El Salvador: juicio sin pruebas contra cinco ambientalistas
Por Cecilia Remis
“Fuimos testigos de un gran apoyo a los defensores por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, la comunidad de Santa Marta, la sociedad civil salvadoreña y organizaciones del movimiento social. Muchos han concluido que el caso es un intento del gobierno salvadoreño de debilitar el movimiento ambientalista que logró la histórica prohibición nacional de la minería metálica en 2017…”
En enero de 2023, cinco líderes comunitarios fueron detenidos: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, junto a los directivos de ADES, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, tras vincularles (un turbio montaje) en un supuesto asesinato durante un conflicto armado.
Es popularmente conocida que la razón de estas detenciones y acusaciones arbitrarias de los cinco líderes comunitarios ha sido por oponerse al proyecto minero del presidente (Nayib Bukele), acto que fue precedido por otros que apuntaban a convertir en letra muerta la Ley de Prohibición de la Minería Metálica (aprobada en 2017 por amplio consenso nacional). Los cinco defensores ambientales y de derechos humanos se han enfrentado al gobierno a partir que la Comunidad Santa Marta, donde siempre se han distinguido por su organización social y la defensa de los bienes naturales como el agua y la tierra frente a la minería metálica.
Ahora se ha celebrado la vista judicial y tras tres días de observación de la vista pública de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES, la delegación internacional convocada por Aliados Internacionales Contra la Minería en El Salvador emite el siguiente comunicado:
Declaración de los observadores internacionales sobre el juicio de Santa Marta y ADES*
Somos los observadores internacionales afiliados a distintas instituciones como el King’s College de la Universidad de Western en Canadá, Dartmouth College y la Escuela de Derecho de UCLA en Estados Unidos, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en México. Al concluir el tercer día del juicio, ofrecemos las siguientes observaciones:
Fuimos testigos de un juicio que, formalmente, pareció haber cumplido con estándares internacionales del debido proceso, sin embargo, en el proceso se transgredieron esos estándares en numerosas ocasiones. Concordamos con el equipo de la defensa de los cinco acusados en que no se presentaron pruebas suficientes para condenarlos. Con base en la evidencia presentada en la sala del tribunal, creemos que la única resolución justa es la absolución de los cinco acusados. La falta de absolución indicaría la falta de presunción de inocencia y, por lo tanto, la inexistencia de un poder judicial independiente en El Salvador.
Un ejemplo de la transgresión de los estándares del debido proceso fue que la Fiscalía General de la República violó la orden de reserva impuesta por los jueces, exponiendo las identidades de testigos y observadores. Mostró a los acusados de maneras que daban por sentada su culpabilidad en las redes sociales. Tememos que esta violación a la reserva sin una reprimenda judicial representa una falta de imparcialidad procesal. Si bien se permitió a los periodistas acceder al recinto judicial el último día del juicio, creemos que se trató de una medida de última hora para rectificar la violación de la reserva por parte de la Fiscalía. Lamentamos que la medida no se anunciara ampliamente a los miembros de la prensa en general que respetaban la reserva. Asimismo, durante todo el proceso, no se permitió a la prensa independiente tomar fotos o videos dentro del recinto del tribunal.
Al menos uno de los imputados fue maltratado por la policía durante uno de los traslados a su domicilio, pues fue objeto de maltrato verbal. También, lo privaron del descanso y alimentación adecuada. En lugar de trasladarlo directamente a su residencia después de finalizar el proceso del día, lo retuvieron en una subestación de policía donde continuó el maltrato verbal, solo para llegar a su casa horas más tarde hambriento y exhausto.
A la mañana siguiente, la policía llegó a su casa de madrugada, sin previo aviso y no le dio la posibilidad de desayunar adecuadamente. Fuimos testigos de la fatiga visible y la incapacidad de todos los imputados de concentrarse en el proceso. Este maltrato sigue siendo una preocupación ya que los imputados son de edad avanzada y tienen enfermedades preexistentes como diabetes, e hipertensión. El bienestar de los defensores debe ser prioritario para garantizar un juicio justo.
En las afueras del tribunal, fuimos testigos de un gran apoyo a los defensores por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, la comunidad de Santa Marta, la sociedad civil salvadoreña y organizaciones del movimiento social. Muchos han concluido que el caso es un intento del gobierno salvadoreño de debilitar el movimiento ambientalista que logró la histórica prohibición nacional de la minería metálica en 2017. Para nosotros, la búsqueda incesante de una condena por parte de la fiscalía, a pesar de la falta de pruebas, no puede desvincularse de esta política más amplia contra comunidades que resisten la invasión de proyectos extractivos.
Dado el maltrato descrito contra uno de los imputados, recomendamos que el resto del proceso, particularmente la logística del transporte, sea supervisado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH) para garantizar su integridad personal y física.
Mientras esperamos los alegatos finales y la resolución del tribunal y, con base en nuestras observaciones, sostenemos que sólo se puede hacer justicia mediante un fallo que afirme la inocencia de los acusados. También se debe ofrecer restitución a la comunidad de Santa Marta, que ha sido agraviada e impactada por esta larga experiencia, y se deben tomar medidas para garantizar una justicia transicional duradera.
San Salvador, octubre de 2024
* Aideé Tassinari (Universidad Autónoma de la Ciudad de México), Yvette Borja (Facultad de Derecho, Universidad de California Los Ángeles), Jorge Cuéllar (Dartmouth College) y Bernie Hammond (King’s College, Universidad de Western Ontario).
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