienzo en 2012, como reacción a la sentencia del TC que recortaba un estatuto aprobado por el parlamento español y refrendado por los electores catalanes, ha sido exquisitamente pacífico en su conjunto; la única violencia organizada que el mundo ha podido ver es la ejercida por los cuerpos de seguridad del estado español contra la población indefensa que iba a votar el 1 de octubre y defendía su derecho a hacerlo.

Nos encontramos frente a un caso de desobediencia a un poder judicial y al ejecutivo español, pero de obediencia al mandato democrático y parlamentario; en ningún caso se puede hablar de sedición o rebelión. Es lo que piensan también en las instituciones de países europeos que no han visto motivo para extraditar a otros dirigentes que salieron de España escapando de la justicia represiva española por este caso.

El régimen vigente, impregnado cada vez más de elementos reaccionarios en sus estructuras (véase recientes sentencias y declaraciones judiciales, o la aplicación de leyes cada vez más represivas), y con el jefe del estado a la cabeza, parece querer un escarmiento en defensa de la sacrosanta unidad de la patria y del orden establecido. Las recientes detenciones de 7 personas acusadas de terrorismo, con su consiguiente aparato mediático, tienen toda la apariencia de ser una maniobra para criminalizar el procès catalán y justificar una sentencia que podría ser gravemente condenatoria hacia unas personas que llevan camino de cumplir 2 años en prisión preventiva.

Consideramos que la única salida justa es una sentencia absolutoria que devuelva al ámbito de la política la resolución de un conflicto de naturaleza exclusivamente política. Su judicialización ha tenido el efecto, entre otros, de dañar severamente la pretendida imagen de imparcialidad de la justicia, al aceptar su instrumentalización política, como también estamos comprobando con el manejo de los tiempos a la hora de hacer pública la sentencia.

Queremos expresar nuestro compromiso por dar una respuesta contundente y democrática contra cualquier grado de condena, de manera inmediata a que ésta se anuncie, y animamos a la población a realizar las acciones que contribuyan a recuperar una democracia que está gravemente amenazada y mermada.

PODER DECIDIR NO ES DELITO ¡ES UN DERECHO!

Madrileñ@s por el Derecho a Decidir
Madrid, 3 de octubre de 2019