El incierto futuro de la economía española
La bajada de tipos de interés del BCE hasta el 1% ha aliviado los problemas de liquidez de las entidades financieras, pero no impedirá que los bancos se sigan descapitalizando y necesiten más inyecciones de capital público ya que los ajustes en los países periféricos serán insuficientes para provocar que se reduzcan las primas de riesgo y el crédito vuelva a fluir con normalidad, de lo que sería paradigma el montante de medio billón de euros que las entidades financieras europeas mantienen en el Banco Central Europeo (BCE), fruto de la desconfianza mutua a la hora de prestarse dinero.
Ello, unido a la sustitución de la tradicional doctrina económica del equilibrio presupuestario del Estado por la del déficit endémico (práctica que por mimetismo han adoptado los ayuntamientos y comunidades autónomas), contribuirá a que la prima de riesgo aumente y el crédito siga sin fluir con normalidad a unos tipos de interés reales, lo que unido a las sucesivas rebajas de la calificación de la deuda del Estado podría incrementar las dificultades para obtener financiación exterior.
El estudio de Freemarket expone que los bancos y las cajas deberán realizar una recapitalización urgente antes del día 30 de junio de 2012 (así como también la obligación de dotar activos como la deuda pública a su precio de mercado actual frente al que tenía a 30 de septiembre de 2011), y dado que la mayoría tiene bloqueada la financiación externa privada, su situación empeorará, lo que supondrá de hecho una rebaja del rating de la deuda española y el riesgo de Default del Reino de España. Así, Moddy´s revisa a la baja sus perspectivas sobre la deuda española, de A1 a A3, quedando en la antesala de Bonos Basura.
Todo ello vendrá agravado por los vencimientos de deuda pública y privada que obligarán al Estado español a pagar en 2012 unos 400.000 millones de euros y las provisiones que tendrá que realizar el sector en España por el sector inmobiliario (unos 50.000 millones de euros) lo que provocará la inevitable aplicación de políticas de racionalización de servicios y optimización de resultados y acelerará el cierre de incontables sucursales deficitarias hasta dibujarse un escenario de cinco grandes cajas (operación que contaría con las bendiciones del Banco de España), no siendo descartable a más largo plazo las fusiones bancarias.
Por otra parte, la aparición de factores geopolíticos desestabilizantes (Irán, el segundo mayor productor de la OPEP, podría tratar de impedir el tráfico a través del estratégico Estrecho de Ormuz si Estados Unidos recurre a la acción militar contra la República Islámica sobre su disputado programa nuclear), podría acarrear problemas de aprovisionamiento a España (el 14% de sus importaciones de crudo son iraníes), Grecia, Italia, Japón y especialmente a China (según estimaciones de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), 13,4 millones de barriles por día (bpd) de crudo pasarían a través del estrecho canal en buques petroleros, lo que representa casi el 35 por ciento del suministro de crudo que se comercializa mundialmente.
El hipotético cierre del Estrecho de Ormuz originaría presumiblemente una psicosis de desabastecimiento y el incremento espectacular del precio del crudo hasta niveles de 2008 (rondando los 150 dólares) que tendría su reflejo en un salvaje encarecimiento de los fletes de transporte y de los fertilizantes agrícolas, lo que aunado con la inevitable depreciación del euro frente al dólar debido a los problemas de deuda soberana de los países fleco de la Eurozona (periféricos y emergentes), agudizará el riesgo evidente de estanflación para 2012 en la mayoría de países de la UE (según las previsiones de la consultora Freemarket, España entrará en recesión el próximo ejercicio con un descenso de entre el 0,8 y el 1,5%) y conjugado con el elevado endeudamiento de las empresas podría terminar por producir un nuevo crash bursátil en 2012.
Dicho estallido bursátil tendría como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil de 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de ERE en sectores básicos de la economía, lo que provocará incrementos de las tasas de paro hasta niveles desconocidos desde la postguerra española (picos que podrían alcanzar el 23,5 % en 2012), y un riesgo evidente de Double Dip en la economía española, lo que aplazaría sine die el regreso a sendas de crecimiento positivo de la economía, rememorando la década de estancamiento económico de la economía japonesa (década perdida).
Por ello, y a requerimiento de la Alemania de Merkel, el Gobierno de Rajoy accederá a una nueva Reforma del mercado laboral que implicará la progresiva implantación del despido libre sin indemnización; la instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y el retraso de la jubilación a los 67 años, unido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido a los exiguos incrementos salariales, congelación o dramática reducción de los mismos y la subsiguiente generalización de la precariedad laboral con salarios cuatrocieneuristas e interinidad vitalicia.
Asimismo, el drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de Desempleo (en 2012 serán necesarios 40.000 millones), originará el final de los superávit de la Seguridad Social para 2012, lo que podría provocar una dramática reducción de los subsidios sociales que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones de jubilación y viudedad y a la sanidad pública con la imposición del copago sanitario.
Además, en vistas a la optimización de recursos, no sería descartable una progresiva reducción de las competencias autonómicas que llevaría aparejada una drástica reducción del número de funcionarios y empleados públicos (en la actualidad rondarían los 3,5 millones y el 85 % serían funcionarios con un consumo estimado del 1,5 % del PIB) .
Todo ello conllevará la radicalización de los otrora aburguesados y sumisos sindicatos sedados por el chorro de millones que recibieron del anterior ejecutivo en 2009 (CC.OO. recibió 96.183.980,70 euros y UGT 96.117.804,59), la ruptura del diálogo social con la patronal, frecuentes estallidos de conflictividad laboral y la aparición mediática de los grupos antiglobalización que utilizando tácticas de guerrilla urbana pondrán en jaque a las fuerzas de seguridad.
