El Rey debe responder por el 23-F
La periodista Pilar Urbano acaba de publicar un libro documentando que el Rey Juan Carlos, Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas, fue el verdadero motor del 23-F. El texto, titulado La gran desmemoria. Lo que Suarez olvidó y el Rey prefiere no recordar, está basado en confidencias del ex presidente Adolfo Suarez y del antiguo secretario de la Casa Real Sabino Fernández Campos. Y semejante acusación, que convierte al pueblo español en súbdito de los caprichos de un déspota, no puede obtener el silencio como respuesta. La verdad histórica pasa por la exigencia de responsabilidades al Monarca por un presunto delito de Alta Traición (para eso no hay impunidad constitucional que valga) o soportar la impostura de una democracia de corta y pega.
Es urgente desclasificar sin más dilación todos los archivos secretos sobre el golpe del 23 de febrero de 1981, mal llamado “tejerazo”. Luz y taquígrafos. A un golpe de Estado militar que se perpetuó con la imposición de una cruel dictadura no puede sucederle otro golpe de Estado borbónico consentido como democracia. Llueve sobre mojado. Diluvia.
Lo que sigue es la reproducción de un artículo sobre el mismo tema publicado hace ahora un año:
¿Ha cometido el Rey delito de Alta Traición?
25 de febrero de 2013
Coincidiendo con el treinta y dos aniversario del golpe de Estado de 1981, el senador del PNV por Vizcaya, Iñaki Anasagasti, acaba de publicar en su blog un relato autorizado de aquel 23-F que de confirmarse en cualquiera de sus extremos supondría que lejos de salvar la democracia, como proclama la versión oficial, el Rey Juan Carlos estuvo implicado en el “tejerazo” y podría ser reo de un delito de Alta Traición a la Nación. Se trata de la transcripción de las confesiones que, según el político vasco, le hizo el secretario de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campos, sobre aquellas dramáticas horas en que un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero Molina tomó al asalto el Congreso de los Diputados, con el apoyo de mandos del CESID (el antiguo CNI) y de varios destacados generales monárquicos.
Lo divulgado por Anasagastí abunda en detalles sobre la presunta complicidad de Juan Carlos con la intentona golpista. Las notas de “recuerdos” que el entonces máximo colaborador del monarca mostró al senador peneuvista señalan no sólo que el Rey estaba al tanto de lo que iba a ocurrir en la Cámara el 23-F, sino que incluso él, la reina y un estrecho círculo de colaboradores fueron sorprendidos por Fernández Campos brindado con champan al poco de producirse el asalto. El relato que sobre este extremo hace Anasagastí es un feroz esperpento:
“Y así, ya con "todas las moscas detrás de la oreja", me dirigí de nuevo al despacho de Su Majestad y cuando entré me llevé la sorpresa de la noche, qué digo, la sorpresa de mi vida. Porque allí se estaba brindando. Y eso me nubló la mente y me enfureció. Así que, y ya sin protocolos, me dirigí a Su Majestad y sin pensarlo le dije mirándole de frente:
— ¡Señor!… ¿Está usted loco? Estamos al borde del precipicio y usted brindando con champán –y casi grité– ¡Señor!, ¿no se da cuenta de que la Monarquía está en peligro? ¿No se da cuenta que puede ser el final de su reinado? ¡¡¡Recuerde lo que le pasó a su abuelo!!!
Entonces la cara del Rey cambió de color y vi como sus manos le empezaron a temblar y en voz casi inaudible mandó salir a los allí presentes, que de inmediato abandonaron el despacho. Todos, menos la Reina, que tenía cara de póquer”.
Lo revelado mediante persona interpuesta por el senador del PNV resulta coherente con algunos de “los misterios” sobre el 23-F que vienen arrastrándose desde 1981 sin que ninguno de la innumerables reportajes, libros o trabajos de investigación periodísticos los hayan desmentidos. A saber: la presencia en el Congreso junto a los golpistas del general Alfonso Armada Comyn, segundo Jefe de Estado Mayor y primer secretario de la Casa del Rey; el libro de memorias que bajo el nombre de “Al servicio de la Corona” escribió Armada como descargo de conciencia tras se condenado y expulsado del Ejército con deshonor; el hecho insólito de la tardanza del Rey en aparecer en TVE para mandar a los generales sublevados que depusieran su actitud; la increíble expresión de “ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso” utilizada por Juan Carlos en el mensaje televisado para referirse a la banda de militares armados que tenían a los representantes de la nación bajo la mira de sus fusiles; el entusiasta bando de adhesión del más monárquico de los militares españoles, el capitán general Jaime Milans del Bosch, emitido al sacar a los tanques a la calle en Valencia; la enigmática frase ”después de esto ya no me puedo volver atrás”, con que el Rey conminó a Milans para que retirara el estado de excepción en su demarcación; la cobertura logística facilitada por el CESID o, en fin, la muy anómala circunstancia de que tres décadas después de producirse los hechos aún sean secreto de Estado los registros de las conversaciones telefónicas habidas entre los protagonistas del golpe.
El Rey Juan Carlos, Jefe del Estadio y Jefe de las Fuerzas Armadas, goza de total inmunidad por blindaje constitucional, lo que le exime de cualquier responsabilidad en delitos que, como el caso Nóos, pudieran salpicarle. Por más que, como acaban de publicar diarios tan prestigiosos como el New York Times y el International Herald Tribune, Zarzuela y los servicios secretos hayan ejercido presiones para neutralizar el escándalo de corrupción que salpica de lleno a la Casa Real. Pero la causa de Alta Traición no tiene enmienda posible y en la Casa de Borbón existen precedentes recientes de ello. Su abuelo Afonso XIII fue condenado en 1931 por un delito de Alta Traición por las Cortes Constituyentes de la Segunda República, quedando “degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”.
En estos días un militar en excedencia, el coronel Amadeo Martínez Inglés, está procesado por haber enviado un escrito al Parlamento solitando que se abra una investigación para aclarar la presunta implicación del Rey en el Golpe de Estado del 23-F.
