Ecuador: la pobreza es el origen de la violencia e inseguridad
Por Cecilia Remis.
“La alarma por el reciente aumento del crimen y la violencia en Ecuador, incluido el atroz asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, no debería distraernos de las causas profundas de esta inseguridad”, dijo el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, en su reciente visita a Ecuador
Educación de bajísima calidad, falta de mercado laboral, escasa atención médica, son entre otros factores los que llevan a la desesperación y violencia de algunos sectores de la población, lo que provoca que muchos ecuatorianos abandonen su país generando así más pobreza en un círculo vicioso que sólo se romperá si el Estado invierte más en recursos sociales y salidas laborales.
Así lo sostiene Olivier De Schutter, el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, quien acaba de concluir una visita al país andino.
De acuerdo con De Schutter, la falta de oportunidades laborales y la pobreza en la educación han hecho que los jóvenes sean fácilmente reclutados por las bandas criminales, y esas pandillas, a su vez, alimentan la pobreza al extorsionar a las pequeñas empresas, apoderarse de las escuelas e interrumpir la educación de los niños, y generar tal miedo y desesperación que cada vez más ecuatorianos abandonan el país.
“Este círculo vicioso sólo podrá romperse si el país invierte más en su gente”, declaró, especificando que las inversiones deben hacerse en educación, atención médica y protección social.
El relator de la ONU dijo que las escuelas del país son inseguras y que la calidad de la educación es tan baja que no compensa las desventajas que tienen los niños de entornos desfavorecidos.
Añadió que aunque se destine más dinero, un registro social actualizado de manera inadecuada no permitirá que los funcionarios puedan garantizar que los beneficios de protección social lleguen a quienes más los necesitan.
Olivier De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.
En este sentido, recordó que las comunidades indígenas tienen derecho al consentimiento libre, previo e informado en cualquier decisión que afecte sus tierras y territorios, al igual que tienen derecho a servicios básicos como la atención sanitaria, el agua y saneamiento, y la educación.
El relator especial aludió a los comicios generales de octubre próximo, e instó al próximo gobierno a seguir mejorando el sistema tributario y a reasignar los presupuestos dedicados a subsidiar combustibles a satisfacer las necesidades de las comunidades rurales, en especial las indígenas y afrodescendientes.
Reconoció que los subsidios al combustible son una línea de vida para muchas comunidades pobres, en particular las que viven en zonas remotas, pero agregó que los 4500 millones de dólares destinados a esas subvenciones en 2022 podrían haberse usado para financiar escuelas, proveer atención médica a las comunidades más pobres e incrementar la protección social para todos.
Con respecto a la consulta popular reciente que pidió poner un alto a la explotación petrolera en una parte del Parque Nacional Yasuní -un área protegida del Amazonas-, y a la minería en la biosfera del Chocó Andino, cerca de la capital Quito, urgió al país a alejarse de su modelo actual de extractivismo. El relator de la ONU aseveró que la riqueza del país no es su subsuelo, sino su gente y el bienestar que se obtiene del medio ambiente… “Lo que se necesita ahora no es perforar más, sino aumentar la inversión social. Este es el desafío que le planteo a la próxima administración de Ecuador”.
En su visita al país sudamericano, el relator especial viajó por distintas zonas y se reunió con grupos que viven en la pobreza, incluidos representantes indígenas y afrodescendientes, así como con integrantes de la sociedad civil y funcionarios públicos.
Olivier De Schutter desempeñó de 2004 a 2008 el cargo de Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Al término de ese ejercicio fue nombrado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, un mandato que desempeñó entre 2008 y 2014. Posteriormente fue elegido miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, puesto al que se incorporó en 2015 y para el cual fue reelegido en 2019. En mayo de 2020 dimitió de esas funciones para convertirse en titular del mandato de Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.
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